El boom de los departamentos en alquiler que se convierten en alquileres temporarios para percibir ingresos en dólares es un fenómeno inmobiliario creciente. Las leyes prohíben que los contratos inmobiliarios se celebren en moneda extranjera, sin embargo no regula los alquileres temporarios. Según varias organizaciones de inquilinos, la ley es excesivamente laxa con este tipo de alquiler.
La ley fue promovida por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, el cual firmó un acuerdo con la plataforma de alojamientos AirBnB, que comprometen al gobierno porteño a guardar secreto sobre la información que se intercambie y las características de los acuerdos. Además, compromete a la administración porteña a no abrir acciones legales contra la compañía.
Quienes cuestionan el acuerdo consideran que es inconstitucional y denuncian que hay poco o nulo control sobre el sector. De acuerdo a lo respondido por el gobierno porteño a partir de un pedido de información pública, realizado por el ex legislador Facundo Di Filippo, hay inscriptas solo 357 viviendas a pesar de que en AirBnB figuran 20 mil avisos. Y si se combinan los datos de las distintas plataformas de alquiler, el número bajo esta modalidad temporaria estaría cerca de las 70 mil.
La ley 6625 sancionada en 2019 en la Ciudad, no fija cupos de viviendas por barrio y solo establece la obligación de registrarlas. Según las organizaciones de inquilinos los alquileres temporarios sufrieron un incremento considerable en diciembre, a 16 mil pesos por noche y 723 mil pesos por mes.
Voces críticas,como el Centro de Estrategias y Acción por la Igualdad (CEAPI) denuncian que la situación actual podría agravar la emergencia habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. Di Filippo, quien está al frente del CEAPI, consideró que es “paradigmático que en las principales ciudades del norte global, las más liberales, los alcaldes y alcaldesas de todos los colores políticos intenten regular” el accionar de empresas como AirBnb, y que en Buenos Aires no se puede ni mencionar la posibilidad de regularlo porque en seguida “se anula el debate” tildando a quien lo promueve de “comunista”.
“El impacto de este tipo de plataformas era evidente, ahora 'la política' se desayuna con el problema. El impacto que tiene esto en ciudades pequeñas y turísticas, como por ejemplo San Martín de los Andes o Ushuaia, es muy fuerte”, advirtió Di Filippo.
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por R.N.
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