La Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá expedirse sobre el fallo a prisión perpetua dictado por la justicia entrerriana contra Nahir Galarza como única acusada del crimen de Fernando Pastorizzo. En ese aspecto, los magistrados evaluarán el Recurso Extraordinario Federal presentado por la defensa técnica de Galarza, integrada por los abogados José Ostolaza y Pablo Sotelo.
Según trascendidos en los pasillos judiciales, la mayoría de los jueces del máximo tribunal ya ha revisado el fallo, y solo quedaría en manos del juez Juan Carlos Maqueda para la decisión final. Entre los principales puntos del Recurso, los defensores apuntan al incumplimiento por parte de la sentencia de las Convenciones Internacionales en materia de Violencia de Género y de Protección de la Mujer.
Según Ostolaza, el Estado argentino y cada una de sus autoridades públicas tienen el deber de atender especialmente aquellos casos en los cuales se denuncie Violencia de Género y traducirlas en acciones positivas. “A lo largo de todo el proceso, se denunció la afectación del derecho de defensa, debido proceso y Violación de Convenciones Internacionales”, manifestó el abogado.
La defensa se quejó además de que el Juez de Garantías le permitió al Fiscal el acceso a la cuenta de Facebook de la víctima, pero ante el pedido de la defensa, fue sistemáticamente denegado. Y se requirió, a su vez, la realización de la autopsia psicológica de Pastorizzo y la prueba del dinamómetro del arma secuestrada, lo cual también fueron rechazadas en todas las instancias.
“El Tribunal del Juicio dio por probadas las lesiones hacia Nahir Galarza a través de elementos objetivos, sin embargo, expresó que no se podía dar por acreditado que el autor había sido Pastorizzo dado que surgía de los dichos de Galarza y de testigos allegados a la misma”, destacó el escrito presentado a la Corte Suprema. Otra de las fuertes críticas señaladas por la defensa es la “falta de perspectiva de género” en el juicio provincial.
De este modo la defensa de Nahir Galarza, patrocinada por el Dr. José Ostolaza y el Dr. Pablo Sotelo, finalizan expresando que “queda así solicitada expresamente la anulación de la sentencia por violación al Debido Proceso Legal, incumplimiento de los tratados internacionales a los cuales adhirió Argentina a través del art. 75 inciso 22 de la Constitución Nacional”.
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