Es necesaria una autocrítica porque desde el periodismo profesional cometimos varios errores no forzados.
El primero fue vaciar las salas de prensa de los poderes legislativos, judiciales y ejecutivos a nivel nacional y provincial. Con pocas excepciones, los principales medios evitan esos espacios de interpelación institucional, pero así nos ausentamos de vidrieras que sirven para defender la legitimidad y necesidad de nuestra labor profesional.
Donald Trump no pudo echar al periodista Jim Acosta de la sala de prensa porque era una sala llena, donde los medios la usan y le dan vida. En las salas de nuestras instituciones democráticas la vida profesional es intermitente, a veces agonizante. Las rutinas han ido apagando esos espacios, y eso tiene un efecto institucional negativo. Además, los gobiernos ningunean la sala si van pocos ministros y nunca el presidente, y solo responde el vocero.
Un segundo error no forzado fue que en medios periodísticos relevantes se consoliden voces en el límite de la profesionalidad. Son políticos con micrófono, o gestores paraoficiales de la opinión pública. Y por supuesto están los que lo hacen desde la vereda de enfrente. Así tenemos muchos comunicadores que son oficialistas antes que periodistas, u opositores antes que periodistas.
En una reciente exposición en la Academia Nacional de Periodismo, el prestigioso periodista brasileño Marcelo Beraba dijo que una clave para limitar el autoritarismo Brasil fue que los medios principales coincidan en el respeto a la cultura democrática.
Pero el periodismo de opinión emborrachó a la profesión y algunos creyeron que la opinión es un derecho del periodista. Es un derecho de todas las personas, pero con respecto a su opinión un periodista tiene más deberes que derechos.
Es lo mismo que los puños del boxeador. Todas las personas tienen derecho a defenderse en la calle, pero el boxeador tiene unas restricciones mayores que el resto de las personas.
Para opinar un periodista tiene debe subir una escalera. En el primer escalón, tiene que informarse en forma honesta, lo que significa tener conocimiento real de lo que dice cada uno de los involucrados. En el segundo, su deber es intentar entender y definir con claridad los límites de la opinión que va a expresar en la medida de su grado de comprensión, por posiblemente el poco tiempo que se tiene por la propia naturaleza del trabajo periodístico. En el tercero ya puede tomar aire y opinar. Pero, si es perezoso en subir la escalera, comete mala praxis.
En fin, el sistema funciona si un periodista hace preguntas bien informadas sobre temas de interés público, y un presidente responde. Es así de fácil.
Fernando J. Ruiz. Profesor de periodismo y democracia en la Universidad Austral.
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por Fernando J. Ruiz
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