Sería presuntuoso pretender hacer un análisis de la situación de la última semana en Chile. Los hechos han sobrepasado cualquier expectativa que teníamos del país y todavía en proceso, no permiten tener la distancia necesaria para dar un diagnostico con bajo margen de error.
Hay, sin embargo, ciertas certezas. Y la primera de ellas, por la negativa, es que los hechos de violencia extrema que se registraron en la última semana no configuran una protesta ciudadana masiva que persigue manifestar un malestar generalizado, que lo hay. Los bocinazos, cacerolazos y demás formas de agitación que hemos visto no son un fenómeno masivo como para hablar de protestas de la ciudadanía en su conjunto. La explicación oficial de la izquierda, que lo visto y vivido es producto del “descontento” general no resiste análisis. Siempre hay descontentos y no por ello se vive en crisis. Siempre hay gente que pierde el trabajo, endeudados, rezagados, amargados, y no por ello explotan estaciones de subtes todos los días. Solo la Región Metropolitana en Chile tiene cerca de siete millones de habitantes y en las plazas emblemáticas, de Ñuñoa o Baquedano, se han logrado reunir como máximo 30.000 personas. En todo caso, el descontento de parte de la población – que no supera al 1,8 al 2% - operó a modo de combustible pero no es su causa.
Tampoco se trata de una suma de actos de vandalismo, que también los hay; los incendios de las estaciones de metro, supermercados, edificios corporativos, peajes y tiendas han sido hechos de manera planeada, organizados profesionalmente, premeditados al punto de tener en reserva y a disposición cientos de litros de aceleradores químicos que facilitan la quema de una estación de subte, de otra manera difícil de lograr ante la ausencia de suficientes materiales facilitadores de la combustión. Que los episodios se hayan registrado a la misma hora en distintos puntos hace pensar que no se trata del extremismo lumpen y marginal que a la salida de un partido de futbol y por un resultado adverso rompe las vidrieras del vecino.
Ni siquiera los saqueos son el corazón de este cuento sino el resultado natural que sucede cuando, una vez roto el orden institucional, ciertas personas que no tienen internalizado el valor de la propiedad privada, el respeto a los derechos del otro, etc. roba y saquea aprovechándose del anonimato y del pánico generalizado de los primeros momentos. Estos episodios ya se habían registrado después del 27F, fecha del terremoto del 2010 que azotara principalmente a la región del Biobio.
Lo que está ocurriendo en Chile, desde el viernes en la noche pero con antecedentes en el martes pasado cuando unos pocos miles de estudiantes secundarios y universitarios llamaron a la evasión del pago del pasaje de metro, es un ensayo general de insurrección a nivel nacional, planeado, organizado y dirigido con semanas de anticipación, con participación de profesionales revolucionarios a los que se suman vándalos ocasionales, con la ayuda o connivencia de otras asociaciones políticas más tradicionales y con el objetivo de hacerse del poder. Recordemos que ante una renuncia o destitución del Presidente Piñera el gobierno queda en manos del Presidente del Senado, el chavista Jaime Quintana. De hecho hace un día la diputada comunista Pamela Jiles anunció la preparación de una acusación constitucional contra el presidente de la República que termina precisamente allí.
Condicionantes de la actual situación. Resulta que el primer problema de la vida en común, en cualquier sociedad, es canalizar la violencia de los grupos organizados o no organizados. Solo resuelto esto es posible dedicarse a actividades productivas, a la familia, a las artes, a la literatura. No hay vida civilizada sin canalización de la violencia. Sociológicamente el estado es la organización que detenta el monopolio de la violencia física considerada legítima para que no tengamos que ser violentos cada uno de nosotros en la defensa de nuestra vida, libertad o propiedad. Para esto existen las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas, porque sin orden y seguridad no hay vida en común posible. El gobierno de Sebastián Piñera ha mostrado en este sentido una completa debilidad e incapacidad para resguardar el orden público. Desde hace años este problema venia manifestándose en la Araucanía, donde el estado de derecho había dejado de regir. Hace largos meses ya en los liceos emblemáticos los estudiantes arrojaban bombas molotov, quemando rectorías y decanatos también sin consecuencias. No existía ninguna razón para que no se extendiera la violencia a otras regiones, en este caso, a casi todo Chile. La credibilidad del gobierno como institución capaz de gobernar se derrumbó y con ello el orden social basado en el respeto a los valores, principios y leyes cuya existencia depende de un órgano ejecutor capaz de usar la fuerza pública para hacerlos cumplir.
