Monday 27 de May, 2024

OPINIóN | 14-04-2024 06:50

La guerra de Milei contra la inteligencia: que mueran los intelectuales

Los ataques a la educación, la ciencia y la cultura, tienen graves consecuencias para el desarrollo económico del país.

Hace unas semanas que una imagen vuelve, una y otra vez, en una pesadilla: es el 12 de octubre de 1936, en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, en el acto conmemorativo del antes denominado Día de la Raza. El inválido y mutilado General Millán Astray —así lo llamaban algunos, porque era un inválido mutilado de guerra—, desquiciado y con su rostro desfigurado grita: “¡Mueran los intelectuales! ¡Viva la muerte!”.

Acto seguido, como en una tribuna, una turba de falangistas, con sus camisas azules, y con el brazo y la mano derecha extendida en alto hacia adelante, acompañan a coro las incitaciones del General: “¡España… una!”, “¡España… grande!”, “¡España… libre!”, seguido de abucheos, insultos y amenazas de “¡Rojo!”, “¡Traidor!”, “¡Fuera!”. Las invectivas eran dirigidas al perpetuo rector de la Universidad de Salamanca, Don Miguel de Unamuno. Una furibunda respuesta lanzada por las acusaciones hechas por el filósofo vasco a la carrera de odio y persecución del nuevo gobierno.

En las noticias nos enteramos que, en nombre de la libertad, el nuevo gobierno dispuso el cierre de TELAM, la agencia informativa del Estado, la única que llega a todo el país y de la cual se nutre a todo el periodismo público y privado. Casi al mismo tiempo, se anuncia el cierre del INCAA y la venta del cine Gaumont, única sala donde se exhibe todo el cine de producción nacional. A esto se suman los despidos de personal de la Biblioteca Nacional, los recortes en la programación del Teatro Nacional Cervantes, y la cancelación de la TV Pública y Radio Nacional, con el anuncio de su cierre, privatización y la venta de sus señales de transmisión, las únicas que llegan a todos los rincones del país.

Ya unos días antes fuimos anoticiados del desfinanciamiento del CONICET, el organismo de investigación científica argentino que, según el Ranking Shimago 2024, se ubica en el puesto 20 entre las instituciones gubernamentales de investigación de todo el mundo, y en el primer puesto de Latinoamérica. Ya han llegado los despidos. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación ha sido degradado a Secretaría bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional, y actualmente está sin actividad. Lo mismo ocurre con el Ministerio de Educación, ahora Secretaría. ARSAT, la empresa argentina de telecomunicaciones que construyó y lanzó al espacio los satélites geoestacionarios ARSAT-1 y ARSAT-2, no recibió ninguna partida presupuestaria en lo que va del año.

También supimos de la eliminación del FONID y del desfinanciamiento a las universidades públicas. La falta del envío al poder legislativo de un nuevo presupuesto 2024 para el funcionamiento del Estado, generó que éstas deban financiarse con el mismo presupuesto 2023. Debido a las devaluaciones y al incremento constante de la inflación, ello implica un presupuesto de casi un 300% menos que el anterior. Ello pone en jaque el funcionamiento de las universidades que, según informan los rectores, alcanzaría no más allá de mayo. La UBA acaba de declarar la emergencia presupuestaria. Al mismo tiempo, los ataques verbales del nuevo gobierno hacia las universidades públicas se tornan constantes.

Una guerra contra la inteligencia

“¡Mueran los intelectuales!”, “¡Comunistas!”, grita, con la cara desencajada y morada de furia el inválido. “¡Fuera zurdos!” expresan con odio sus excitados acólitos que lo vitorean y acompañan, sumando más gritos desenfrenados. Me despierto sobresaltado. No estamos en la España de 1936. Es Argentina, abril 2024. Pasaron 88 años de ese hecho. Hoy, como entonces, la cultura, la educación, la ciencia y la tecnología, pilares de cualquier sociedad que se precie de moderna, son puestas en tela de juicio por el nuevo gobierno. Es una batalla cultural, dicen distintas voces. Más bien es una guerra contra la inteligencia. Una guerra contra la educación, la cultura y la investigación, que son atacadas de manera constante, culpabilizándolas de la crisis del país.

Argentina se ha caracterizado históricamente, debido a su buena formación y cultura, por una alta capacidad de recursos humanos. Supo ser hasta hace un tiempo no muy lejano uno de los países con menor desigualdad de la región, con una nutrida clase media que progresaba gracias al gran esfuerzo personal, pero, también, por el fundamental acompañamiento de un Estado presente que le brindaba una educación pública, gratuita y de calidad, y un acceso a los bienes culturales de muy amplia diversidad. Por el gran talento y labor de sus recursos, ha alcanzado proyección a nivel internacional. Artistas, escritores y científicos argentinos lograron las máximas distinciones y reconocimientos mundiales. Premios Oscar, Premios Abel, Premios Nobel, Premios Prix Mercier, reconocimientos en las ciencias, en las letras, en la danza, en el teatro, etc., pusieron de relieve la alta formación de nuestros recursos humanos en el ámbito de la cultura y la investigación científica.

Entre los años 60 y 70 del siglo XX, el físico argentino Jorge Sábato participó en los debates que se desarrollaban sobre las políticas científicas del país. La discusión giraba en torno a la necesidad de autonomía y desarrollo de nuestro aparato productivo. El objetivo era integrar la producción científica a la importante tarea de sustitución de importaciones por productos nacionales. Por entonces se hablaba de países desarrollados y países subdesarrollados. Estos últimos condenados a depender de la importación de patentes, licencias y productos de última generación tecnológica, monopolizados por los países desarrollados. Esa dependencia era una nueva forma de colonialismo, un neocolonialismo tecnológico.

