Domingo 22 de mayo, 2022

SOCIEDAD | 29-04-2020 14:04

Excesos policiales: cuarentena con mano dura

Las denuncias se acumulan y el gobierno intenta controlar a una fuerza “chocobarizada”.

En Bahía Blanca, la Policía desfiguró a golpes a un hombre que había sacado a su perro a la vereda. En Bell Ville, Córdoba, un agente le disparó por la espalda a un adolescente que violó la cuarentena. A pocos kilómetros, en Alta Gracia, un grupo de uniformados ingresó a un domicilio sin orden judicial y, a punta de pistola, se llevó a un joven acusándolo de haber salido a la calle. En Jujuy, una chica de 18 denunció haber sido violada en la comisaría cuando acudió para hacer trámites vinculados al aislamiento. En la misma provincia, en Palpalá, a los detenidos por circular sin permiso, los encerraron en jaulas. Unos corralitos similares se usaron en Corrientes. En Chubut, transformaron gimnasios en centros de detención. En La Pampa, un hombre salió a comprar pan y recibió tres balas de goma en el cuello y en la mandíbula. La violencia institucional se ha consagrado como la otra cara del aislamiento social preventivo y obligatorio.

Recopilar todas las denuncias del último mes es una tarea imposible. Es cierto que hay niveles de gravedad y zonas más alarmantes que otras. También es cierto que buena parte de estas prácticas no son inéditas. Pero organismos de derechos humanos como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) insisten en el mismo punto: con la excusa de controlar que la gente no deambule en la calle, las fuerzas de seguridad han tenido luz verde para cometer todo tipo de delitos.

Accionar policial

El asunto preocupa a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic. Tanto es así que desde su cartera, el 25 de marzo, se envió un listado de recomendaciones para las fuerzas en las que se les insistía en que debían actuar dentro del marco de la ley. Además, al 1 de abril, presidió una teleconferencia con todos los ministros de seguridad provinciales para discutir los casos de violencia institucional.

“No alcanza. Estamos contando 45 casos por día o más. Celebramos el protocolo de Frederic, pero no podés darle una orden a fuerzas que tienen instaladas estas prácticas y sentarte a esperar”, aseguró a NOTICIAS María del Carmen Verdú, abogada y fundadora de Correpi, cuyo sitio web publica un reporte diario con cada uno de los casos que toman estado público. La APDH, a mediados de abril, presentó un dossier ante el Ministerio de Seguridad, la Comisión Nacional contra la Tortura y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que recopila casos provincia por provincia. María Elena Naddeo, copresidenta de la organización, aseguró: “Tenemos un compromiso muy fuerte con las políticas de prevención del virus. Queremos que se cumpla la cuarentena, que se reduzcan los contagios y estamos plenamente de acuerdo con las políticas del Gobierno Nacional. Pero observamos que las policías provinciales han desmantelado los derechos humanos de manera gravísima con detenciones arbitrarias, golpes en la vía pública, levantando gente sin decirles a dónde las llevaban”.

Accionar policial

El subsecretario de Control y Transparencia Institucional del Ministerio de Seguridad, Esteban Rosa Alves, niega que haya “luz verde” aunque reconoce el problema: “Hay un peso heredado de la gestión anterior. Hubo una ´chocobarización¨ de los estándares de seguridad y eso deterioró el conocimiento por parte de algunos miembros de las fuerzas de los contenidos de un modelo de seguridad democrático y ciudadano. Puede ser que en algunas provincias se hayan verificado mayores hechos de abusos. Hay estándares que hay que recuperar”, aseguró a NOTICIAS.

Ley local. “En Chubut se habían dictado resoluciones que establecían una especie de toque de queda y se crearon lugares de detención en escuelas y gimnasios. El 24 de marzo se ordenó que las sirenas empezaran a sonar a las 19.30 para que la gente supiera que no podía salir más”, contó Eduardo Hualpa, un abogado de Trelew con larga trayectoria en derechos humanos. Las acciones represivas en la provincia fueron escandalosas y hasta se filtró un audio de Whatsapp del secretario de Seguridad de la Policía, Paulino Gómez, pidiéndole al jefe de la Comisaría Primera de Trelew que salga a buscar gente para detener.

La gravedad chubutense llevó a que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentara un hábeas corpus y que la Justicia obligara a la Gobernación a dar marcha atrás con todas las disposiciones locales.

No es el único lugar donde rigió un toque de queda de hecho. En municipios bonaerenses, todavía hoy, a determinado horario suenan las sirenas de los bomberos y la Policía prohíbe la circulación con o sin permiso. ¿El fundamento? La decisión del intendente de turno.

