Hace una semana, el FBI allanaba la propiedad de Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump. Los hallazgos de documentos altamente clasificados pusieron en el centro de atención la Ley de Registros Presidenciales de 1978, una norma que la derecha republicana conoce y minimiza. Y sin embargo podría terminar con el magnate condenado.
Las transgresiones de Trump se emparentan con las de Richard M. Nixon. Tras un manejo impropio del ex presidente de documentación clasificada, el Congreso legisló que los registros presidenciales pertenecen al pueblo, no al titular del cargo: desde la fundación de Estados Unidos hasta la década de 1970, los presidentes consideraron sus documentos como propiedad privada.
La supervivencia de los registros presidenciales se basó inicialmente en la suerte y las circunstancias. Cuando la cabaña de William Henry Harrison se quemó en 1840, también lo hicieron la mayoría de sus papeles. Abraham Lincoln dejó sus registros a su hijo, quien los conservó hasta después de la Primera Guerra Mundial. Florence Harding, la esposa del presidente Warren G. Harding, quemó “prácticamente todas” sus cartas. Pero William Howard Taft, por el contrario, mantuvo un inventario completo de sus materiales presidenciales.
Y no fue hasta Franklin D. Roosevelt que un presidente tomó una decisión prospectiva sobre sus materiales. Roosevelt decidió depositar sus registros en una biblioteca presidencial en Hyde Park, Nueva York, para la que proporcionó personalmente el terreno. Y declaró que su biblioteca era “un acto de fe” en el pueblo estadounidense para “aprender del pasado”, y delegó la responsabilidad de la gestión al Archivista de los Estados Unidos.
Este modelo se afianzó, y se plasmó en la Ley de Bibliotecas Presidenciales de 1955. Pero la norma solo alentaba a los presidentes a donar sus materiales a una biblioteca presidencial. No los obligó a hacerlo, hasta que los registros presidenciales llegaron a la conciencia nacional en julio de 1973 cuando el asistente de Nixon, Alexander Butterfield, desnudó la existencia de un sistema de grabación secreto dentro de la Casa Blanca.
Legislación
La revelación provocó caos en el equipo de la Casa Blanca, que no sabía que Butterfield iba a confesar este hecho, y el destino de las cintas se convirtió en un asunto de interés nacional.
Cuando el fiscal del Watergate, Archibald Cox, pidió las cintas, Nixon se negó a cumplir, aludiendo que las grabaciones eran de su propiedad personal. Aliados de Nixon abogaron por que el presidente las quemara. Pero se negó, creyendo que las grabaciones lo exonerarían, y estuvo de acuerdo con el consejo de su jefe de gabinete, Alexander Haig, de que destruirlas crearía una “impresión de culpa”.
Nixon publicó las transcripciones, pero se negó a entregar las grabaciones originales hasta que la Corte Suprema dictaminó: “que la afirmación generalizada del privilegio del presidente debe ceder ante la necesidad específica y demostrada de evidencia en un juicio penal”. La eventual divulgación del contenido de las cintas expuso que Nixon participó activamente en el encubrimiento del Watergate y selló su destino.
En septiembre de 1974, un mes después de la renuncia de Nixon, el senador Gaylord Nelson presentó la Ley de Preservación de Grabaciones y Materiales Presidenciales. Que formó parte a su vez de una legislación que buscó transparentar al gobierno ante el público y “purgar de los excesos de secretismo que marcaron el sórdido encubrimiento de Watergate”, en palabras del diputado William S. Moorhead. Secretos sobre la guerra de Vietnam y Camboya, y las actividades ilegales de la CIA, fueron desde entonces revisadas por legisladores. Un antecedente que encierra a Trump.
Evidencia
Los agentes del FBI incautaron 11 juegos de documentos clasificados en la casa del ex presidente en Mar-a-Lago, el club de playa en Florida, según fuentes judiciales. Incluido material sensible relacionado con armas nucleares, informó The Washington Post.
Los documentos incluían tres archivos "confidenciales" y tres juegos de carpetas "secretas".
Otro conjunto de documentos estaba etiquetado como "Varios clasificados TS / SCI". Esta información confidencial “podría dañar la seguridad nacional”, claman los demócratas, que han buscado desde hace tiempo argumentos para ir contra Donald Trump y los suyos.
Para los republicanos, es otro intento de proscipción: el equipo de Trump insiste en que desclasificó todos los documentos encontrados en Florida antes de abandonar la Casa Blanca.
Pero dicha información estaría también protegida por una ley diferente, la de Energía Atómica. Y la investigación del FBI señala que Trump podría haber violado también la ley de espionaje, que conlleva una pena de prisión de hasta 20 años. Y una persona condenada por violar esta norma tiene prohibido ocupar nuevamente un cargo federal.
Así pasó ya con David H. Petraeus, director de la CIA durante la administración Obama, y Samuel R. “Sandy” Berger, asesor de seguridad nacional durante la administración Clinton. Ambos demócratas se declararon culpables de cargos menores por sustracción ilegal de documentos secretos y quedaron libres.
Trump podría apelar al mismo trato. Pero se auto excluiría de la carrera electoral para 2024 y reconocería que obró por fuera de la ley, lo que dañaría su legado y la prédica de una casta paraestatal en su contra, el argumento que hoy enarbola su defensa.
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