Es la peor de las señales. Dos magnicidios consecutivos anuncian ciénagas de sangre donde las sociedades se hunden por largos períodos. Fueron dos magnicidios los que le hicieron descubrir a Colombia la dimensión del aparato criminal que financiaba el tráfico de cocaína.
Luis Carlos Galán ya había subido al escenario y estaba a segundos de iniciar su discurso, cuando desde la multitud dispararon a mansalva, acribillándolo. Lo asesinó el Cartel de Medellín a través de ese brazo aniquilador llamado Los Extraditables, porque el candidato presidencial del Partido Liberal había prometido que, ni bien llegara a la presidencia, autorizaría la extradición de los narcos colombianos a los Estados Unidos.
Aquel magnicidio ocurrido en Cundinamarca a pocos días de la elección presidencial de 1989, completó la revelación que había comenzado cinco años antes, cuando sicarios de Pablo Escobar emboscaron y acribillaron a Rodrigo Lara Bonilla, el ministro de Justicia que quedó en la historia de Colombia como el primero en denunciar al jefe del Cartel de Medellín. Lo que revelaron ambos magnicidios fue la dimensión del poder destructor que había alcanzado el narcotráfico cartelizado.
Cuando las bandas narcos pasan de causar muertes en guerras entre ellas por disputas territoriales, a la dimensión de los crímenes políticos de figuras de peso, lo que queda a la vista es que el narcotráfico ha alcanzado un nivel de organización y poder de fuego como para hundir el país en una guerra catastrófica.
Los crímenes políticos siempre anuncian tumores sociales graves. En México, donde siempre hubo corrupción, dos magnicidios consecutivos dejaron a la vista la densidad de la corrupción mafiosa que fermentó a la sombra oscura del presidente Carlos Salinas de Gortari, en la década del noventa.
Las balas que desangraron a Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial oficialista que prometía desmantelar la estructura de corrupción montada por el hermano del presidente, fueron gatilladas por sicarios pagados en esas sombras del poder priista. Igual que el asesinato del número dos del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, ocurrido a renglón seguido.
En Ecuador, como en Colombia, lo que anunciaron dos grandes crímenes políticos es que el narcotráfico está en condiciones de hundir la sociedad en un pantano de sangre, porque sus tentáculos alcanzan todos los rincones del Estado y su poder de fuego ya tiene capacidad para convertir el país en un campo de batalla.
El alcalde de Manta, Agustín, Intriago recibió seis disparos de fusil en esa ciudad portuaria disputada por bandas narcos. Tres semanas más tarde, en la capital ecuatoriana acribillaron al candidato presidencial Fernando Villavicencio en un mitin de campaña electoral en el que había vuelto a comprometerse a luchar contras el narcotráfico y las demás mafias que carcomen el país.
Como en toda ciudad con un puerto importante, Manta es disputada por bandas narcos poderosas. Matar al alcalde es un mensaje de advertencia a los funcionarios que se niegan a pactar con el poder del narcotráfico. Pero matar a Fernando Villavicencio fue más que una advertencia. El candidato presidencial por una coalición centrista era el principal enemigo de la corrupción política y de las mafias que trafican drogas.
Detrás de este crimen político está seguramente el narcotráfico, pero también es probable que la conspiración haya incluido algún otro poder de los tantos que tenían a Villevicencio en la mira, por ser blanco de sus denuncias. En todo caso, lo que está claro es que el impacto del crimen en el escenario político afectará principalmente al correísmo.
De hecho, las consecuencias del magnicidio afectaron de inmediato a Revolución Ciudadana. Era inevitable que las sospechas llegaran hasta ese partido. El candidato acribillado era el principal denunciante de corrupciones y negociados durante el gobierno de Rafael Correa. Y ese presidente le expresó su desprecio con una variedad de insultos y amenazas.
Hasta horas antes de las ráfagas que lo acribillaron, el volcánico líder izquierdista manifestó su rencor contra quien lo había denunciado en el caso Odebrecht, en presuntos acuerdos con la minería ilegal y en las turbias tratativas con una petrolera china.
Exuberante en materia insultos y amenazas, descargó ambas cosas contra Villavicencio en las redes. Y no faltan frases que suenan a que se acercaba la hora de pagar caro sus acusaciones. Algunas, incluso parecen anunciar una venganza inminente. Por eso, mientras esos mensajes cargados de odio y amenazas se multiplicaban en las redes cuando aún velaban el cuerpo baleado, se multiplicaban también las acusaciones directas contra el correísmo y su líder.
La viuda dijo que su marido fue asesinado por una entente entre correístas y narcos. Acusó también a Piedad Córdoba, la dirigente colombiana que representó al chavismo en su país, de haberse enfrentado a Villavicencio al punto de amenazarlo con hacerlo desaparecer.
A esa altura, influencers, comentaristas y dirigentes de los partidos anti-correístas lanzaban frases cargadas de sospechas hacia el temperamental ex presidente. ¿Es lógico poner a Rafael Correa bajo sospecha? El odio explícito que le profesaba y las amenazas que públicamente lanzó hasta horas antes del asesinato ¿prueban que puede estar detrás del magnicidio?
La lógica indica lo contrario. Que Correa haya mostrado públicamente la densidad de su desprecio y sus deseos de venganza, puede ser la prueba de que no ordenó ni permitió conspirar para asesinarlo. Que tan cerca del momento del crimen Correa publicara una frase que suena a amenaza, en lugar de probar su participación en el hecho, probaría lo contrario.
El ex presidente es intolerante y vengativo, pero es inteligente. En rigor, tendría que ser muy idiota para auto-incriminarse anunciando que su enemigo, además de blanco de su odio, será blanco de balas. Que Correa haya dicho las barbaridades que dijo días antes del magnicidio, lo que parece probar es que no estaba en sus planes asesinarlo. De otro modo, además de criminal, Rafael Correa sería un imbécil. Y no lo es.
Pero eso no implica descartar que algunos en su espacio político, también alcanzados por investigaciones y denuncias de Villavicencio, hayan confabulado con una mafia narco para eliminarlo. Si bien hay otras dirigencias que odiaban al periodista, el primer perjudicado por las sospechas es el correísmo. Sólo falta ver si el impacto electoral negativo impide el triunfo a Luisa González, la candidata de Rafael Correa que encabezó todas las encuestas, hasta que corrió la sangre de Fernando Villavicencio.
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