En el corazón de todo sistema electoral se encuentra la mesa de votación. Es allí donde cada ciudadano expresa su voluntad, donde se califica la validez de cada voto, y donde comienza el proceso de contabilización de estos. No es erróneo afirmar, entonces, que, sin conocer estos resultados individuales, no se puede evaluar el resultado general.
Más allá de estos conocimientos básicos, la transparencia en el proceso electoral, entendida como el acceso de las partes interesadas a conocer los mecanismos de organización de la elección y tratamiento de los datos de resultados electorales, es esencial para garantizar su integridad y, por ende, su legitimidad.
Las actas de cada mesa cumplen tres funciones cruciales: certifican los resultados para el cómputo total, prueban la veracidad del conteo mediante firmas de autoridades y fiscales, y permiten a las agrupaciones políticas verificar, por comparación, la precisión de los datos ingresados al sistema de cómputo general. También permiten un examen mas profundo de estudio de los propios datos.
En los últimos años, se han adaptado técnicas de investigación de otras actividades para desarrollar una herramienta útil para verificar la fiabilidad de los resultados electorales: el análisis forense electoral.
Esta metodología, introducida en Argentina por CIPPEC en 2017, utiliza técnicas estadísticas avanzadas para identificar patrones, sesgos y anomalías en los resultados electorales. Las incrementadas capacidades de procesamiento de big data, y en la actualidad, Inteligencia Artificial facilitan la realización de los análisis necesarios, para lo cual es imprescindible tener acceso a los resultados de cada mesa.
El análisis forense electoral abarca varios aspectos. En primer lugar, se estudia la cobertura del recuento, verificando que el mismo supere el 95% de las mesas. Al completar el escrutinio, se indaga si los resultados excluidos en primera instancia tienen un sesgo determinado.
Respecto de las mesas cargadas en el sistema, se estudian correlaciones entre participación y desempeño de la lista ganadora, así como entre voto en blanco y la diferencia entre las dos listas más votadas. En el primer caso en buscan de indicios de manipulación de datos para restringir la participación de alguna opción política y en el segundo para identificar alteración de resultados utilizando el voto en blanco en perjuicio de una opción.
Por otro lado, las probabilidades de que el último dígito de cada resultado individual sea cualquiera entre el 0 y el 9 son las mismas para cada uno. La frecuencia inusual de aparición de ciertos números como último dígito en los resultados, especialmente el 0 y el 5 en las sumas, puede ser un indicio de manipulación del dato.
Otra operación muy significativa es la comparación de resultados entre mesas de un mismo establecimiento o en una misma unidad geográfica. Las mesas de estos lugares deberían representar una realidad sociológica similar y, como los votantes están distribuidos alfabéticamente, el comportamiento de las mesas debe ser acorde. Las mesas cuyos resultados salen de la mediana deben ser revisadas escrupulosamente.
Esta metodología, que combina todos estos análisis, permite a autoridades electorales, partidos políticos y observadores independientes evaluar la transparencia del proceso electoral.
En las elecciones celebradas en Venezuela mediante voto electrónico la urna, además de registrar digitalmente cada voto, emite en un comprobante de papel con el voto impreso, que se coloca en una urna tradicional. La urna electrónica va totalizando resultados de la mesa y al finalizar los comicios los resultados se encriptan y transmiten electrónicamente; además, la urna imprime un acta de escrutinio que es firmada por autoridades y testigos (fiscales), y sendas copias para los partidos políticos.
Tras la transmisión de los datos de la mesa, en un porcentaje de mesas designadas por sorteo, se practica la verificación ciudadana que consiste en el recuento de los votos consignados en los comprobantes de papel y la comparación con los datos del acta electrónica. Si no ha habido discordancias en las mesas, cabe pensar que los resultados de cada una son correctos.
Los resultados generales, en consecuencia, deben ser el fruto de la totalización de los datos recibidos electrónicamente de cada una de las mesas de votación y cuyo contenido debe hacerse público.
Aquí es donde se produce un hiato en la secuencia de causalidad. Las actas electrónicas de las mesas aparecen como no objetadas, pero los resultados generales anunciados oficialmente por el CNE no se pueden “trazar” hasta su origen. Ello motivó la publicación paralela de actas, que también son oficiales, por parte de la oposición y que arrojan otro resultado general.
Estaríamos en presencia de una situación muy anómala y primitiva; la irregularidad – el delito – se habría cometido en el cómputo total, o parodia de cómputo, pero no en las mesas.
La imposibilidad de sustentar el resultado del CNE y la falta de capacidad jurídica de la oposición para declarar un resultado, más allá de la potencial capacidad probatoria de su documentación, arrojan una situación de bloqueo institucional que debe ser remediada por medios pacíficos, pero que de ninguna manera impliquen la convalidación por la vía de los hechos de la ominosa situación creada desde el CNE instrumentado por el gobierno venezolano.
*Alejandro Tullio, abogado (UNLZ), Máster en Derecho Electoral (UCLM) y Profesor de Derecho Electoral (UBA/UNSAM). Director Nacional Electoral 2001, 2016. Participó en Misiones de Observación Electoral Internacional de la OEA, UNASUR, PARLASUR y UNIORE.
por Alejandro Tullio*
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