La frase irrumpió en la presentación del plan Argentina Programa. El presidente, Alberto Fernández, hizo un anunció que impactó de lleno en el sector de las telecomunicaciones. “Es impensable vivir en un mundo donde la conectividad no llegue a todos. Se enojan porque digo que internet es un servicio público... ¡qué se enojen! Porque vamos a hacer de Internet un servicio público para que llegue a todos los argentinos y las argentinas y que no nos estafen ni nos roben con las tarifas”, aseguró.
“Lo primero que vino a la mente de muchos fue la pregunta ‘¿pero Internet no era ya un servicio público?’. Y la respuesta es ‘s’’”, destaca el consultor Enrique Carrier. Los servicios TIC fueron declarados “servicio público en competencia” por la ley 27.078 (Argentina Digital) en su artículo 15, expresando claramente en el art. 48 que “los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios”. “Esta declaración como servicio público en competencia fue ratificada el año pasado vía el DNU 690, aunque aquí hubo un pequeño (aunque significativo) cambio. En su artículo 2 explicita que los precios serán regulados por el ENACOM. Algo que hizo inmediatamente luego de entrar en vigor el DNU, estableciendo un congelamiento hasta el fin del 2020. Este artículo fue el que dio lugar a un “milagro”: por primera vez, toda la industria (grandes operadores internacionales y nacionales, PYMES y cooperativas) se unió detrás del mismo reclamo: la libertad de precios”, agrega Carrier.
Memoria. Para el experto, “difícilmente el Presidente haya olvidado el DNU que firmó un año atrás, aunque reflotar el tema como una novedad tampoco puede dejar de ser visto fuera del contexto de la actual campaña electoral de cara a las elecciones legislativas de noviembre próximo”. “Visto así, su declaración podría ser interpretada como un mensaje a la justicia, a la cual recurrieron muchos operadores (los más grandes y cientos de PYMES asociadas a ATVC) para obtener medidas cautelares que suspendieran la aplicación del DNU hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”, amplía.
Un dato que no pasa inadvertido para los conocedores del negocio pasa por el precio que se diferencia del resto de los servicios públicos, como luz y gas, por caso. “Esto es así porque en el caso de la electricidad, el gas, etc., las tarifas son reguladas y fijadas por debajo de los costos, generando una brecha que es cubierta (a veces parcialmente) por subsidios otorgados por el Estado Nacional a las empresas en cuestión. Esto no ocurre con los servicios TIC (Tecnologías de la información y comunicación), donde el subsidio generado por actualizaciones por debajo de la inflación debe ser solventado por los propios prestadores”, explica Carrier.
Región. Un informe de su consultora analiza el comparativo de los valores con el resto de la región. “Con los precios de los servicios publicados en Internet, es muy fácil hacer una comparación entre los cobrados aquí y en los demás países de la región (Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay). Haciendo este simple ejercicio, se puede comprobar que los precios locales de los servicios móviles están en línea con los regionales, mientras que los de acceso a Internet y TV paga están en general más baratos (comparando al valor del dólar oficial). Si a valores similares hubiera diferencias marcadas en cuanto a su asequibilidad, esto ya tiene más que ver con la macroeconomía que con un tema sectorial”.
Para Rodolfo Bianchi, vicepresidente de la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet (CAPPI), "en la Argentina no está pareja la cancha". La referencia apunta, en este caso, a la diferencia entre las “grandes” y las “chicas” del mercado. “Fernández no nos habla a los pequeños prestadores. Ni siquiera sabe que existimos. Los ‘chiquitos’ somos el proveedor más grande”. La posición de los empresarios PYME del sector se basa en que “muchos dicen que Internet fue un excelente negocio en la pandemia, pero “hay que desmitificar eso”, señala Marcelo de Ambrosio, presidente de la Cámara. ¿Por qué? “Seguimos con la misma tarifa con más clientes. Al estar encerrada la gente, el consumo subió muchísimo y tuvimos que salir a comprar más internet para la misma facturación. No fue un excelente negocio”, agrega. Los números indican que la cantidad de clientes creció el 15% en 2020, mientras que el consumo subió el 120%. “Salimos a comprar más ancho de banda porqué el consumo se incrementó fuerte”, cierra de Ambrosio. Ser o no ser servicio público, ésa parece ser la cuestión.
En el poste. El panorama para las PYMES del sector no es alentador: “Subsistimos dejando de hacer las inversiones necesarias para el largo plazo. No se puede comprar equipos nuevos para darle más banda de ancha a los usuarios. En meses se va a notar esa desinversión”, explica Marcelo de Ambrosio, presidente de la CAPPI. Un dato clave es el manejo de los postes en el interior. “En cada localidad hay un monopolio en el uso de los postes. La utilización de los postes depende del gobierno municipal, provincial y nacional. Los “dueños” de los postes son las compañías eléctricas. Deberíamos conseguir que fuera para las de internet también. El poste no se regule por prestador sino por altura lo de por prestador. El gobierno debería permitir que todos podamos usarlos. Así podríamos conseguir una mayor penetración”.
por Marcelo Alfano
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