Jueves 8 de diciembre, 2022

ECONOMíA | 23-10-2022 00:37

La política fiscal y el efecto inflacionario

El IPC creciendo al 100% anual juega a favor de la recaudación oficial por la distorsión de las escalas y mínimos no imponibles.

En el Reino Unido la inflación ya se fagocitó el cuarto ministro de Economía en un año y la primer ministro Elizabeth Truss, luego de sólo dos meses de gestión. Todo, con un índice récord en 40 años: 10% anual y en ascenso. En Argentina, con una economía estabilizada en una franja de entre 6% y 7%, pero mensual, las distorsiones que producen en la actividad productiva y el ingreso de las personas se multiplican, pero a nadie se le ocurriría pedir la cabeza del titular del Palacio de Hacienda. La inflación se ha naturalizado como un fenómeno que atraviesa gobiernos, partidos y hasta generaciones. Pero, sobre todo, se va retroalimentando porque quien más se beneficia con ella, el Gobierno, va cobrando a través de este mecanismo un impuesto no legislado.

Velocidad. Desde marzo hubo un salto inflacionario con respecto a lo que vino pasando desde el segundo semestre de 2020 en que las variables se movían al 50% anual. En dicho cambio es donde se puede apreciar la alteración de las expectativas y cómo impacta en lo que los economistas denominaban tradicionalmente el “impuesto inflacionario” pero que, en el caso argentino, debería recalcularse en desmedro de los bolsillos de asalariados, autónomos y empresas.

El primer efecto es lo que las personas que tienen efectivo en su poder terminan perdiendo, que depende de la cantidad de dinero en circulación y la tasa de inflación. Cuando el IPC subía entre 40 y 50% anual, se estimaba que era entre un 2% y un 3% del PBI, por lo que, con esta aceleración, podría estar entre 5% y 7% del PBI porque el salto inflacionario es lo que “embosca” a la demanda de dinero.

Pero especialmente afecta al impuesto a las Ganancias, cuyo diseño, originalmente “progresivo” termina distorsionando toda la actividad. Para las personas jurídicas, la demora en poder actualizar los balances por inflación termina por crear utilidades nominales que son ficticias sobre las que se cobran el impuesto de entre 35% y 42% según se distribuyan o no entre los accionistas.

Para las “personas físicas”, la inflación opera achatando en términos reales el mínimo no imponible, a partir del cual empiezan hacerse efectivas las alícuotas crecientes, llegando a 35% en su máxima expresión. La decisión del Gobierno de no actualizar automáticamente esos valores afectó el alcance del impuesto en tres dimensiones: no se tocón el mínimo no imponible (sigue siendo de unos $150.000 por mes para las personas casadas con dos hijos), las escalas que siguen al nivel anterior y los montos a deducir (gastos y montos por familiares a cargo). Esos valores son brutos y para el caso de solteros, aún menos ($110.000 mensuales). Al establecer estos parámetros, se estimaba que el impuesto alcanzaría a 940.000 contribuyentes, pero la inflación expandió esa cifra.

La solución ya repetida cuando la dinámica de precios ensancha esa base, es la de establecer un nuevo “piso” debajo del cual no se paga el impuesto. En este caso, era de $280.000 y ahora Sergio Massa anunció que se extendería a $330.000 mensuales, siempre valores brutos y para personas casadas con dos hijos. No dijo nada de los parámetros fiscales, un juego que termina depositando en la escala más alta a trabajadores de la clase media y estableciendo un abismo entre un exento y uno que paga casi la tasa más alta por solo $100.

Tasas ocultas. El tributarista César Litvin no tiene dudas. “La suba del piso del impuesto a las Ganancias es un analgésico, pero no cura el mal de fondo que es la no actualización de las escalas, las deducciones y el mínimo no imponible, que siguen inalteradas”, advierte. Aún con las modificaciones anunciadas, los sueldos menores a $330.000 no pagarán Ganancias, pero hay que hacer varias aclaraciones. Litvin estima que los que sí pagan arrancan directamente en el escalón del 31% por sobre el mínimo no imponible (que sigue fijo) y en seguida pasan al siguiente (el último) con 35%.

Otros convidados de piedra son los autónomos o “responsables inscriptos” en la jerga de la AFIP. “Con ellos hay una enorme distorsión: si alguien factura $330.000 mensuales, terminaría pagando cada año $790.000 si es soltero y $650.000 si es casado con dos hijos a cargo, contra nada de los que están en relación de dependencia. El trabajo, dignifica y rinde. Si es asalariado, claro.

“El nuevo Presupuesto no corrige nada de esto. Esto tiene que ser una ley aprobada por el Congreso para actualizar así el mínimo no imponible, las escalas, las deducciones y no sólo el piso establecido discrecionalmente”, aclara Litvin. El economista y diputado Martín Tetaz ya presentó un proyecto de un grupo de diputados opositores para actualizar trimestralmente dichos valores y minimizar así las distorsiones impositivas.

Bajo presión. La explicación para este dislate impositivo no es la lentitud burocrática sino la consigna de recaudar para intentar tapar el agujero negro en que se transformó el déficit fiscal. Sin embargo, contra la sensación imperante, la presión tributaria efectiva todavía no pasó el récord histórico que fue la de 2015, según el último estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Para 2022 se estima que la presión tributaria consolidada (Nación más provincias y CABA) estará en el 29% del total (24% federal y el resto, provincial) y no se aprecia que se podrá reducir demasiado porque el proyecto de Presupuesto Nacional no prevé cambios sustanciales en cuanto los impuestos para 2023.

Su director, el economista Nadín Argañaraz señala que esta estabilidad no implica que sea para todos los alcanzados igual. En primer lugar, porque la evasión fiscal (que podría orillar el 40% promedio, pero en algunos segmentos es mayor) hace que algunos paguen y otros escapen o minimicen su contribución. Los tributos municipales, que no están calculados, podrían estimarse en 1,5% adicional y, por supuesto, no está visualizada el impuesto inflacionario.

Argañaraz también señala que lo que se denomina “gasto tributario” debe ser dimensionado adecuadamente, cuestión que el Gobierno planteó ahora en el Congreso y se estima en un 2,5% del PBI. Es decir, son exenciones que afectan la base impositiva, que deberá financiarse cobrando otros tributos o de manera presupuestaria. “Si se discute eliminar una exención, por ejemplo, eso alteraría la presión fiscal efectiva. Yo percibo que el Gobierno envió ese gasto de una forma diferente a otros años, invitando a los legisladores a revisarlo”, analiza.

Un punto que el siempre atento y vigilante FMI planteó en cada examen trimestral para cerrar la brecha fiscal que parece interminable. Aliado impensado para debatir lo que no es tan obvio: todo lo que no paga un contribuyente se le recarga a otro.

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Tristán Rodríguez Loredo

Tristán Rodríguez Loredo

Editor de Economía.

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