El canal de TV pública alemana Deutsche Welle (DW) emitió un informe sobre la discusión sobre la idea de expropiación de Vicentin. Para eso viajó a Rosario, donde entrevistó a Tomás Layus, presidente de la Sociedad Rural de ese municipio. Layus padece por dos lados la crisis de Vicentin, segunda exportadora de granos de capital argentino que el Gobierno de Alberto Fernández quiere expropiar. Es acreedor de una corredora de granos a la que Vicentin dejó de pagar, y en la Sociedad Rural de Rosario representa a una veintena de los 2.600 agricultores acreedores de la empresa.
"Para nosotros, Vicentin, que es una empresa de 90 años de historia, era casi como un banco, muy segura. Pero evidentemente era un gigante con los pies de barro, de manera tal que hubo una gran decepción", cuenta Layus. Pero DW cuenta que la mayoría de los agricultores argentinos está enfrentada con el kirchnerismo, principal fuerza política de la coalición gubernamental, y se opone a la expropiación. "En la Argentina ya se han expropiado algunas empresas con malos resultado y tenemos que con esos argumentos por los cuales la han expropiado sigan expropiando más empresas", argumenta Layus.
El Banco Nación Argentina es el principal acreedor de Vicentin. Uno de sus directores, Claudio Lozano, denunció que en el gobierno de Mauricio Macri esta entidad le otorgó en forma irregular créditos a la empresa. Lozano aboga por la expropiación para reactivar la compañía, recobrar las acreencias y evitar una mayor extranjerización de la exportación agrícola argentina. "Lo que aparece en el horizonte son un conjunto de opciones de compra del grupo empresario por parte de capitales extranjeros que con muy poco dinero y obligando al Estado y a los productores (agrícolas) a perder dinero se quieren quedar con la empresa", alega Lozano. El economista niega que este sea el inicio de una ola estatizadora: "Es una discusión concreta que además no tiene nada que ver, como tantos otros dicen por ahí, con que ahora, frente al efecto de la pandemia y la cantidad de empresas en cesación de pagos, puede aparecer otra vez la voluntad expropiatoria del Estado".
El diputado Ricardo Buryaile, ex ministro de Agroindustria del gobierno de Macri, desestima estatizaciones generalizadas: "A mí me parece que el chavismo no, pero un concepto de estatización selectiva en función a intereses personales de algún grupo político, sí". Buryaile se opone a la nacionalización de Vicentin: "Atenta contra la seguridad jurídica del país, pone incertidumbre respecto a los capitales extranjeros, cuando dicen que no quieren que vengan los capitales extranjeros, y fundamentalmente es un país que está con dificultades financieras, renegociando su deuda con bonistas, renegociando su deuda con organismos multilaterales, y viene a decir que va a asumir una deuda de 1.500 millones de dólares". El diputado reclama que sea la Justicia la que investigue los créditos del gobierno de Macri a Vicentin.
por R.N.
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