La estimación más modesta sugiere que la industria del cannabis va a generar 10 mil nuevos empleos y una producción de entre 500 y 700 millones de pesos al año. En el Gobierno pisan el acelerador. El decreto que reglamentará la Ley de Cannabis Industrial está listo y en cuestión de días se publicará en el Boletín Oficial. Por primera vez este sector va a funcionar de manera absolutamente legal a partir de un sistema de licencias. Sin embargo, todavía cuesta comprender su alcance y la confusión es total: ¿cualquiera va a poder cultivar? ¿Qué tipo de productos y consumos están habilitados? ¿Quiénes serán los encargados de controlar?
Para responder estas preguntas hay que comprender el complejo sistema jurídico internacional y el avance gradual de la legislación nacional. Mientras algunos se entusiasman y otros se horrorizan con la idea la legalización del consumo adulto, lo cierto es que su liberación total significaría -hoy- que Argentina no respetara los acuerdos a los que adhirió.
Sistema internacional
Después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU elaboró un sistema de regulación de sustancias a través de tres tratados. Estos acuerdos fueron clave tanto para el desarrollo de la industria farmacéutica como para la definición que hizo luego cada Estado sobre qué se debía controlar y qué no: la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.
Este sistema dividió las sustancias en cuatro listas de acuerdo al grado de control que los Estados debían tener sobre ellas. La decisión sobre cuáles incluir y en qué categoría es la base para entender por qué hoy los países se encuentran en situaciones confusas con respecto al cannabis y, muchas veces, contradictorias.
La marihuana entró en la categoría 4 -la que requiere mayores controles- junto con la heroína, por ejemplo. “Desde el 2020 la ONU está discutiendo esto fuertemente porque hay expertos diciendo que es ridículo. Hay pruebas del uso terapéutico de la planta y muchísimo más del CBD, que es uno de los componentes que más se usa en el universo médico”, explicó a NOTICIAS Victoria Baca Paunero, abogada especialista en cannabis y docente universitaria.
Argentina adhirió a todos estos tratados y en los ‘60 dictó las leyes que organizaron el sistema farmacéutico y de drogas. A pesar de que la ONU había decidido no incluir al cáñamo en la lista, un decreto de la dictadura prohibió su producción.
El sistema internacional, de todas formas, siempre sostuvo que los Estados podían regular cualquier sustancia si se destinaba a la investigación científica y médica. Y, en las últimas décadas, una feroz persecusión contra todas las sustancias ilegales convivió con descubrimientos de las propiedades de la marihuana.
Sistema interno
En línea con una gran cantidad de países, en el 2017 la Argentina aprobó la Ley de Cannabis Medicinal, donde se reconocieron por primera vez los usos medicinales de la planta y se autorizó realizar investigaciones. “En ese marco se aprobaron más de 45 proyectos en todo el país en los que interviene el Estado a través del Conicet, del Inta, de las municipalidades y de algunas empresas público-privadas”, agregó Baca Paunero. Además, reconoció que personas con ciertas patologías pudieran tratarse con cannabis.
A finales del 2020 se realizó una nueva reglamentación de la ley que amplió las patologías alcanzadas y fue más allá: autorizó el autocultivo con fines medicinales y el cultivo solidario a través de Reprocann, un registro a través del cual el Estado autoriza a cultivar, tener y transportar cannabis para consumo terapéutico.
Esos avances se dieron en paralelo a la existencia de la conocida Ley de Drogas, en la que el cannabis continúa estando prohibido. De ahí que en los últimos años se hayan producido contratiempos. Por ejemplo, las fuerzas de seguridad continuaron deteniendo a consumidores a pesar de que demostraban que su consumo estaba autorizado y en los hospitales se mantuvieron protocolos de adicciones que incluyen a los consumidores de marihuana, sin distinguir si tienen un uso terapéutico.
Además, florecieron emprendimientos de todo tipo. La regulación comenzó a romper el viejo estigma sobre el cannabis y cada vez hay más productores artesanales. El asunto es que quien quiera consumirlos hoy se encuentra ante una dificultad: primero debe inscribirse en el Reprocann con una consulta médica previa y luego -si no quiere cultivar y producirlos por su cuenta- deberá confiar en la calidad de lo que le venden ya que, hasta ahora, solo dos laboratorios (Elea y Alef) consiguieron ubicar productos a base de CBD en las farmacias.
La novedad. La necesidad de ordenar este sistema impulsó la sanción de la Ley de Cannabis Industrial en el 2022. En enero de este año, además, se creó la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame), que funciona en la órbita del ministerio de Economía y cuyo directorio está compuesto por representantes de todos los ministerios.
Francisco Echarren, titular del organismo, explica que el borrador de la reglamentación fue elaborado con la participación de organizaciones cannábicas y cámaras empresariales. “Ahora viene el expendio de licencias. Para poder producir con cáñamo o cannabis vas a tener que inscribirte y cumplir requisitos. Hubo un pedido expreso de Sergio Massa: que el trámite fuera sencillo. Así que armamos un sistema de ventanilla única. Cuando venga un productor de Catamarca a realizar el trámite, por ejemplo, no va a tener que ir a cinco ministerios distintos”, dice.
Productos medicinales, cosméticos, insumos veterinarios, textiles de cáñamo… la variedad de esta industria es gigante. Sin embargo, todo se realizará bajo un estricto control estatal, tanto en su producción como en el de su venta y consumo, y siembre bajo la órbita de la ciencia, la medicina y la industria.
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