¿Es legal, jurídicamente válido o constitucional, el decreto ómnibus 70/23 que desreguló y habilitó la suba de las cuotas de planes médicos privados de salud?
Dra. Calderaro: Entendemos que no, ya que la norma avanza sobre cuestiones y garantías esenciales que afectan a los consumidores, como son el derecho a la propiedad, a la salud y a la vida. También atenta contra la Institucionalidad y violenta principios republicanos y de división de poderes, avanzando sobre el legislativo.
Este criterio es compartido por una gran cantidad de letrados constitucionalistas y también por nuestros Tribunales, quienes ya han decretado -en algunos casos con alcance colectivo- la suspensión cautelar de la aplicación del mencionado decreto, frenando los aumentos.
¿Puede iniciarse una acción judicial para frenar los aumentos?
Dr. Bianchi: Sí, con basamento en leyes, normas de jerarquía constitucional y Tratados internacionales, se puede articular una acción de amparo solicitando la nulidad y/o inconstitucionalidad de las previsiones contenidas en el Decreto 70/23, con restablecimiento del proceso de actualización fijado en el régimen anterior (procedimiento derogado de la Ley 26.682).
¿Su estudio jurídico se dedica a representar en este tipo de reclamos a los consumidores y afiliados de las diferentes empresas de medicina prepaga?
Dra. Calderaro: Sí, este tipo de acciones y reclamos que se vinculan a la vulneración de derechos en salud, son uno de los temas que más nos ocupan en estos tiempos de turbulencia institucional y económica.
Realizamos una evaluación de cada caso en particular, ponderando las especiales características de cada uno de los consumidores, por ejemplo aquellos que no pueden afrontar los excesivos incrementos que imponen las prepagas, jubilados, pensionados, personas con discapacidad, niños, o aquellos que se encuentran en diferentes estados y situaciones de vulnerabilidad. Planteamos su defensa y exponemos los argumentos jurídicos que viabilizan la obtención de resoluciones y sentencias compatibles con sus demandas.
¿Creen ustedes que existe una solución que contemple y equilibre los intereses de las prepagas, del Estado y de los consumidores?
Dr. Bianchi: Estamos convencidos que en el camino de lograr soluciones justas y protectorias de los derechos de los más débiles y vulnerables, siempre existirán decisiones que, -sin afectar intereses económicos de las empresas que lucran con la atención médica de individuos particulares-, recompongan las garantías que el Estado y el ordenamiento jurídico debe asegurar a todo ciudadano.
Encontrar el punto medio es un desafío y una batalla que, como estudio jurídico que defiende derechos en salud, estaremos siempre dispuestos a librar.
Para contactarte con Calderaro & Asociados, hacelo a través de @derechoensalud_calderaro, llamando o enviando un Whatsapp al (11) 6497-9732.
Agradecemos el material fotográfico a Malu Visual Studio (Instagram @malu.visualstudio)
por CEDOC
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