En los países democráticos, se ha ampliado tanto la brecha entre las expectativas a primera vista razonables de la mayoría y las posibilidades reales que virtualmente todos los partidos gobernantes tienen buenos motivos para temer verse masacrados en las urnas. Es lo que acaba de suceder en el Reino Unido. A menos de dos años de anotarse un triunfo histórico en las elecciones generales, el Partido Laborista del primer ministro Keir Starmer sufrió una derrota devastadora en las municipales de Inglaterra en que perdió, sumados, 1496 concejales, y en las parlamentarias de Escocia y Gales.
Aunque el laborismo tiene derecho a seguir gobernando las islas hasta el 21 de agosto de 2029, se ha debilitado tanto que no sorprendería que cayera en pedazos bien antes del día fijado por la constitución no escrita británica. Como suele suceder en situaciones como ésta, en la cima del poder se ha desatado una interna frenética en que miembros del gabinete y diputados culpan a Starmer, un personaje notoriamente insulso y robótico, por el desastre y piden que el gobierno que aún encabeza tome medidas fuertes para reconciliarse con los votantes. Pocos creen que los cambios que tienen en mente servirían para mucho.
Según los resultados de las elecciones locales y las encuestas de opinión, el partido Reform UK, que suele ser estigmatizado como “ultraderechista” y “populista”, de Nigel Farage es por lejos el más popular de los existentes, superando por un margen notable al laborismo y conservadurismo que, desde mediados del siglo pasado, han dominado conjuntamente el mundo político británico. Sin embargo, aunque no cabe duda de que Reform ha sabido aprovechar muy bien la sensación difundida de que los gobiernos más recientes de los dos partidos tradicionales fracasaron de manera tan contundente que merecen desaparecer del escenario, escasean motivos para creerlo capaz de solucionar los problemas que atribulan a los habitantes del reino.
En el resto de Europa, el hartazgo con el statu quo está provocando cambios políticos muy parecidos. Ya es normal que gobiernos formados por partidos largamente consolidados se vean superados en las encuestas y, andando el tiempo, en las elecciones por rivales novedosos, que son automáticamente denunciados como “derechistas”, cuando no “neofascistas”, que se comprometen a reparar los daños ocasionados por quienes se habían acostumbrado a monopolizar el poder. Tales partidos comparten con su equivalente británico no sólo la capacidad de sacar provecho político del temor a las consecuencias previsibles de la creciente militancia islamista robustecida por la inmigración descontrolada desde el Oriente Medio y el Norte de África, sino también del desprecio generalizado por las ideas de la izquierda “woke” y del rencor causado por el deterioro constante del estándar de vida de casi todos.
De más está decir que los europeos distan de ser los únicos convencidos de que organizaciones políticas acostumbradas a gobernar han llevado sus países respectivos a la ruina y que por lo tanto hay que reemplazarlas por otras que sean radicalmente diferentes. Es lo que sucedió hace poco en la Argentina, de ahí el triunfo de Javier Milei y, claro está, algunos años antes en Estados Unidos. Con todo, aunque Donald Trump tiene admiradores en Europa, su desprecio manifiesto por casi todo lo vinculado con el Viejo Continente está levantando ampollas entre los resueltos a conservar la identidad de su propia comunidad nacional.
Para más señas, parece más que probable que la conducta personal de Trump, y su voluntad de ir a la guerra con Irán sin explicar con claridad por qué se sintió obligado a hacerlo, le esté costando el apoyo de muchos norteamericanos que hasta hace poco estaban dispuestos a respaldarlo por creerlo mejor, o menos malo, que cualquier político demócrata.
Ahora bien, mientras que para Trump ha sido bastante sencillo frenar de golpe la inmigración ilegal y expulsar a millones de personas -como en su momento hizo Barack Obama, de tal modo ganándose entre los progresistas de su país el apodo de “deportador-en-jefe”-, a los europeos que quisieran hacer lo mismo expulsando a los indocumentados, que en su mayoría son musulmanes, y presionando a aquellos que entraron legalmente para que “regresen” al país de sus antepasados, no les sería nada fácil emularlo. Además de la oposición de los partidarios de “un mundo sin fronteras” que se han atrincherado en las instituciones judiciales de los países occidentales, toparían con la resistencia violenta de islamistas bien armados que a buen seguro procurarían defender a sus correligionarios de los decididos a expulsarlos.