Accionar policial

San Juan es otro de los lugares que decidió ir más allá con sus propias normas. Si bien el criterio fijado a nivel nacional para sancionar a aquellos que rompan la cuarentena es que el proceso judicial se inicie luego de que termine el aislamiento, en la provincia se estableció que a las personas que incumplan el artículo 205 del Código Penal -el que establece como delito la propagación de un virus-, se les aplicará el proceso de flagrancia. Según estimaciones de Correpi, esta semana ya habían sido condenados 150 sanjuaninos y 34 con pena a cumplir. “No solo va en contra de no llenar las cárceles sino que obliga a las personas a aceptar juicios abreviados en los que no se respeta ningún tipo de garantías”, reforzó Verdú.

Descontrol. Luis Urtubey, representante de la APDH Regional Jujuy, dice que en su provincia las fuerzas de seguridad están fuera de control. “Se dejaron de usar las jaulas porque se viralizaron las imágenes. Acá está naturalizado ese comportamiento fascista. Apenas empezó la cuarentena, un grupo de chicos hizo un picnic al aire libre y los corrieron con tiros al aire”, cuenta. Desde su organización, además, asesoran a dos mujeres que denunciaron abusos sexuales por parte de policías.

De Misiones se viralizó un video en el que una agente retaba como si fuera su madre a un grupo de jóvenes que había roto la cuarentena. Sin embargo, no todos los casos tomaron estado público: “Hubo un hecho en una zona rural el domingo 19. Un chico iba en moto a comprar carne, fue interceptado por la división de Infantería, lo pararon, lo golpearon y lo hicieron caminar un montón de kilómetros”, relató Eduardo Magno Scherer, de la Comisión Contra la Tortura. Según sus registros, en lo que va del 2020, su organismo registró 137 informes de violencia institucional. Para él, la pandemia no significó un aumento significativo de casos.

En Mendoza hubo noticias sobre una maestra golpeada y detenciones arbitrarias. Según Lucas Lecour, abogado de Xumek (Asociación para la Promoción y Protección de los Derecnos Humanos), “la situación no es tan distinta a la de otros momentos, pero sí se observa un cambio. En general, estas cosas pasan en los barrios populares y contra las personas jóvenes. Ahora, nos llegan casos de barrios residenciales de la provincia”. Uno de los hechos que para él sintetiza la situación sucedió hace pocos días: “Un chico pasó por una casa pidiendo limpiar la vereda a cambio de comida. Los vecinos le dijeron que sí, pero llegó la policía y se lo quiso llevar. Se generó una discusión, se llevaron al chico y a todos los vecinos demorados. A una mujer le sacaron el celular y se lo devolvieron con los archivos borrados porque ella había filmado la situación”, relató.

Acciones. Los que tienen más suerte logran que sus casos se hagan públicos. Ni bien las autoridades se enteran, todo el aparato del Estado se despliega para investigar a los policías. Es lo que responde Frederic cada vez que le consultan y vuelve sobre el ejemplo de los efectivos que hicieron “bailar” a un grupo de jóvenes en la Villa 1-11-14 y que fueron puestos en disponibilidad. Rosa Alves insiste en que las guías enviadas desde Nación tienen el objetivo de ser “una doctrina institucional” y, al mismo tiempo, “tiene la función táctica, en el marco de nuestra función, de prevenir hechos de violencia institucional”.

Según palabras del propio Alberto Fernández “la cuarentena es la única vacuna disponible que tenemos contra el coronavirus”. Y aunque los referentes consultados están de acuerdo con su política sanitaria, todos exigen más control sobre que aquellos que deben cuidarnos, no reprimirnos.

 

En riesgo / Las cárceles en la mira

La situación en las cárceles es cada vez más delicada. El martes 21, en la Unidad Penal Nº 21 de Corrientes, los presos protagonizaron un reclamo por mejores condiciones para afrontar la pandemia que terminó en una situación de violencia extrema. Como resultado, un hombre murió y otros 14 terminaron heridos. La confirmación del primer caso de Covid-19 en una dependencia bonaerense generó un estallido en la Unidad Penitenciaria Nº 10 de Melchor Romero. La situación se replica en todo el país y cada vez se vuelve más grave. 

El hacinamiento, la falta de condiciones de higiene y de insumos básicos convierten a las cárceles en un foco de preocupación. Los referentes de derechos humanos en el área insisten con la necesidad de otorgar el beneficio de salida para quienes estén a punto de cumplir su pena o quienes no tengan condena firme. Mientras pasan los días, la tensión en los penales aumenta.

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Giselle Leclercq

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