Sábato entendía que el desarrollo científico-tecnológico no podía ser visto como un lujo del que pudiéramos prescindir, ya que de él dependía el desarrollo de la autonomía del país y su crecimiento —“lujo” fue la expresión utilizada en estos días por un diputado del gobierno para referirse a la educación—. Sábato cuestionará por entonces un prejuicio tan latente como hoy: “No se puede hacer ciencia y técnica por falta de recursos”. —“¡No hay plata!”, dicen hoy desde el gobierno—. En contra de esta idea del sentido común tan remanida y falsa, Sábato señala que el principal recurso para producir conocimiento es el recurso humano.

Cerebros en fuga

Los ataques a la educación, la ciencia y la cultura, tienen graves consecuencias para el desarrollo económico del país. Por un lado, con lo que se conoce como brain drain (fuga de cerebros): el exilio económico o político de los profesionales sólidamente formados en las universidades públicas que encuentran mejores oportunidades en el exterior. En nuestro país tuvo su puntapié inicial en 1966 con la llamada “Noche de los bastones largos”.

La intervención de las universidades, la derogación de su autonomía y la persecución a docentes, investigadores y estudiantes llevada a cabo por la dictadura del General Onganía, generó que en un mismo día 1.700 profesores y científicos abandonaran sus cargos. Más de 300 se exiliarían. La persecución diezmó la capacidad científica y tecnológica argentina. El desmantelamiento de la ciencia era una condición para desmantelar, al mismo tiempo, la capacidad de autonomía económica de un país que, alrededor de los años 70, lideraba la capacidad de desarrollo industrial en la región.

Por otro lado, el ahorro del gasto —“gasto” es el término que suelen utilizar ciertos gobiernos para desatender el presupuesto en educación, ciencia, técnica y cultura— en investigación y producción científica se paga, en contrapartida, con los royalties (derechos de patentes). En este sentido, Sábato sostenía por entonces que no faltaban recursos, sino que se los gastaba generosamente en pagar el desarrollo científico-tecnológico de los demás países mediante el pago de las patentes. 

Hacia fines del año pasado, la inversión en ciencia y tecnología en nuestro país era del 0.31% del PBI, muy distante de otros países de la región, y más aún de los otros países a los que se suele denominar “desarrollados”. Según datos del Banco Mundial (2019), Brasil invierte 1,21%, Chile 0,34% y Uruguay 0,48% de su PBI en ciencia. Otros países desarrollados muestran una inversión que se triplica. Tal es el caso de Estados Unidos que invierte 3,45% de su PBI, Japón 3,26% y Alemania 3,14%. No obstante, nuestro país ha generado recursos humanos muy valorados en el exterior. Se encuentra en la treintena de países del mundo con plantas nucleares; entre los diez países que tienen satélites propios; en el puesto veinte de las instituciones gubernamentales de investigación; entre los primeros cien puestos en el Ranking QS de universidades a nivel global; y con la producción de la primera vacuna argentina contra el COVID-19. La lista es mucho más amplia.

La iniciada en 1966 no sería la última “fuga de cerebros”, pero sí quizás una de las más grandes de su historia. Luego le continuaron otras con la dictadura de 1976-1983, con el segundo mandato de gobierno de Carlos Menem, quien también desfinanció la educación —fue el tiempo de la “Carpa Blanca”—, con los recortes en ciencia y educación del gobierno de Fernando de la Rúa y luego con el de Mauricio Macri.

Desinversión es pérdida económica

Hoy, nuevamente, se retoma una senda de desfinanciamiento de la ciencia, la educación y la cultura. La cruzada ideológica del nuevo gobierno no le permite —o no quiere, o no le interesa— ver el bosque. La desinversión y pérdida de recursos humanos se traduce en pérdida económica —el valor más preciado, supuestamente, para el nuevo gobierno—. Un país que no puede asegurar a sus mejores talentos un horizonte en el cual desarrollarse profesionalmente se convierte en expulsivo, y la formación de estos es aprovechada por otros países. El descubrimiento de César Milstein —premio Nobel de Medicina, 1984— fue patentado por el Reino Unido, y Medicorp Sciences, su empresa de biotecnología, pionera en el desarrollo de pruebas para la detección del HIV, fue radicada en Montreal. Nuestro país perdió con ello no sólo recursos humanos de inigualable valor, sino también desarrollo científico-tecnológico que hubiera acarreado importantes ingresos económicos. Ejemplos como este hay cientos, o miles.

“¡Mueran los intelectuales!”, una expresión que, por el desdén que muestran hacia nuestra cultura, nuestra educación y nuestra ciencia, bien podría haber sido dicha por casi cualquiera de los miembros del nuevo gobierno, no significa otra cosa que “¡Muera la Argentina!”. Parafraseando lo que en otra oportunidad había señalado Bernardo Houssay, —premio Nobel de Fisiología y Medicina, 1947— promotor de la creación del CONICET y su primer presidente: “la ciencia [la cultura y la educación] no es cara; cara es la ignorancia”.

 

* Doctor en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Profesor Titular de Filosofía e investigador de la Universidad de Buenos Aires. Profesor invitado de las universidades de Zaragoza y Granada (España).

por Gastón Beraldi

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