El acuerdo con el FMI y el imposible rompecabezas oficial

Para Cristina Kirchner y los suyos, todo es muy sencillo: hay que asegurar por los medios que fueran que la oposición pague buena parte de los costos políticos del ajuste que, a menos que Alberto Fernández opte por tirar la toalla, su propio gobierno tendrá que administrar. Tendrá que hacerlo no porque el Fondo Monetario Internacional está torciéndole el brazo sino porque la economía misma lo exige. Aunque es factible que algunos kirchneristas, como el ex titular del bloque de diputados oficialistas que, emulando a su madre, justificó epistolarmente su conducta, están sinceramente convencidos de que no es necesario ajustar nada y que si no fuera por el FMI el país crecería a una velocidad que asombraría hasta a los chinos, los más cuerdos entenderán que convendría tomar en cuenta la desafortunada realidad económica y desistir de intentar curar todos los males sociales con dosis crecientes de inflación. Sin embargo, son muchos los oficialistas que están tan comprometidos con el relato extravagante que se ha confeccionado que la sensatez les parece insoportablemente reaccionaria.

Al renunciar al cargo que ocupaba sólo por ser el primogénito de Cristina, el rentista multimillonario Máximo Kirchner se posicionó para cumplir el rol de paladín de los perjudicados por los cortes que a buen seguro vendrán. Sucede que, tal y como se perfilan las cosas, son muchos los kirchneristas que quisieran que la oposición se encargara de la maldita crisis económica para que la aprovecharan tirando piedras al Congreso y organizando marchas de repudio multitudinarias. Huelga decir que les encantaría que Alberto tratara de ampliar su agrietada base de sustentación reemplazando a los incondicionales de Cristina por integrantes de Juntos por el Cambio en un esfuerzo por formar un “gobierno de unidad nacional”. En vista de la situación imperante una maniobra así sería lógica, pero los líderes opositores prefieren permanecer en la vereda de enfrente. Lo mismo que Alberto, son prisioneros del rígido sistema presidencialista inspirado en el disfuncional esquema norteamericano que tanto ha contribuido a la decadencia del país.

El gran problema que la Argentina enfrenta no es la deuda sino el hecho de que, con la eventual excepción de algunos especuladores financieros y aventureros geopolíticos, nadie en sus cabales quiere prestarle un centavo al Estado nacional. Si no fuera por la desconfianza que tantos sienten, la deuda pública no plantearía demasiadas dificultades; según las cifras disponibles, es de aproximadamente el l00 por ciento del producto bruto, mientras que la de Estados Unidos se acerca al 140 por ciento, la de España es del 120 por ciento y aquella del Japón, el campeón mundial en la materia, supera el 260 por ciento. Puesto que tales países son considerados solventes, están en condiciones de manejar sus deudas respectivas.

Así, pues, la pregunta clave es: ¿ayudará el preacuerdo borroso con el FMI que festejaron Alberto y sus colaboradores a restaurar confianza en el futuro del país? Por desgracia, no hay muchos motivos para creerlo. Si es tan innocuo como dicen los voceros oficiales, sólo habrá servido para posponer por algunos meses la catástrofe que hace apenas una semana pareció inminente o, a lo mejor, para dejar que la Argentina siga flotando indefinidamente en el limbo. Y sí, como da a entender la número dos del FMI, Gita Gopinath, es un tanto más exigente de lo que el gobierno quisiera hacer pensar e incluye un compromiso a subir las tarifas energéticas en zonas que son políticamente sensibles, continuará ampliándose el abismo que separa a los relativamente pragmáticos Martín Guzmán y Alberto de los ideólogos K, encabezados por la mamá de Máximo, que subordinan absolutamente todo a sus abstracciones favoritas y fantasean con una ruptura dramática con el mundo desarrollado que, mal que les pese, es y seguirá siendo capitalista.

De más está decir que cualquier plan, programa, hoja de ruta o proyecto serio tendrá que basarse en la conciencia de que la economía argentina sufre de gravísimas deficiencias estructurales. Así las cosas, fingir estar convencido de que sólo se trata de algunas distorsiones menores que podrían corregirse sin aplicar medidas antipáticas es peor que inútil. Es merced a la negativa a asumir las dimensiones del desastre que protagonizaba que la Argentina es uno de los pocos países que se las ha arreglado para depauperarse en las décadas últimas. Por tentador que haya sido para muchos gobiernos el facilismo o, si se prefiere, el gradualismo, la triste realidad es que, al postergar un esfuerzo auténtico por resolver ciertos problemas fundamentales con la esperanza de que la oposición de turno termine pagando todos los previsibles costos políticos, sólo se ha asegurado que más gente cayera en la miseria.

