Por una orden de allanamiento de la fiscal Daniela Dupuy, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, hoy detuvieron a un docente de una escuela primaria de Devoto por los delitos de grooming, suministro de pornografía infantil y posibles abusos sexuales.
La investigación fue hecha a contrarreloj por la fiscal Dupuy, cuando le llegó el caso el sábado pasado por una denuncia de familiares de un niño de 12 años. Miembros del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) asistieron a la casa del imputado, donde lo encontraron en la cama junto a un adolescente y lo detuvieron.
En ese organismo se encargan de analizar reportes de material con pornografía infantil y derivarlos para que se investiguen si es necesario. En el 2018 recibieron 46.796 reportes -es decir, imágenes o videos que podrían ser pornografía infantil- y, hasta mayo del 2019, otros 16.492. La mayoría (60%) eran provenientes de Facebook.
Del total de casos estudiados, durante el 2018 22.739 fueron derivadas a CABA y 1447 a otras provincias. Y, en los primeros meses del 2019, hubo 8341 derivaciones a CABA y 616 a otras provincias. A pesar de que hay muchas más derivaciones a la Ciudad de Buenos Aires, si se observan las prioridades (es decir, casos en los que se tiene que intervenir con urgencia), la mayoría (el 70%) corresponde a las provincias.
Investigaciones. En CABA hay tres fiscalías que investigan casos de ciberdelitos. La primera fue la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos, a cargo de Daniela Dupuy, pero como empezó a ser desbordante la cantidad de denuncias, designaron dos más para dividirse la cantidad de trabajo que ingresa. Cada una tiene aproximadamente entre 500 y 700 causas en investigación. El número fluctúa todo el tiempo: resuelven algunas pero todos los días aparecen nuevas.
Según especificaron, el 88% de los delitos que investiga la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos (que también incluye otras cuestiones relacionadas a cibercrimen) son delitos en donde los menores se encuentran vulnerados. En el 99,9% son hombres y la gran mayoría, basado en casuística, ejerce profesiones en las que están en contacto con niños.
Las penas varían entre 1 mes y 6 años, dependiendo de si el imputado facilitó el acceso a “espectáculos pornográficos” a menores de 14 años, si tuvo de pornografía infantil o si la produjo.
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