Bolivia lleva tres semanas al borde del abismo. La Paz sufre bloqueos, desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos —incluido oxígeno para hospitales— y gases lacrimógenos en el centro de la ciudad. El presidente Rodrigo Paz, con apenas seis meses en el poder, enfrenta la peor crisis política que el país andino ha visto desde 2019. Y detrás de buena parte del caos hay un hombre que no aparece en ninguna fotografía de las marchas pero que las impulsa con precisión desde su bastión en el Trópico de Cochabamba: Evo Morales, el ex presidente nprófugo de la justicia, acusado de trata agravada de personas por haber mantenido una relación con una adolescente de 15 años durante su mandato.
Marcha
La llamada "Marcha por la Vida para salvar Bolivia" partió el 12 de mayo desde Caracollo, en Oruro, recorrió 190 kilómetros por el altiplano y llegó el lunes 18 a La Paz. La encabezaron campesinos, indígenas aymaras del movimiento Ponchos Rojos, mineros que devuelven granadas de gas con una patada y militantes cocaleros afines al ex jefe de Estado.
El objetivo declarado es exigir la renuncia de Paz y el cese de los procesos judiciales contra Morales. El objetivo real —que nadie en el entorno evista se molesta demasiado en ocultar— es desestabilizar al gobierno hasta hacerlo caer.
Pero para entender lo que está pasando en Bolivia hay que entender lo que dejó Morales: veinte años de consolidación de un sistema de poder que penetró instituciones, sindicatos, fuerzas de seguridad y estructuras judiciales. Bolivia, que fue durante sus años de gobierno una potencia gasífera regional, llega a 2026 sin reservas internacionales, con un sector energético colapsado, dependencia externa y un Estado vaciado. La llegada de Rodrigo Paz en noviembre de 2025 despertó expectativas de reorientación, pero gobernar sobre ese suelo devastado es una tarea casi imposible en el corto plazo.
Los primeros meses de Paz estuvieron marcados por decisiones económicas impopulares pero inevitables: el retiro parcial de subsidios a los combustibles, medidas de ajuste fiscal y la autorización para vender gasolina importada que resultó ser de mala calidad y dañó motores de al menos diez mil vehículos. Ese escándalo, conocido como la crisis de la "gasolina basura", fue el detonante inicial de las protestas.
Manifestantes
La Central Obrera Boliviana —el sindicato más poderoso del país— salió a las calles exigiendo un aumento salarial del 20%. Paz lo rechazó por el impacto fiscal. Y lo que empezó como una demanda sectorial se convirtió, con rapidez calculada, en pedido de renuncia.
El gobierno ha intentado negociar. Logró acuerdos parciales con obreros de El Alto y maestros urbanos. Derogó la ley 1720, que había desatado protestas en sectores campesinos. Pero cada concesión fue leída como debilidad, y los sectores más leales a Morales —la Federación Túpac Katari, los cocaleros del Chapare, los Ponchos Rojos— rechazaron cualquier negociación que no incluyera la renuncia del presidente. La Cámara Nacional de Industrias estimó que los bloqueos generan pérdidas de entre 50 y 60 millones de dólares diarios. Y la situación humanitaria en La Paz es ya crítica.
El fugitivo
El 11 de mayo, el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Tarija declaró a Evo Morales en rebeldía y ratificó la orden de aprehensión en su contra. La causa es grave: la Fiscalía lo acusa de haber mantenido durante su segundo mandato una relación con una adolescente de 15 años con quien habría tenido una hija, y de haber favorecido económica y políticamente a la familia de la menor a cambio de su silencio. El expediente tiene más de 170 elementos probatorios. Morales fue convocado a declarar en tres ocasiones —octubre de 2024, enero de 2025 y mayo de 2026— y no se presentó ninguna vez. El juicio quedó suspendido hasta que comparezca voluntariamente o sea conducido por la fuerza pública.
Esa fuerza pública es exactamente lo que sus seguidores impiden. Desde 2024, Morales se refugia en el Chapare, rodeado de guardias campesinas que montan turnos para evitar cualquier operativo de detención. Los bloqueos de carreteras que paralizaron la región durante semanas tenían, entre sus objetivos, protegerlo físicamente de la orden de aprehensión. Lo que Morales llama "persecución política" y "lawfare" es, en los hechos, la resistencia judicial de un hombre que no quiere responder ante la justicia por los cargos más graves que se le imputan.
El escenario
Bolivia denunciará ante la OEA lo que el gobierno de Paz describe como un plan de desestabilización organizado. El vocero presidencial José Luis Gálvez habló de "dirigentes corruptos con financiamiento oscuro". El Comité Pro Santa Cruz, por su parte, denunció que se trata de un golpe de Estado encubierto y exigió que el gobierno actúe con más firmeza. La expresidenta interina Jeanine Áñez, desde la prisión donde todavía purga su condena, rechazó los hechos de violencia y condenó los ataques a instituciones públicas —incluido el Tribunal de Justicia— y a pequeños comerciantes. Morales, en respuesta, acusó al gobierno argentino de Milei de haber enviado aviones con efectivos militares para apoyar a Paz, versión que el canciller Pablo Quirno negó contundentemente.
Lo que está en juego en Bolivia no es solo la estabilidad de un gobierno de seis meses. Es la posibilidad de que un sistema democrático soporte el peso de una herencia institucional destruida, una crisis económica heredada y una oposición que no busca alternancia sino la restauración de quien la justicia tiene bajo orden de captura. Rodrigo Paz gobierna sobre las ruinas de un Estado que no construyó pero que debe reconstruir. La pregunta es si puede sobrevivir el regreso de quien provocó la crisis.
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