Piden detener a 26 militares acusados de cometer torturas en Malvinas

“Nos daban culatazos y trompadas en la boca del estómago. O hacían un pozo en el hielo y nos obligaban a meter la cabeza en el agua helada. En los estaqueos nos ponían mirando para arriba, como crucificados. Una lona te cubría el cuerpo y ahí caía frío, helada, lo que sea. En ese momento era la nieve. Y uno quedaba ahí, hasta que se levantaba la penitencia”.

Los relatos pertenecen a algunos de los 120 ex combatientes de Malvinas que declararon como víctimas o testigos de torturas cometidas por al menos 95 militares durante la Guerra. Eran sus superiores, pero en muchos casos los trataron peor que a la tropa enemiga.

Las denuncias llegaron a la Justicia en 2007, que hasta ahora las mantuvo inmóviles. Pero en los últimos días, la Fiscalía de Río Grande pidió la detención y el llamado a indagatoria de 26 militares imputados, una lista a la que NOTICIAS tuvo acceso exclusivo.

Quiénes son. El pedido se dio a conocer hoy, pero fue realizado el viernes pasado por el fiscal Marcelo Rapoport, con asistencia de la Procuradoría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal. Se circunscribe a 22 hechos de torturas ocurridos en la Isla Gran Malvina, específicamente en el ámbito de la Fuerza de Tareas Yapeyú.

En ese lugar, se desempeñó el Regimiento de Infantería N°5 -dependiente de la III Brigada de Infantería-, al que estaban subordinadas cinco compañías militares. Según la investigación, los acusados “habrían ordenado y ejecutado diversos actos de tortura, entre ellos, los conocidos estaqueamientos y enterramientos” para “controlar” indisciplinas, como el robo de comida por el hambre extremo que padecían.

Dentro del Regimiento de Infantería 5 de Paso de los Libres, Corrientes, hay cabos, suboficiales, subtenientes, tenientes y sargentos imputados por este tipo de delitos. Entre ellos, Jorge Taranto, cuyo caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que en 2015 falló a su favor.

Taranto tenía 24 años cuando viajó a Malvinas como subteniente. Al regreso, fue denunciado en la causa por al menos cinco casos de tortura y la muerte de Remigio Fernández, un soldado al que sus compañeros recuerdan arrollado en una carpa, fallecido por falta de alimentos.

Derecho. En su presentación, la fiscalía federal argumentó sobre “la obligación internacional del Estado argentino de investigar esos crímenes” y solicitó una serie de medidas de prueba para esclarecer nuevos hechos.

Además, reafirmó que se trata de “crímenes contra la humanidad y, por esa razón, están alcanzados por una norma del derecho internacional que desde tiempo antes de su comisión, establece la imprescriptibilidad de este tipo de delitos”. Ahora deberá resolver su pedido el juez Federico Calvete.

El pedido de Justicia fue tratado la semana pasada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En una reunión en Santo Domingo, la querella a cargo del CECIM La Plata y el Estado argentino se reunieron para garantizar el acceso a la Justicia que los ex combatientes denunciaban vulnerado ante la falta de avances.