NOTICIAS URUGUAY | 06-02-2019 11:24

Debates: el rito de disentir

A casi 6 de cada 10 uruguayos le gustaría que ocurriesen. El desafío central es diseñar reglas de juego que favorezcan una auténtica confrontación de ideas.

De las muchas formas que existen para distinguir la democracia de otros regímenes políticos, una que me parece particularmente poderosa es la de concebirla como un sistema que busca garantizar y proteger el disenso a través de un conjunto de reglas y procedimientos. Sin la institucionalización del disenso es impensable el cumplimiento del criterio minimalista de democracia que nos ofrece Adam Przeworski: que los partidos de gobierno pierdan elecciones. Es en este encuadre que cabe situar una pregunta que hoy sobrevuela la política uruguaya, al impulso de un proyecto de ley presentado por el diputado Fernando Amado: ¿qué importancia tienen los debates entre candidatos presidenciales en tanto mecanismos de expresión de disenso político y celebración democrática? En estas líneas me gustaría abordar esta pregunta desde diversos ángulos.

En primer lugar, cabe preguntarse cuán importantes son los debates presidenciales para la ciudadanía. Para ello son muy ilustrativos algunos datos recientes que hemos relevado en nuestras encuestas políticas de opción. De un lado, es clara la existencia de un humor ciudadano favorable a la existencia de debates entre candidatos presidenciales en el próximo ciclo electoral: a casi 6 de cada 10 uruguayos le gustaría que ocurriesen. Además, basados en una encuesta aún en curso, también sabemos que una clara mayoría apoya que estos debates sean obligatorios por ley (en sintonía al proyecto de Amado). El otro dato relevante de opinión pública es que, al revés que con otras temáticas en donde los electores varían en sus posicionamientos según su afiliación política, en este caso la preferencia mayoritaria hacia los debates presidenciales se mantiene sin importar las simpatías partidarias.

En segundo lugar, al analizar más detalladamente las características de esta demanda consolidada a favor de los debates, hay una interesante constatación: si bien en el país han existido confrontaciones entre candidatos presidenciales en las últimas dos elecciones, generalmente expertos y profanos se remiten a 1994 al momento de recordar el último debate ocurrido en el país. Particularmente, aún permanece vivo en el electorado el debate que por entonces sostuvieron Julio María Sanguinetti y Tabaré Vázquez en el marco de una elección extremadamente pareja. Esta extendida memoria selectiva, que olvida los debates posteriores a 1994, es por demás sugerente en cuanto indica que la actual demanda por debates no se conformará con cualquier formato sino con uno que asegure la participación de candidatos que representen a los dos grandes bloques que estructuran la política uruguaya. Claramente, las experiencias de 2009 y 2014 enseñan que, si la próxima campaña tiene debates sin la simultánea participación de candidatos frentistas y opositores, quedará nuevamente gusto a poco en la ciudadanía.

En tercer lugar, es interesante detenerse en algunos de los argumentos que (además de los de carácter estratégico), más se han mencionado para oponerse u observar con recelo a quienes demandan debates presidenciales. Me refiero especialmente a la línea argumental que sostiene que los debates son frecuentemente espectáculos mediáticos de escasa sustancia, que fomentan la personalización de la política y que benefician a los candidatos con ventajas comunicativas y no necesariamente a quienes cuentan con mejores capacidades para conducir un gobierno. En este plano, es relevante realizar dos consideraciones. Por un lado, desde el mismo momento en que los debates constituyen enfrentamientos entre representantes individuales de los partidos, es claro que ponen a prueba la capacidad de conexión de la audiencia con líderes específicos. Sin embargo, esta relativa personalización de la política, lejos de nacer o depender de los debates, está anclada en las mismas reglas de juego del sistema presidencialista. Con o sin debates, un sistema presidencialista implica por su misma ingeniería un énfasis sustancial en el liderazgo individual. Por otro lado, es cierto que los debates son ante todo una oportunidad estratégica de comunicación efectiva en la que los contendientes ponen en juego su capacidad de síntesis de sus principales ideas fuerza, su conexión emotiva con el electorado y su habilidad para llevar el debate al terreno de las principales flaquezas argumentativas del adversario. Esta clase de habilidades, sin embargo, no son únicamente importantes para persuadir a la ciudadanía de cara a las elecciones, sino que también son decisivas para desarrollar exitosamente la función presidencial. En este sentido, que un candidato obtenga ventaja sobre otro en una confrontación mediática no lo convierte necesariamente en un futuro mejor presidente, pero sí demuestra un diferencial en un atributo presidencial muy relevante.

Por último, en el actual escenario favorable a la aprobación de una ley de debates, es importante trascender la discusión binaria (el “a favor” versus el “en contra”) y considerar cuáles son los factores que podrían explicar que los debates se transformen en una auténtica tradición que refuerce el apetito ciudadano por la política o, por el contrario, en una aventura fallida que confirme los argumentos de detractores y escépticos. Los dos caminos son posibles y, pensando en las particularidades del caso uruguayo, se plantean al menos dos desafíos fundamentales. Por un lado, de cara a la primera vuelta de octubre, resulta imperioso diseñar una dinámica que compense la asimetría en la cantidad de candidatos que pertenecen a los dos grandes bloques políticos del país, evitando la confrontación en clave de “todos contra uno”. Este desafío, como era esperable, ya ha sido advertido por varios dirigentes del Frente Amplio y su exitosa resolución puede ser una de las claves que allane el camino para la aprobación de la ley y la extendida aceptación de la ciudadanía al momento de su ejecución. El segundo desafío central es diseñar reglas de juego que favorezcan una auténtica confrontación de ideas más que la exposición de monólogos desligados de los argumentos ajenos (que han probado generar un creciente desinterés por los debates en otros contextos) o una dinámica centrada en las descalificaciones personales (que confirmarían los temores de quienes visualizan a los debates como espectáculos alejados de la genuina anteposición de proyectos). Para ello, se torna apropiado revisar analíticamente los sinsabores y aciertos de la experiencia uruguaya y de otros contextos. Además de casos paradigmáticos como el francés o el norteamericano, también hay una interesante literatura sobre los efectos y complejidades de los debates presidenciales en la región, particularmente sobre los casos pioneros de Brasil y México.

Cuáles medios de comunicación deberían organizar el debate; cuántos y qué tipo de moderadores deberían participar y cuál debería ser su papel específico; qué rol (si alguno) debería tener la sociedad civil organizada; cuánto de la dinámica debería estar preprogramada o por el contrario librada a la espontánea voluntad de los participantes y moderadores; cómo deberían distribuirse los tiempos de exposición de los contendientes; cuáles serían las sanciones en caso de rehusar la participación o violar algunas reglas de juego elementales. He ahí un listado apenas primario de las varias dimensiones que podrían generar un proceso exitoso o fallido de incorporación de los debates a la dinámica de las campañas electorales en el país.

En suma, en un contexto de casi 25 años sin debates entre candidatos presidenciales de los principales bloques políticos del país, se abre actualmente la oportunidad de convertirlos en un rito estable de celebración del disenso en la política uruguaya. Esa oportunidad se verá aprovechada únicamente de contar con un diseño que contemple equilibradamente los intereses de las diversas fuerzas políticas, que favorezca la confrontación de ideas por sobre la descalificación de personas y que presente un producto atractivo y entretenido para el electorado. Respecto a este último punto, volver a la política entretenida no significa necesariamente su banalización. Como dijera alguna vez Fernando Cabrera, entretenernos es también “tenernos entre nosotros”.

*Director de Opinión Pública y Estudios Sociales de Opción Consultores.

por Rafael Porzecanski*

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