La acusación formal presentada por la Justicia de Estados Unidos contra Nicolás Maduro, revelada tras su captura, retoma cargos ya formulados en 2020, pero introduce un giro clave: vincula directamente al líder venezolano con la organización criminal Tren de Aragua (Tren de Aragua), una banda nacida en cárceles de Venezuela que en los últimos años expandió su actividad a varios países de la región y a Estados Unidos.
Según la acusación federal ampliada, Maduro habría “colaborado y se habría asociado con narco-terroristas”, entre ellos integrantes de Tren de Aragua, como parte de una estructura criminal más amplia dedicada al tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y violencia organizada. Entre los coacusados figura Héctor Rusthenford Guerrero Flores, señalado como fundador de la banda, imputado en una causa separada dos semanas antes.
El documento judicial no sostiene que Maduro haya tenido contacto personal directo con Guerrero Flores, pero busca establecer un marco de responsabilidad política y criminal al presentar al régimen venezolano como socio o facilitador de organizaciones criminales transnacionales.
Esa construcción respalda una de las tesis más controvertidas impulsadas por el presidente Donald Trump: que el gobierno venezolano habría promovido deliberadamente la expansión de Tren de Aragua hacia Estados Unidos como una forma de agresión indirecta, destinada a generar crimen y desestabilización social.
Trump convirtió a Tren de Aragua en una pieza central de su política migratoria y de seguridad desde 2024, cuando miembros de la banda fueron acusados de tomar control de un edificio en Aurora, Colorado. Aunque en ese momento agencias de seguridad describieron a la organización como extremadamente violenta pero no como una amenaza estratégica internacional, la Casa Blanca avanzó en otra dirección.
En su primer día de mandato, Trump firmó una orden ejecutiva que declaró a carteles y bandas criminales como “organizaciones terroristas extranjeras”, incluyendo explícitamente a Tren de Aragua. Esa designación permitió al gobierno intentar deportaciones sin audiencia judicial, invocando la Alien Enemies Act, una ley de más de 200 años creada para tiempos de guerra o invasión.
En una orden posterior, Trump afirmó que Tren de Aragua estaba llevando adelante una “invasión o incursión depredadora” en territorio estadounidense, supuestamente dirigida desde Venezuela. Bajo ese argumento, decenas de presuntos miembros de la banda fueron enviados sin supervisión judicial a la prisión de máxima seguridad Cecot, en El Salvador, una de las medidas más cuestionadas de su política migratoria. Esas deportaciones terminaron siendo bloqueadas por tribunales federales.
El problema para la acusación es que los propios informes de inteligencia estadounidenses contradicen esa narrativa. Un memorando de inteligencia nacional fechado en abril concluyó que “el régimen de Maduro probablemente no tiene una política de coordinación con Tren de Aragua ni dirige sus operaciones o movimientos hacia Estados Unidos”. Investigadores policiales locales y exfuncionarios de la Drug Enforcement Administration también señalaron que, si bien la banda es brutal, no existen pruebas de que actúe bajo órdenes del gobierno venezolano.
La nueva acusación evita precisar el mecanismo concreto de esa supuesta alianza. En lugar de describir instrucciones directas o vínculos personales, se limita a afirmar que Maduro y otros funcionarios “se asociaron con narco-terroristas”, una formulación amplia que, según analistas, responde más a una necesidad política que a una prueba judicial sólida. Para expertos como Adam Isacson, del Washington Office on Latin America, el cambio es menos jurídico que narrativo: la inclusión de Tren de Aragua refuerza el argumento político que la administración Trump necesitaba para justificar la captura de Maduro y encuadrarla como una acción de seguridad nacional, más que como una intervención contra un jefe de Estado extranjero.
En síntesis, Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro de liderar un régimen criminal vinculado al narcotráfico internacional, de beneficiarse del comercio de cocaína y de haber colaborado —directa o indirectamente— con organizaciones violentas como Tren de Aragua. Lo que sigue abierto a debate es si esas acusaciones se sostendrán en los tribunales con pruebas contundentes, o si forman parte de una construcción política diseñada para legitimar una decisión geopolítica ya tomada.
por R.N.
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