Crímenes sin castigo

Sin presión internacional y ante un mundo con la atención puesta en la pandemia, Alemania asumió haber perpetrado el primer genocidio del siglo XX.

En 1904, tras imponerse en la batalla de Waterberg, el ejército que comandaba el general Lothar von Trotha inició la campaña de exterminio de la etnia herero, que se había levantado contra las injusticias del colonialismo en la entonces llamada Africa Sudoccidental de Alemania, la actual Namibia. Las masacres acabaron en el 1908 con el saldo de 60.000 hereros muertos, a los que sumaban otros 10.000 de la etnia nama, o namaqua, que se había sumado a la rebelión.

En términos generales, el mundo siempre ignoró aquel exterminio de población nativa del territorio que el Tratado de Heligoland-Zanzíbar había entregado a Berlín. Un siglo más tarde, una ministra socialdemócrata, Heidemarie Wieczorek-Zeul, dio el primer paso hacia la admisión del crimen al visitar Windhoek, la capital de Namibia, y usar por primera vez la palabra “genocidio”. Ahora, el Estado alemán completó la admisión al reconocer plenamente como genocidio los crímenes ordenados por el káiser Guillermo II.

El gobierno de Ángela Merkel lo hizo negociando con el gobierno namibio, que expresa a la mayoritaria etnia ovambo. Eso implicó adjudicar un fondo de 1.100 millones de euros a planes de desarrollo, en lugar de entregarlo a descendientes de las víctimas, como reclamaban dirigentes hereros y namas. Pero lo más relevante es que un Estado admitió un crimen que el mundo ignoró durante más de cien años y sin que medie presión internacional.

La contracara está en regímenes y liderazgos que sostienen la negación de crímenes comprobados y tratan de imponerla en sus países y más allá de sus fronteras. Por cierto, Merkel no formó parte del gobierno del Deitscher Kaiser y Rey de Prusia. Pero los fundamentalistas que hoy gobiernan Turquía y sus antecesores, los seculares atatürkistas, tampoco gobernaban el imperio otomano que perpetró el genocidio de los armenios, sin embargo sostuvieron e impusieron el “negacionismo”, y lo siguen haciendo. Entre los casos actuales de crímenes de lesa humanidad, está el régimen residual chavista. Y el presidente argentino, después de haber sido denostado por Diosdado Cabello y otros jerarcas de la casta militar imperante, se sumó a quienes niegan la violación sistemática de Derechos Humanos que la mantiene en el poder

La particularidad del “negacionismo” que hace Alberto Fernández, es que, por un lado, se sitúa en las antípodas de lo que él mismo sostenía cuando estaba distanciado de Cristina Kirchner, mientras, por otro lado, recurre a un argumento que bordea el surrealismo: “El problema de los Derechos Humanos en Venezuela poco a poco fue desapareciendo”.

¿Puede desaparecer un crimen? ¿Qué evento causó que “poco a poco fuera desapareciendo”? ¿Resucitaron los 8.292 asesinados en ejecuciones extrajudiciales y los cientos de manifestantes muertos por las balas de las fuerzas represivas?

Antes de acordar con la líder del kirchnerismo su postulación, denunciaba los crímenes de Maduro con argumentos lógicos y entendibles. Ahora, desde la presidencia, se refuta a sí mismo. Lo revelador está en la diferencia entre aquellas denuncias y las actuales defensas al régimen que impera en Venezuela.

Las denuncias sonaban lógicas, mientras que la defensa suena desopilante. Alguien reprochó cierta vez a Keynes por sostener una tesis opuesta a la que había sostenido tiempo atrás. El economista respondió que, al darse cuenta de que estaba equivocado, había corregido su error.

El de Keynes fue un cambio virtuoso de posición, porque podía explicar con claridad y honestidad intelectual por qué antes estaba equivocado y cuál era el fundamento de su nueva tesis. No pasa lo mismo con los cambios de posición de Alberto Fernández. Al intentar explicarlos se extravía en laberintos argumentales.

Decir lo que dijo implica decir que los crímenes cometidos pueden desaparecer. Obviamente, no es así. Los crímenes están, permanecen, no desaparecen. Decir lo contrario es una manera absurda de reclamar impunidad.

El presidente quiso decir que los asesinatos extrajudiciales, los encarcelamientos arbitrarios y las torturas fueron disminuyendo, hasta dejar de ocurrir. Es posible. Al menos en el último año y medio, el régimen dejó de perpetrar asesinatos, torturas y detenciones ilegales. Pero eso no hace desaparecer los crímenes cometidos.

Si un asesino serial en determinado momento deja de asesinar, ¿los crímenes que ya había cometido empezaron a desaparecer a partir del día en que dejó de matar?

Desde que las masivas protestas contra el régimen fueron sofocadas, no hubo manifestantes abatidos por la represión y han dejado de producirse crímenes extrajudiciales y detenciones ilegales. Ahora bien, que los aparatos represivos, que incluyen a los llamados “colectivos” (versión chavista de lo que la dictadura de Videla llamaba “grupos de tareas”) hayan cesado sus actividades criminales, no es consecuencia de que el régimen esté avanzando hacia la restauración del Estado de Derecho, sino consecuencia de la victoria de la represión sobre las protestas.

Eso ocurrió en Venezuela: la represión venció a la protesta social.

No siempre triunfa la represión. En Chile, Sebastián Piñera respondió al estallido social de manera atroz: con represión y militarización. Pero, finalmente, la represión no triunfó. Y lo prueba el hecho de que Piñera haya tenido que impulsar el primer cambio de Constitución mediante un proceso democrático. Además, lo reconfirma que, en los comicios constituyentes que el gobierno organizó cediendo a las demandas de los manifestantes, el oficialismo haya sido derrotado por la izquierda y por los independientes.

Hay que ver si en Colombia triunfa la represión o si Iván Duque decide optar verdaderamente por el diálogo, abandonando las políticas que agravan el empobrecimiento y la desigualdad y que hicieron estallar las masivas protestas que sacuden el país.

Duque debe optar entre defender con represión sus políticas proelites privilegiadas, o escuchar la protesta social y consensuar políticas que, sin desalentar la inversión, procuren generar una sociedad más incluyente y equilibrada. Defender las políticas proelites privilegiadas es lo que hizo al Estado colombiano al violar DD.HH. en un país donde también cometieron crímenes masivos y aberrantes las guerrillas, los paramilitares y el narcotráfico.

¿Buscará Duque dejar los crímenes de Estado en el pasado? ¿O intentará, como quiere su mentor, Álvaro Uribe, imponer el triunfo de la represión?