El “government shutdown” es una medida célebre en Estados Unidos que puede ser adoptada por el presidente en caso de tener problemas presupuestarios. Funciona como un ahorro ante la posibilidad de no cumplir con las metas de gastos y consiste en cerrar gran parte de las oficinas del Gobierno, dejando solo abiertas las esenciales. Durante la gestión de Donald Trump el Gobierno estuvo cerrado durante 38 días.
En Argentina no existe la herramienta del “shutdown”, pero, a juzgar por los primeros meses de Gobierno de Alberto Fernández, la administración pública atraviesa un freno que podría emular la medida norteamericana. ¿Cómo? Todavía no hay presupuesto asignado para los ministerios nuevos, creados en este Gobierno, y faltan designaciones clave en muchas áreas del Estado, lo que genera preocupación y reclamos al albertismo.
Hoy, el Gobierno tiene toda la energía depositada en resolver la negociación con los acreedores de Argentina: el FMI y los inversores privados. Esta negociación está en marcha y según afirmó el propio Presidente en la entrevista que le brindó al periodista Horacio Verbitsky, la fecha límite es el 31 de marzo porque a partir de ahí vienen vencimientos de deuda grandes. ¿Ese será el día que empezará a rodar la maquinaria del Gobierno? Al menos para esa fecha, Fernández deberá definir cómo pagará los vencimientos de abril y mayo y será clave el dinero que tenga en las arcas públicas. Con este contexto como escenario, el ajuste que está haciendo hoy cobra relevancia. Pero, ¿por qué no se comunica formalmente? Fuentes del oficialismo arriesgan que Alberto hará referencia a la parálisis del Estado en forma pública.
Según los datos publicados en el Ministerio de Economía, al 27 de febrero de este año, el gasto correspondiente a la inversión real directa fue apenas del 2% del presupuesto. Mientras que, para el mismo periodo del año anterior, la inversión rondaba el 8%. Es decir, en los hechos hubo un achicamiento del gasto.
Plan. Si se mira en retrospectiva, se podría arriesgar que la parálisis del Gobierno pudo haber sido planeada desde antes de asumir. Las dos primeras medidas del Gobierno fueron reformar la Ley de Ministerios y no enviar ley de presupuesto al Congreso. Estas dos decisiones analizadas en conjunto resultan reveladoras a la hora de ver cómo se ejecuta el shutdown del Gobierno.
Con la reforma de los ministerios se crearon nuevas áreas del Gobierno como el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, el Ministerio de Desarrollo Productivo o el Ministerio de Obra Pública. También se cambió de categoría a otras carteras como Salud, que dejó de ser secretaría para volver a ser ministerio. A partir de estas reformas, surgen preguntas difíciles de responder ya que aún no tienen partidas asignadas. ¿Cuál es el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Productivo? ¿Cuánto dinero hay disponible para obras? ¿Quién firma las contrataciones o la asignación de partidas de dinero? Los nuevos ministerios se encuentran restringidos por la ley, al carecer de recursos propios. No tienen dinero. Pero también hay otras restricciones. Faltan oficializarse algunas designaciones de personal que tenga poder de firma para ejecutar contrataciones. En estos 100 días, los funcionarios y las funcionarias fueron despojados de sus herramientas ejecutivas.
Uno de los casos más emblemáticos es el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que conduce María Eugenia Bielsa. Si se observa el organigrama de este ministerio se verá que está semi vacío. En la web oficial faltan completar, por ejemplo, la Secretaría de Hábitat, la unidad de Asesores y la Secretaría de Desarrollo Territorial. El único anuncio que hizo hasta ahora fueron 25 viviendas en la localidad de La Leonesa, Chaco.
Algo similar sucede en el Ministerio de la Mujer. Ambos ministerios no tienen partida por ser nuevos. Es probable que el Presidente anuncie el envío del proyecto de presupuesto 2020, para subsanar estos inconvenientes. Hoy el país está funcionando con una prórroga del presupuesto del 2019, que ya quedó desfasado por la inflación del año pasado que rondó el 54%.
Internas. El parate administrativo produjo reclamos de distintos gobernadores, quienes le transmitieron su preocupación al Presidente por la parálisis económica. En las últimas reuniones de Alberto Fernández con mandatarios del interior, recibió pedidos de obras para las provincias. Por ahora los gobernadores sólo se llevaron promesas. Algunos de esos pedidos y propuestas de obras llegan a través del ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro o del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Este último suele responder a las propuestas: “Está muy bueno, pero es para otro momento”. La situación puso en alerta a los gobernadores, quienes también inaugurarán las sesiones ordinarias en sus respectivas provincias, donde la crisis será uno de los ejes de los distintos discursos. Allí abundarán las promesas de obras.
Hoy la relación entre los gobernadores y el Gobierno nacional atraviesa una tensión inesperada para los primeros 100 días de gobierno. Entre los caudillos del norte coinciden en que Fernández formó gobierno con “sus amigos porteños”, cuando “la elección se ganó gracias a las provincias del norte y el conurbano bonaerense”. Juan Luis Manzur de Tucumán y Gildo Insfrán de Formosa son los que más berrinche hacen sobre esto. Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, los sigue de atrás. Antes de desembarcar en la Casa Rosada, se especulaba con que el Gobierno de Alberto Fernández iba a ser “el gobierno de los gobernadores”. Pero, por ahora, ninguno ostenta influencia en ministerios y mucho menos sobre el Presidente. Por el contrario, Fernández casi no viaja al interior y tampoco envía dinero para obras. La puja de cargos se dividió entre los leales al Presidente, a Cristina Kirchner y a Sergio Massa.
El shutdown de Alberto podría tener otro sacudón para aquellos que aceptaron acompañar al Presidente en la función pública. Es normal, que cuando se designa a un funcionario, comience a cobrar a partir de la publicación de su designación en el boletín oficial y por lo general se hace retroactivo al primer día de trabajo. Hoy circula el rumor de que las nuevas designaciones podrían no ser retroactivas.
Una de las medidas más importantes que tomó Alberto Fernández fue suspender la movilidad jubilatoria para poder lograr un ahorro estimado en 100 mil millones de pesos para todo el 2020. Esto también le generó críticas de la sociedad, aunque Alberto todavía goza de la primavera del inicio de gestión. Lo que nadie esperaba es que las quejas surgieran de los propios aliados, muchos de ellos inquietos por no poder acceder al famoso "carguito" en el Estado.
A esto se le debe sumar la creación de nuevos impuestos. Todas estas medidas ya fueron anunciadas. Paralizar el Estado es una forma de ahorrar. No se anunció, tal vez porque es antipático e impopular, pero se está haciendo, porque, a veces, es mejor pedir disculpas antes que pedir permiso.
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