Moderado. Esa fue la palabra que definió a Alberto Fernández durante toda la campaña y sobre la cual construyó su imagen presidencial. Ahora quiere transpolar esa condición a uno de los debates que más confrontación genera: la legalización del aborto. En la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso el domingo 1° de marzo, se espera que Fernández presente un proyecto para la legalización del aborto, de cuya redacción estuvo encargada la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, junto a especialistas de los Ministerios de Salud y Mujeres, Géneros y Diversidad.
En la búsqueda de lograr conciliación, desde el Ejecutivo intentarán acercar posiciones en relación a la objeción de conciencia, uno de los puntos que más se discutió en el 2018. La salida que propondría el Gobierno sería incorporar la objeción de conciencia para médicos y clínicas, y obligar a que los hospitales públicos realicen las interrupciones voluntarias. Pero esta postura podría generar el efecto contrario: no dejar contenta a ninguna de las partes y agudizar el debate.
Sin consenso. Quienes militan a favor de la legalización de aborto y quienes presionan para que no salga la ley no creen en los grises a la hora de dar el debate. Desde la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) llamaron a una misa en la Basílica de Luján para el 8 de marzo bajo el lema “Sí a las mujeres, sí a la vida”. La convocatoria se da “en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer y con motivo del anunciado tratamiento legislativo del proyecto de legalización del aborto”, según consignaron en un comunicado. Así, ante la posibilidad de que se incluya la objeción de conciencia para médicos y clínicas privadas, desde la CEA aseguraron a NOTICIAS: “La Iglesia no negocia con el aborto. La Iglesia con el aborto tiene una postura muy clara, que la ha tenido siempre y la va a seguir teniendo. Esto no se trata de un ida y vuelta de leyes o un ida y vuelta de cuestiones para que se atenúe o no. El no de la Iglesia al aborto es rotundo. No podemos preferir o no preferir cuando se trata de la vida”.
En la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que pelea hace 15 años por la legalización y envió varios proyectos al Congreso, no se considera como válida la objeción de conciencia para ninguna institución de salud. Aunque prefieren no hablar del proyecto de Fernández porque todavía no lo vieron -tampoco las llamaron para participaran en el armado del mismo-, Celeste Mac Dougall, referente de la Campaña, señala a NOTICIAS: “Nosotras no incluimos la objeción de conciencia en nuestro proyecto (fue presentado el 28 de mayo del 2019 y también será tratado) porque pensamos que los derechos no se objetan. Que en realidad es una falta de decisión, que no son objetores de conciencia, que en realidad son obstructores y objetores de derechos. Todo el sistema de salud debe garantizar el derecho al aborto. El 60% de la población se atiende por obras sociales, un 20 y 25% en prepagas y el resto en el sistema público. Por tanto necesitamos, y es lo que dice nuestro proyecto, que en todas esas instancias se garantice el derecho al aborto”.
El Presidente había dicho: “Quisiera que el debate no sea una disputa entre progresistas y conservadores, entre revolucionarios y retrógrados”. Sin embargo, su intento de cumplir esta premisa a través de esta medida, quedaría frustrada. Ni de uno ni del otro lado ven con buenos ojos la posibilidad de ceder y el punto de la objeción de conciencia podría acrecentar las disputas a la hora de tratar los proyectos y tener que decidir si se acepta un artículo así o no.
¿Operativo votos? A pesar de que los intentos de moderación no conformarían a ninguna de las partes, podrían ser una estrategia para conseguir votos para la aprobación de la ley. Es que algunos de los que dudan, o no terminan de aceptar la legalización, mucho menos lo harían si no se contempla la objeción de conciencia. Así lo entiende el ministro de Salud, Ginés González García, quién declaró a radio La Red: "Tiene que ser una iniciativa más que equilibrada. Se deben eliminar algunos factores reactivos. Hay que preservar la cuestión de fondo: que deje de ser un delito, que haya un acceso igualitario y sin las víctimas". En esa línea, confirmó que se contemplaría la objeción de conciencia y dijo que “una institución religiosa se puede negar”.
Para Myriam Bregman, dirigente del Frente de Izquierda y defensora del aborto legal, sin embargo, la inclusión de la objeción de conciencia va a generar un gran conflicto. “No creo que sea un punto de conciliación, creo que va a traer un gran debate y muchas de las firmantes y grandes defensoras que ha tenido el proyecto de la Campaña en el actual oficialismo estarían en una gran contradicción”, señaló a NOTICIAS.
En esa línea, tampoco cree que quienes están fervientemente convencidos de que el proyecto no tiene que ser aprobado vayan a cambiar de opinión al permitirse la objeción de conciencia. “No tendría lógica tampoco el argumento, porque si consideran que se está matando una vida, la objeción de conciencia no resuelve eso. La objeción de conciencia institucional no resuelve ninguno de los problemas pero crea otros muy graves”, agrega. Es que para quienes pelean del lado verde ese punto genera muchísimas dudas. Por un lado, creen que podría traer problemas justamente en las provincias más conservadoras: en muchos casos, los médicos de las clínicas y los hospitales públicos son los mismos o la salud pública es muy restringida, por lo que no se garantizarían las interrupciones voluntarias de embarazo. Por otro, entienden que sumar la objeción de conciencia sería un retroceso y que, una vez logrado el consenso y presión social para que haya una ley, no se debe titubear en ninguno de los reclamos.
Del otro lado, la objeción de conciencia no modifica la postura sobre el hecho de que se está cometiendo un delito, pero en algunas provincias en donde la religión pisa fuerte, sería prácticamente imposible lograr algún tipo de aceptación de la ley sin esta cláusula.
Las opiniones en torno a este punto podrían sobrepasar las 22 horas de debate que hubo en 2018 en el Congreso, respectivamente, para definir si una posible ley incluiría o no la objeción de conciencia y en qué casos.
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