Es por tal motivo que algunos convencidos de que el islam es incompatible con el laicismo occidental creen que muchos países europeos podrían estar en vísperas de una guerra civil confusa al intentar los nativistas echar a los reacios a adoptar las costumbres de la sociedad anfitriona. Un método menos drástico que algunos favorecen consistiría en privar de beneficios sociales a quienes no han aportado al sistema, ya que en muchos países los inmigrantes recientes de bajo nivel educativo dependen de ellos para subsistir.
De todos modos, aunque es penosamente evidente que los problemas motivados por el tsunami inmigratorio de las últimas décadas han contribuido mucho al malestar en Europa y Estados Unidos, habrá incidido mucho más la forma en que están evolucionando las economías de los países que se consideran avanzados. Para frustración de los optimistas que creían que el progreso tecnológico terminaría beneficiando a todos, resulta que privilegia a algunos pocos en desmedro de una mayoría, que propende a hacerse cada vez más numerosa, conformada por quienes carecen de los conocimientos, aptitudes o recursos personales precisos para prosperar.
Asimismo, medidas tomadas para mejorar el desempeño del conjunto suelen perjudicar a los ya rezagados, y es habitual que los aumentos del gasto social tengan un impacto económico negativo. En campaña, es rutinario que los políticos se afirmen capaces de cuadrar este círculo particular; apabullados por la debacle electoral de la semana pasada, Starmer y los laboristas que la atribuyen a su falta de carisma juran que en adelante se esforzarán más por defender el poder de compra de sus compatriotas más pobres, pero sólo se trata de palabras vacías. Si están en lo cierto los profetas de la llamada Inteligencia Artificial, esta situación nada satisfactoria que, por cierto, no se limita a las islas británicas, se agravará exponencialmente en los años próximos, enfrentando así a gobiernos democráticos de todos los pelajes con una multitud de problemas por los cuales no tendrán respuestas.
En los países occidentales, tanto los políticos como los intelectuales hablan mucho menos de temas económicos que en el pasado y mucho más de los que pueden calificarse de culturales; la presunta persistencia de prejuicios raciales y la necesidad de que el hombre blanco se arrepienta debidamente por los muchísimos crímenes de lesa humanidad que, a juicio de los revisionistas más exaltados, ha cometido a través de los milenios y, en opinión de los feministas, las injusticias infames que sigue perpetrando lo que queda del “patriarcado” masculino.
Hasta hace relativamente poco, dominaba el debate público el conflicto entre izquierdistas que querían un orden socialista por un lado y, por el otro, los defensores del capitalismo, pero la implosión de la Unión Soviética, la transformación de China en una potencia comercial con una versión autoritaria del capitalismo en que el Partido Comunista tiene la última palabra, y las desventuras de países europeos con gobiernos socialdemócratas, hicieron que los contrarios al orden existente optaran por atacarlo desde otro flanco, de ahí la expansión muy rápido del puritanismo woke, un fenómeno que se alimenta de impulsos éticos.
Como no pudo ser de otra manera, el que este cambio haya ocurrido justo cuando cada vez más personas se ven en graves apuros económicos ha distanciado a “las elites” mayormente progresistas cuyos integrantes están mucho más interesados en la autoestima de los transexuales que en las penurias del grueso de la clase obrera y la clase media baja, de los demás.
En sociedades democráticas, es axiomático que los gobiernos tienen que contar con la aprobación popular, pero son muchos los países en que las elites políticas, académicas y mediáticas se oponen por completo a lo que está reclamando la mayoría. En el Reino Unido y el resto de Europa, muy pocos han estado a favor de la inmigración en escala masiva, pero durante décadas gobiernos convencidos de que frenarla supondría la violación de leyes internacionales relacionadas con los derechos humanos, se negaron a intentar reducirla.
Convencidos de que es mejor confiar en lo dicho por expertos que pertenecen a su propia clase que en vox populi, los arquitectos de la Unión Europea instituyeron esquemas destinados a impedir que las opiniones de la gente rasa incidieran en el manejo del “súper-estado” que construían. El déficit democrático resultante, con poder en las manos de burócratas no elegidos, hizo posible el Brexit y, a menos que los eurócratas tengan mucho cuidado, podría provocar el colapso de lo que, a pesar de todo, sigue siendo el proyecto geopolítico más promisorio del mundo actual.
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