La presidenta peruana, Dina Boluarte, quien encabeza desde la destitución de Pedro Castillo el gobierno, instó al Congreso a aprobar el adelantamiento de las elecciones generales. Pero el parlamento rechazó la reforma constitucional para celebrar comicios en diciembre de 2023. Un giro mezquino para evitar poner en juego sus propias bancas, lo que acrecienta el descrédito de la política en un país que ha visto repetidos casos de corrupción en media docena de sus últimos presidentes.
“Exijo que se reconsidere la votación para adelantar las elecciones”, insistió Boluarte, criticando a los congresistas que se habían abstenido de votar. La ex vicepresidenta entiende que no tiene el apoyo para completar el mandato de Castillo: han estallado las protestas y unas 22 personas han muerto como consecuencia. Boluarte respondió a los manifestantes que pedían su renuncia que ella había hecho su parte, y que los ataques “no resuelven el problema”.
Algunos de sus ministros, que habían jurado hace apenas una semana, anunciaron su renuncia mediante tuits. La ministra de Educación, Patricia Correa, y el ministro de Cultura, Jair Pérez, dimitieron el viernes, acusando las muertes durante los disturbios. “Esta mañana presenté mi carta de renuncia al cargo de ministra de Educación. La muerte de compatriotas no tiene justificación. La violencia estatal no puede ser desproporcionada y causar muerte”, escribió Correa en su cuenta de Twitter.
Las protestas desde el arresto del expresidente Castillo, quien se encuentra en prisión preventiva mientras enfrenta cargos de rebelión y conspiración, han paralizado el sistema de transporte de Perú, cerrando aeropuertos y bloqueando carreteras. En consecuencia, Boluarte anunció el estado de emergencia, otorgando poderes especiales a la policía y limitando el derecho de reunión.
“Queremos el cierre inmediato del Congreso; queremos la renuncia de Dina Boluarte”, reclamó René Mendoza, uno de los que marchan en apoyo a Castillo. “Hoy el pueblo peruano está de luto… Todo el Perú está en lucha”, agregó. "Cerremos el nido de ratas del Congreso", sumó otro de los manifestantes, en contra de un parlamento que ha tenido, según analistas afines al ex presidente, una marcada actitud golpista.
La Corte Suprema refrendó la decisión del Congreso, y dispuso la prisión preventiva de 18 meses para Castillo, mientras es investigado. El presidente no reconoce haber actuado mal, y sostiene que sigue siendo el presidente legítimo del país. Pero su intento de cerrar el Congreso y gobernar por decreto, marcaron su final, tras encabezar un gobierno que nunca estuvo a la altura de lo que Perú requería para volver a confiar en la política.
Escenario
El país viene de una década de agitación política, con múltiples líderes acusados de corrupción, frecuentes intentos de juicio político, y mandatos presidenciales interrumpidos. Y las salidas del gabinete agigantan las dudas sobre la longevidad del gobierno de Boluarte, quien asumió el 7 de diciembre y una semana después pedía dar un pronto paso al costado.
Uno que podría terminar también en juicio por incapacidad: la Defensoría del Pueblo peruano ya presentó una denuncia penal para determinar la responsabilidad de la dirigencia en las muertes en Ayacucho, donde unas 52 resultaron heridas cuando se enfrentaron con soldados -expuestos en las redes sociales- que disparando balas reales.
“Se inició un tiroteo acompañado de helicópteros que comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas”, relató a la radio nacional peruana la defensora de los derechos humanos, Eliana Revollar, en referencia al uso de armas de fuego cuando los manifestantes invadieron el aeropuerto. El gobierno regional de Ayacucho exigió en un comunicado el “cese inmediato del uso de armas de fuego… contra nuestro pueblo”, y culpó de las muertes a la presidenta Boluarte y a los ministros de Defensa e Interior.
“Necesitamos paz en Ayacucho. Hemos tenido mucho dolor en los años ‘80 y ‘90 y no podemos permitir que nuestra gente siga muriendo”, reclamó el gobernador Carlos Rúa: la región andina estuvo en el epicentro del brutal conflicto del estado con el grupo rebelde Sendero Luminoso en el que murieron casi 70.000 personas. “Tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de decretos que, al final, van a generar más muertes”, agregó Rua.
Reclamos
La ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, marcó en el inicio de la pasada semana que se reunirá con el Alto Comisionado de la ONU para transmitir el compromiso del gobierno con el orden democrático. Naciones Unidas expresó "profunda preocupación" por los informes de muertes y detenciones de menores en las manifestaciones. “Expresamos nuestra grave preocupación por el aumento de la violencia en Perú y lamentamos profundamente la muerte de personas”, marcó la ONU en un comunicado. Boluarte se apresuró a enviar 16 ministros a diferentes regiones del país en un esfuerzo por abrir el diálogo y calmar a los manifestantes.
“Ni la violencia ni el radicalismo acabarán con un gobierno legal y legítimo. No hay lugar para el miedo, sino para el coraje, la unidad y la esperanza de un país que merece más de sus políticos”, apuntó Boluarte que instó a los legisladores a “tomar las mejores decisiones para acortar los plazos y hacer las reformas necesarias”. El congreso peruano finalmente votó adelantar las elecciones para abril de 2024. Pero subsiste la duda si Boluarte podrá llegar hasta esa fecha.
Clara ceguera frente al clima en las calles. “Lo que tenemos es una polarización entre dos bloques de personas, algunos que no necesariamente están con Castillo pero aparentan estarlo… porque se oponen al congreso”, explicó Omar Coronel, profesor de sociología en la Pontificia Universidad Católica de Perú. Un Castillo que representó el enojo con la política tradicional que subsiste y se acrecienta.
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