Tres semanas atrás, miles de manifestantes anti-Lula se abrieron paso hasta las sedes del poder en Brasilia, rompiendo ventanas y muebles, destruyendo obras de arte de valor incalculable, y dejando grafitis que pedían un golpe militar. "Pero los hechos (del 8 de enero) tuvieron el efecto contrario de lo que se pretendía Bolsonaro”, marca Mayra Goulart, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ). "Sin duda, Lula saldrá fortalecido. Estos asaltos han creado un clima de unidad nacional para la defensa de la democracia", vaticina.
Muchos, incluso entre los partidarios del derrotado expresidente Jair Bolsonaro, se sorprendieron con la toma del palacio del Planalto, el Congreso y la Corte Suprema. Incluso algunos respaldaron a Lula, para una condena unánime de los hechos. Leandro Gabiati, de la consultora Dominium, coincide en que la imagen de Lula se ha "fortalecido", mientras los culpables de participar en los disturbios enfrentarán sentencias de hasta 30 años por "terrorismo".
Más de 2.000 alborotadores fueron detenidos ya, y las autoridades están rastreando a los sospechosos de haber planeado y financiado la revuelta: se abrió una investigación sobre el posible papel de Bolsonaro, cuyo ministro de Justicia fue detenido el sábado último por posible connivencia con los vándalos. Y mientras la red también se estrechaba en torno a los presuntos organizadores del levantamiento, el gobierno anunció una reorganización de la policía, las fuerzas de seguridad y los medios públicos, a quien se señala como silenciosos cómplices del ataque.
Medios
La noticia de la destitución por decreto de la dirección de todos los medios de comunicación públicos brasileños estallo el fin de semana pasado. Glen Valente, ex presidente de la empresa, y una segunda línea compuesta por los militares Roni Baksys y Márcio Kazuaki, el director de Operaciones, Pedro Marcos Boszcovski, y la consejera Sirlei Batista, fueron desplazados como consecuencia del tratamiento que la agencia de noticias Agencia Brasil, TV Brasil y la emisora Radio Nacional, realizaron de la toma de los tres poderes públicos en Brasilia del pasado 8 de enero.
Folha de Sao Paulo destaca que, mientras la mayoría de medios de comunicación brasileños se refería a los simpatizantes bolsonaristas como “golpistas”, los medios públicos mantenían el término “manifestantes”. Y es que la dirección de estos medios seguía en manos de funcionarios nombrados por el anterior presidente: el cargo ahora recae en la periodista Kariane Costa como presidenta de la Empresa Brasileña de Comunicación, que llevará adelante un proceso de reorganización.
Ejercito
El general Júlio César de Arruda, comandante del Ejército, se apuso al arresto de los simpatizantes que acampaban en las puertas de uno de los cuarteles en Brasilia, para intentar incorporar a los militares en un intento de golpe de Estado. Y ya ha sido desplazado. "Aquí no arrestarás a la gente", lo habría frenado De Arruda al ministro de Justicia, Flávio Dino, según dos funcionarios presentes citados por el diario The Washington Post. Cuenta el periódico estadounidense que "cuando altos funcionarios de la administración Lula llegaron al cuartel general del Ejército el domingo por la noche con el objetivo de garantizar la detención de los insurgentes en el campamento, se encontraron frente a tanques y tres líneas militares".
“Según funcionarios del gobierno de Lula, ese acto dio tiempo a cientos de simpatizantes para escapar del arresto, y es uno de varios indicios de un patrón preocupante que las autoridades ahora están investigando como evidencia de una supuesta colusión entre militares y policías y los miles de alborotadores que invadió las instituciones", agrega The Washington Post, que señala que el Gobierno de Da Silva también denuncia que la Policía ignoró las alarmas que antecedieron al ataque en Brasilia. Según el diario, "la inacción y confraternización de la policía cuando comenzaron a ingresar a los edificios, y la presencia de un alto mando de la policía militar", son indicios de un ataque planificado.
Bolsonaro
La detención de Anderson Torres, exministro de Justicia de Jair Bolsonaro, cierra el círculo sobre el ex presidente, ahora investigado por el violento asalto a las sedes de los poderes del Estado en Brasilia el 8 de enero. El ex comisario Torres era el designado secretario de Seguridad de la capital brasilera, cuando miles de personas arrasaron el domingo 8, las sedes del palacio presidencial, el Congreso y la Corte Suprema, una semana después de la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva.
"Fue preso al desembarcar en el aeropuerto de Brasilia y encaminado para custodia, donde permanecerá a disposición de la justicia", informó la Policía Federal que ejecutó un operativo hermético en el Aeropuerto Internacional Juscelino Kubitscheck. El ministro del Justicia de Lula, Flavio Dino, señaló que Torres, en su condición de secretario de Seguridad Pública de Brasilia, desmontó la cúpula de la Policía Militar días antes del aluvión golpista, separando de sus cargos a los oficiales especializados en grandes eventos públicos
Y un proyecto para que Bolsonaro declare el "estado de Defensa", mediante el cual se intervendría la Justicia electoral y declararía la nulidad de los comicios en los que fue electo Lula, fue encontrado en su residencia por la Policía Federal. Según Dino, ese documento es apenas un "eslabón" dentro de una cadena de iniciativas golpistas que apuntan contra el ex presidente: el juez Alexandre de Moraes, analiza enviar un interrogatorio a Bolsonaro, de vacaciones en Orlando, Florida, tras incluirlo como investigado en el proceso sobre los ataques en Brasilia.
Celac
La vuelta de Lula a la Celac es la visita más importante en de la cumbre en Buenos Aires que preside Alberto Fernández, más allá de las polémicas por la llegada al país de Nicolá Maduro. El brasilero genera consensos y tiene el poder para aglutinar a la región, marcando un nuevo rumbo, quizás más equilibrado.
Pero Lula no tiene interés en la Celac. Su prioridad es Sudamérica, para ordenar el Mercosur y potenciar el comercio. No le interesa la pulseada con el mexicano Andrés Manuel López Obrador, que la Celac para sus propios intereses: rivalizar con Estado Unidos, y bajar una línea ideológica, como lo hizo en la crisis peruana en defensa de Pedro Castillo.
Lula en la vereda de enfrente apoyó a Dina Boluarte frente a quienes piden su renuncia, con clara lógica tras las marchas destituyentes a Brasilia. El brasilero busca una posición media que le permita poder terciar con el Uruguay de Luis Lacalle Pou o el Chile de Gabriel Boric por igual.
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