domingo, noviembre 17, 2019

POLíTICA | 07-05-2019 15:13

Quién es el funcionario PRO que otorgó millones en subsidios a su ex empresa

Un hombre de Agroindustria aprobó fondos por $4 millones a una compañía de la que fue vicepresidente. Su descargo.

En el primer piso del anexo Jardín de la Secretaría de Agroindustria de la Nación hay un funcionario que está ambos lados del mostrador. Aprueba millonarias sumas de dinero del Estado que terminan en las cuentas bancarias de su propia empresa familiar. Se trata de Nicolás Laharrague, actual director nacional de Desarrollo Foresto-Industrial, que durante su primer año de gestión, en 2018, giró mediante un plan de subsidios un total de $ 4.018.970, 20 a la empresa Puerto Laharrague SA, una compañía de la que fue vicepresidente en la provincia de Misiones y que se dedica a la explotación forestal.

En enero de 2018, el secretario de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, eligió a Laharrague para su actual cargo. Si bien el nuevo funcionario había renunciado a la empresa Puerto Laharrague SA en noviembre de 2017, cuando se conoció su designación, los que quedaron a cargo son cuatro familiares directos suyos.

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Según el Acta de Asamblea y de Directorio con fecha 24 de noviembre de 2017, actualmente el presidente es su padre, Miguel Juan Andrés Pedro Laharrague de Gouy Darsy, el vicepresidente es su hermano, Pablo León Laharrague, y los directores titulares son su hermana, María Helena Laharrague, y Carlos Scarnichia, quien está casado con Isabel Laharrague, prima del funcionario. Además, estos mismos familiares son los dueños de las otras empresas a las que renunció Laharrague antes de asumir a la función pública: El Moconá SA, que se dedica a la explotación forestal y turística, Laharrague Chodorge SA, una sociedad que produce hojas de madera enchapadas, y Mirasoles SA, una empresa agropecuaria.

La trama. El mecanismo que utilizó Laharrague para enviarle más de 4 millones de pesos a sus familiares se relaciona con la Ley 25.080 de Promoción Forestal. Esta normativa, creada en 1999 y que a principio de 2019 tuvo una prórroga de diez años más, promociona la actividad maderera con el pago de subsidios -que no se devuelven- del 80% del costo de la actividad y de beneficios fiscales, que van desde la devolución del IVA hasta la reducción del pago de Impuesto a las Ganancias.

El Equipo de Investigación hizo un relevamiento para NOTICIAS de las resoluciones de pago de la Ley de Promoción Forestal durante 2018 y la empresa Puerto Laharrague SA fue beneficiada en tres oportunidades hasta llegar a los $ 4.018.970,20. Ese mismo año, en la Secretaría de Agroindustria se despidieron a más de 900 empleados, algunos de los cuales respondían al mismo Laharrague. Además, durante 2017 -antes de que sea funcionario- Puerto Laharrague SA había recibido otros $ 5.149.266,29 por esta misma normativa.

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Ante la pregunta de si hay un conflicto de intereses durante su gestión por el envío de una suma millonaria a su familia, Laharrague niega las acusaciones. “La empresa siempre tuvo una estructura familiar. Y antes de entrar a la función pública renuncié a todos mi cargos en Puerto Laharrague SA. Es una empresa familiar de más de cien años. Y el régimen es transparente, los que se presentan a la Ley de Promoción Forestal están inscriptos en la actividad”, se excusa.

—Pero usted es quien dirige las partidas de dinero —le señala el periodista.

—Quien paga —responde Laharrague— es la Tesorería General de La Nación. Yo no firmo las resoluciones, lo hace el secretario. Yo armo los circuitos de las áreas cuando se solicita la Ley de Promoción Forestal. Después se le entrega una remesa a la Secretaría de Agroindustria para que la Tesorería pague.

—¿Qué función cumplía en Puerto Laharrague SA?

—Mi participación en la empresa era a nivel político. Ayudaba al sector y a la cámara forestal.

—Precisamente usted fue el presidente de la Asociación Forestal Argentina (AFOA) por el Noreste y de los $ 234 millones de subsidios que se pagaron el año pasado, $ 177 millones fueron para, además de su empresa, los mayores productores del país, integrantes del directorio de AFOA como Papel Prensa, Arauco y Zeni. ¿No existe también un conflicto de intereses?

—No sé qué conflicto pueda haber, ¿quién del sector forestal no participa en alguna cámara? Son los mayores beneficiarios porque son los que más forestan.

—¿Piensa volver a trabajar en las empresas familiares cuando termine su gestión pública?

—Tendría que ver. Primero me voy a tomar unas buenas vacaciones.

—El Gobierno dice que hay que bajar el déficit fiscal y ahorrar dinero, ¿no le hubiera parecido un buen gesto que su propia empresa no reciba 4 millones de pesos?

—Puede ser... Hay que cuidar los recursos del Estado.

Polémica. La incompatibilidad es tal que la encargada de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, le envió el 14 de marzo de 2018 una nota a Laharrague en la que le advierte sobre su vinculación con las empresas familiares Puerto Laharrague SA, El Moconá SA y Mirasoles SA, además de formar parte de la AFOA, la única cámara empresarial del sector en el país. En el mismo escrito, Alonso también le pide que le envíe la fecha en la cual se había desvinculado de las empresas.

Finalmente, en diciembre del año pasado la Oficina Anticorrupción emite la resolución 34 y dice que “no se ha comprobado que Nicolás Laharrague haya incumplido las disposiciones de la normativa de ética pública -como tampoco sobre conflicto de intereses- ya que ha renunciado, con anterioridad a ingresar a la función pública, a sus desempeños laborales en el sector privado vinculados a su cargo” en las empresas mencionadas anteriormente.

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Sin embargo, Alonso no alerta en la resolución que los actuales dueños de las empresas, a las que renunció Laharrague, pertenecen a su círculo familiar más cercano: su padre, hermano, hermana y el marido de su prima. Mientras que Alonso se niega a brindar declaraciones, los voceros de la Oficina Anticorrupcion dicen, con respecto a los familiares, que “solo existiría un conflicto de intereses potencial, que se gestiona a través del deber de abstención del funcionario respecto de las empresas”. Es decir, Laharrague no debe firmar las resoluciones de pago, aunque sea el encargado de aprobar el dinero del Estado que se entrega.

Natalia Volosin, doctora en Derecho por la Universidad de Yale, dice que “delegar la firma de la resolución para que lo haga otro no resuelve el conflicto, por más que sea lo que digan las normas”. Afirma que “no está prohibido lo que hizo Laharrague porque se adecua a la Ley de Ética Pública, pero de todas formas puede constituir un delito porque el funcionario beneficia a sus propios familiares con el dinero del Estado”. “Desde el aspecto penal, este es un claro caso de negociación incompatible con la función pública”, sostiene Volosin.

por Santiago Carrillo

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