Ahora sí: el oficialismo se lanzó de lleno a la guerra judicial. Bajo el paraguas conceptual del “Lawfare”, desde todas las trincheras kirchneristas disparan su metralla sobre jueces, fiscales, políticos opositores, empresarios y periodistas sospechados de integrar -por acción u omisión- un complot para encarcelar a Cristina Fernández, a su familia y a sus aliados históricos.
En las últimas horas, explotaron por el editorial televisivo de Carlos Pagni, y hasta la hija de la Vicepresidenta instagrameó desde Cuba que había sido enfermada por “orangutanes de la justicia”. Desde el poder Ejecutivo y desde el Legislativo lloverán sin cesar medidas para disciplinar al otro poder, todo encuadrado en un plan de “reforma judicial” que no se sabe cuándo concluirá, ni a cuántos procesados y condenados K terminará beneficiando. Solo está claro que la idea es que la campaña anti Lawfare no decaiga. Y no habrá días de descanso.
Esto no siempre fue así. En los últimos años del gobierno de Cristina y en los comienzos de la era Macri, varios kirchneristas deambulaban por los “medios hegemónicos” reconociendo en distintos grados el fenómeno de la corrupción K, que ahora parece que fue solo un gran relato del gorilismo neoliberal. Ninguno hablaba de Lawfare. El propio Alberto Fernández denunciaba la flojera de papeles de Amado Boudou y de otros funcionarios de la expresidenta. Y entre los que seguían con la camiseta puesta, aparecieron incluso argumentos patrióticos para justificar la corrupción kirchnerista, en una versión nac&pop del “robo para la corona”: los corruptos eran, según esta última versión K, heroicos recaudadores para la causa política, cuya financiación había que sincerar de una vez por todas.
Toda esa línea de pensamiento autocrítico se fue derritiendo al calor del poder recobrado. Aquellos kirchneristas sincericidas que consideraban como reales los casos de corrupción, hoy solo se limitan a denunciar la campaña de Lawfare, como única explicación de que existan procesados, sentenciados y encarcelados en las filas propias. ¿Qué fuerza magnética convirtió a los ladrones de guante blanco en “presos políticos”? Esa explicación, de boca de los notables que cambiaron de opinión, le daría mayor legitimidad a la avanzada judicial de un gobierno que, en cuestiones de transparencia, solo está convenciendo a los convencidos.
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