Para el FMI -es decir, en efecto, “el mundo”-, la Argentina es como un alumno supuestamente talentoso pero díscolo que, por razones que dejan perplejos a los psicólogos consultados, se niega a aprender. Cuando los pedagogos internacionalmente acreditados tratan de enseñarle algo, reacciona con furia, insiste en que ya sabe todo y que por lo tanto el conocimiento acumulado por los demás países no le interesa. En los medios extranjeros más prestigiosos, entre ellos The Economist, que ve a la Argentina como un gran manicomio dominado por delirantes y The Washington Post, que la toma por un adicto al dinero ajeno, con el FMI en el papel del narco amigo, que es capaz de arrebatar cualquier dólar que anda suelto sin tener la menor intención de devolverlo, la tratan como un país ni-ni que, lo mismo que una proporción creciente de sus habitantes jóvenes, ni estudia ni trabaja. Puede que tales análisis sean malévolos, despectivos y pasan por alto el que es injusto aplicar el estereotipo a todos, pero la frustración que reflejan es comprensible. Para el resto del mundo, el caso argentino es una advertencia alarmante de los riesgos que corren sociedades autoindulgentes que se permiten gobernar por personajes reacios a tomar decisiones que podrían perjudicarlos políticamente.

¿Está acercándose a su fin esta tradición indigna? Dependerá de la voluntad de los oficialistas y opositores más conspicuos a aceptar que no habrá ninguna salida fácil del pantano viscoso en que el país se metió hace mucho más de medio siglo. De continuar miembros del ala presuntamente racional del gobierno tratando al FMI como un enemigo que por motivos circunstanciales se ven obligados a apaciguar, procurarán encontrar excusas para no cumplir sus promesas, apostando a que sean otros los encargados de hacerlo si, como se prevé, el estado de la economía sigue deteriorándose.

Dicha estrategia tendría sentido si lo único que importara fuera “la pelea” con el FMI, pero sucede que se trata de un tema menor en comparación con el desafío gigantesco planteado por la economía misma. Aun cuando los técnicos cosmopolitas del organismo fueran sujetos tan execrablemente malignos y despistados como suponen Cristina y sus admiradores, ello no querría decir que para castigarlos y enseñarles que sus recetas son perversas valdría la pena permitir que el país se arruinara. Antes bien, la mejor manera de ponerlos en su lugar sería emprender un programa de reformas que sea muchísimo más duro que el insinuado en el memorándum de entendimiento que el gobierno rubricó.

La prioridad del FMI es impedir que la implosión a cámara lenta de la Argentina provoque más daños al maltrecho sistema financiero mundial. Habrá sido en parte por tal razón, y en parte porque a Kristalina Georgieva y los técnicos que la rodean no les gusta ser acusados de empobrecer a países en apuros, que sus autoridades se resignaron a firmar un preacuerdo tan desdentado como el conseguido por el presidente y el ministro de Economía. Lo mismo que sus interlocutores, los encargados del FMI optaron por prolongar el statu quo, acaso con la esperanza de que la realidad representada por la inflación y la escasez de recursos genuinos resulte ser más persuasiva que sus propios planteos. Al fin y al cabo, en otras latitudes los gobiernos ajustan no porque ciertos teóricos “ortodoxos” crean que es bueno hacerlo sino porque saben muy bien que negarse a reducir los gastos del Estado tendría consecuencias decididamente nefastas.

En términos generales, las opciones frente al país son dos. El gobierno de Alberto podría intentar impulsar algunas reformas económicas urgentes por creerlas imprescindibles, si bien diría que es lo que exige el FMI, con la esperanza de que en 2023 lo apoye un electorado agradecido o, en el caso de que ganara un opositor, tendría la satisfacción de saber que le tocará a él hacer el “trabajo sucio”. Demás está decir que un programa reformista auténtico enojaría todavía más a los incondicionales de Cristina que el preacuerdo que tanto molestó a Máximo, pero por lo menos haría posible que el país comenzara a recuperarse de sus heridas auto-infligidas. En cambio, más de lo mismo, con mucha sarasa y vamos viendo, sólo serviría para profundizar las dolencias que mantienen postrada la Argentina, además de entrañar el riesgo de que una convulsión social modifique radicalmente el escenario bien antes de llegar las jornadas electorales que los políticos ya tienen en la mira porque, desde el punto de vista de demasiados, el poder que emana de las urnas es lo único que realmente importa.