Luego de la derrota electoral de 2009, Néstor Kirchner había acuñado una frase para referirse a la oposición en el Congreso. Los llamaba “la máquina de impedir”. Esto era porque gran parte de los proyectos que se enviaban a la Cámara de Diputados o al Senado resultaban imposibles de tratar porque la oposición los bloqueaba. En Diputados se había formado un bloque que se conoció como el “Grupo A” y en el Senado estaba el vicepresidente Julio Cobos, que para entonces ya había dado su voto “no positivo”. Aquella “máquina de impedir” pareciera haberse reinventado en la actualidad pero con algunos cambios llamativos.
Esta vez, el presidente Alberto Fernández no tiene en la oposición a sus principales contrincantes legislativos sino que el “enemigo” está en su propia casa. Cristina Kirchner tiene en el freezer una serie de trámites que le envió el Poder Ejecutivo y que por ahora no hay señales de que en algún momento haya luz verde para tratarlos. Quizás el más célebre de esos proyectos sea el pliego del juez Daniel Rafecas para procurador general que todavía sigue sin tratarse y que podría caerse si se decide avanzar con al proyecto de ley para reformar la ley del Ministerio Público Fiscal.
Pero si se empieza a bucear en los archivos del Senado, surgen otros pliegos que, por ahora, descansan en el cajón del escritorio vicepresidencial.
El más antiguo es el del presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, que tiene fecha del 18 de diciembre de 2019, ocho días después del cambio de Gobierno. La decisión no es casual. En 2010, Cristina tuvo un cortocircuito con su entonces presidente del Banco Central Martín Redrado, por lo que ya sabe qué tan complicado puede ser sacar un funcionario de ese nivel si tiene acuerdo del Senado.
Durante el 2020 y el primer trimestre de este año hubo rumores sobre la salida de Pesce del BCRA. Hubo cortocircuitos con el ministro de Economía Martín Guzmán, pero aun en los momentos más calientes de la tensión cambiaria, el funcionario logró mantenerse firme en el cargo.
La AFI. La intervención de Cristina Caamaño al frente de la Agencia Federal de Inteligencia tuvo que ser prorrogada en tres oportunidades por parte de Alberto Fernández, porque su pliego sigue sin tratarse en el Congreso. A simple vista, se podría suponer que Caamaño responde a Cristina y no a Alberto. En el pasado fue funcionaria durante la gestión de CFK y es la presidenta de Justicia Legítima, la agrupación de jueces y fiscales más cercana a la vicepresidenta, pero en los hechos, Caamaño está teniendo constantes tensiones con el sector de La Cámpora que desembarcó en la AFI.
El Presidente envió el pedido para nombrar a Caamaño el 22 de junio de 2020, cuando habían vencido los primeros seis meses de la intervención. El trámite ya cumplió un año. Felicidades.
Los casos más recientes de cajoneos de nombramientos son los de dos amistades del Presidente. Uno es el pliego de Marcelo Losardo, la ex ministra de Justicia e histórica socia comercial de Alberto Fernández, que renunció por los cortocircuitos con la vicepresidenta. Losardo fue compensada con un cargo como embajadora ante la Unesco por la vacante que se produjo tras el fallecimiento de Fernando “Pino” Solanas por Covid-19. Su pliego entró al congreso el 20 de abril y ahí sigue a la espera de ser tratado.
El otro caso es el de Guillermo Nielsen, el ex presidente de YPF que dejó su cargo a principios de año. A Nielsen le habían prometido la embajada de Arabia Saudita y todavía está esperando. Su pliego ingresó al Senado el 4 de marzo y, al igual que Losardo, su salida estuvo rodeada de polémica, sobre todo porque hubo cruces con el kirchnerismo porque su renuncia se filtró antes de tiempo, cuando, al parecer, el propio Nielsen había acordado tener una salida ordenada. Habría sido el propio Nielsen quien diseminó la noticia.
Los que sí. En contraposición con estos ejemplos, hay otros casos que tuvieron mejor suerte en el Senado. Uno de ellos es el de Alejo Ramos Padilla, quien fue nombrado juez electoral en La Plata, un cargo sensible para la política porque controla la elección en la provincia de Buenos Aires. El pliego de Ramos Padilla ingresó el 26 de noviembre de 2020 y fue aprobado el 4 de febrero. Poco más de un mes. Una suerte similar tuvieron Roberto Carles, embajador en el Vaticano, y Claudio Vázquez, cuyo nombre que no es conocido por el gran público, pero ahora tiene un cargo importantísimo: es el juez federal de Río Gallegos.
Otro nombramiento que sí le interesaba hacer a Cristina Kirchner fue el del juez federal de Mercedes. Allí arribó Elpidio Tezanos Pinto, cuyo pliego se aprobó en apenas un mes y diez días. Es probable que CFK ni siquiera conozca a Tezanos Pinto, pero la premura tenía otro fin: bloquear la posibilidad de que Ignacio Mahiques, competidor para el cargo, tenga alguna chance de quedarse con ese juzgado. Mahiques había sido uno de los fiscales que la mandó a juicio en la causa Hotesur.
Todos estos pliegos están o pasaron por la comisión de Acuerdos del Senado, que en la actualidad está presidida por la mendocina Anabel Fernández Sagasti, una de las senadoras preferidas de Cristina.
Esta situación que se vive en el Gobierno es una anomalía, con la que por ahora se puede convivir, porque el Presidente decidió avanzar en los casos en los que puede aplicar remedios transitorios, como sucede con la interventora de la AFI, que ya tuvo tres renovaciones de la intervención, o como el caso de Miguel Ángel Pesce, que es el titular del Banco Central, pero sin papeles.
Los pliegos frenados hablan de la realidad que vive el Gobierno. Muestran que, mal que le pese a Alberto, todo queda supeditado al OK de Cristina.
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