Tal es la debilidad del presidente que el sábado, menos de 24 horas de escalado el conflicto, decide volver atrás con lo que había sido el detonante, la suba de 30 pesos chilenos (2, 40 pesos argentinos aproximadamente) y dejarla sin efecto, sin ver que esto era solo el pretexto pero no la cuestión central, y por lo mismo, no resolvía nada. A la par pide perdón por las medidas tendientes a restablecer tardíamente el orden como si hacerlo fuese el delito, y no lo fueran los hechos que estaban ocurriendo en ese momento.
Medidas tardías que no tienen efecto precisamente porque los manifestantes están seguros - y con razón - que el gobierno no está dispuesto a usar la fuerza pública contra ellos por pánico a que caiga una gota de sangre o que puedan ser acusados de mano dura o de fascistas, trauma que afecta a toda la centro derecha desde el golpe militar de 1973. La salida a la calle de los militares fue una puesta en escena coreográfica a la que la gente no le tiene miedo porque están convencidos, otra vez con razón, que la fuerza pública está atada de manos sin el respaldo político del gobierno que apoye su autoridad.
Por otra parte la centro-derecha en Chile tiene una larga historia de culpabilidad. Detrás del desplome de credibilidad e impotencia del gobierno, está el desmoronamiento del orden institucional como se lo conoce, en el marco de un proceso de años en que se lo fue deslegitimando ideológicamente, fundamentalmente a la justicia a través de la toma institucional de personas afines a las ideologías marxistas y anarquistas, y frente a la inacción de la derecha política chilena que, a pesar de haber tenido logros sociales importantes en términos relativos y considerando de donde venía el país, siguió sintiéndose en deuda y acomplejada. Con más votos que la izquierda, asumió como rasgo ideológico esencial su inferioridad moral. Y como no cree en sí misma, renuncia a difundir y defender lo que es, porque en realidad ha renunciado a ser y prefiere vivir de alquiler de las ideas ajenas.
Las consecuencias de estos días van más allá al daño de la infraestructura material y a la economía futura. Las empresas chilenas están en condiciones de reconstruir lo destrozado y poner en funcionamiento el sistema en cuanto se restaure el orden y la tranquilidad – al día miércoles sigue el toque de queda - incluyendo los componentes más complicados del sistema, principalmente el transporte público. Por otra parte el país no está en desequilibrio económico que haga prever una crisis económico financiera que lo paralice o afecte profundamente en el corto o mediano plazo.
El placer de la comunión tribal de quienes participaron en estas jornadas de violencia contra el capitalismo, contra el gobierno de Piñera, contra un sistema democrático en el que cada vez tienen menos votos, no deja de ser una especie de carnaval de la izquierda que nada tiene que ver con verdaderas protestas masivas como se veían en Teherán en tiempos del Shah. De modo que tampoco se estaría viendo una izquierda que en las urnas vaya a arrasar con votos. Más aún, seguramente habrá de perderlos a manos de sus componentes más violentos.
El problema es que en este día a día en el que los acontecimientos toman nuevas características y en el que ha aparecido con fuerza ahora la fase política, la invitación a los líderes de la oposición para armar la “Agenda Social de la Unidad” - con una izquierda autoexcluida – suena a una rendición del programa de gobierno y de las ideas que lo apoyaban, a punto que el presidente de la Democracia Cristiana habló de enmendar completamente todos los proyectos de ley en carpeta, o, lo que es igual, pidió la transferencia del poder de gobierno a oposición. De continuar por este camino a la dirigencia política le cabrá como mucho una victoria pírrica o, lo que es lo mismo, una victoria que será su próxima derrota pues nada se logra de desmantelar instituciones y reescribir constituciones para acomodarlas a los antojos de turno. En el medio de todo esto aparece una penosa sensación de déja vu, porque Chile ya se descarriló una vez por la vía de la polarización y el enfrentamiento. Ojalá que esta grave crisis permita redefinir las coordenadas fundamentales de la política chilena pero en serio y con coraje, como lo hizo Charles de Gaulle en el mayo del ´68. Abrirle de par en par las puertas a los populistas, con su retórica que agita antagonismos y sus soluciones simples a problemas complejos, sería una tragedia no sólo para Chile sino para toda América Latina. Y entonces no cabría sino darle la razón a Santayana: “Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo”.
*Abogada, PhD(c) en Economía. Editora y columnista de El Líbero (Chile).
por Eleonora Urrutia
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