La situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra bajo investigación judicial en una causa por presunto enriquecimiento ilícito que se fue ampliando de manera progresiva a partir de denuncias políticas y revelaciones periodísticas sobre operaciones inmobiliarias consideradas inconsistentes con sus ingresos declarados. El expediente tramita en la Justicia federal bajo la órbita del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes dispusieron medidas como el levantamiento del secreto bancario y fiscal del funcionario y su entorno familiar para reconstruir la evolución de sus bienes.
Sobre este caso, la dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrio, difundió un cómico video en sus redes sociales. En la grabación, Lilita se la observa fingiendo que llora, y al ser consultada del motivo , la ex legisladora responde: "Por amor. Pobrecito, se compró tantas casas".Inmediatamente, la burla al funcionario libertario se viralizó en las redes sociales.
A todo esto, el punto de partida de la investigación sobre los bienes patrimoniales se remonta a 2024 y principios de 2025, cuando Adorni declaró un crecimiento patrimonial significativo respecto de su situación previa al ingreso al gobierno de Javier Milei, con un incremento del 76% en sus bienes declarados. A partir de allí, legisladores de la oposición —entre ellos la diputada Marcela Pagano— promovieron denuncias judiciales que dieron origen a la causa por enriquecimiento ilícito, cuestionando la falta de correspondencia entre ingresos y patrimonio.
En términos cronológicos, la investigación se concentra en una serie de operaciones inmobiliarias realizadas entre el anteaño pasado y el 2025. Antes de asumir funciones en el gobierno libertario, Adorni poseía un departamento en Parque Chacabuco. Sin embargo, tras su llegada al poder comenzaron a detectarse nuevas adquisiciones, entre ellas una vivienda de mayores dimensiones en el barrio porteño de Caballito y una propiedad en un country en Exaltación de la Cruz, lo que marcó un salto patrimonial relevante.
La operación más documentada es la compra de un departamento en Caballito, formalizada el 18 de noviembre de 2025 por un valor de 230.000 dólares. La Justicia detectó que la adquisición se realizó con un esquema de financiamiento inusual: cerca del 90% del monto habría sido cubierto mediante un préstamo otorgado por dos mujeres jubiladas, quienes además intervinieron como vendedoras del inmueble. Esta estructura, sumada a que el valor de escritura declarado sería inferior al de mercado —con estimaciones que duplican el monto registrado—, encendió las alarmas sobre una posible subdeclaración o maniobra irregular.
El expediente también analiza las condiciones de pago de esa propiedad. Según la escribana interviniente, Adriana Nechevenko, el funcionario habría abonado inicialmente unos 30.000 dólares y financiado el resto en cuotas, lo que reforzó las dudas sobre la capacidad económica real para afrontar la operación. La misma escribana quedó bajo la lupa judicial debido a su reiterado oficio durante el período en que se concretaron las transacciones.
En paralelo, la Justicia investiga una segunda propiedad: una casa en un country de Exaltación de la Cruz, vinculada a la esposa del funcionario, Bettina Julieta Angeletti. La operación también habría contado con financiamiento externo por unos 100.000 dólares aportados por terceros el mismo día de la compra, lo que forma parte de la hipótesis de posibles préstamos cruzados o simulados. A esto se suma la sospecha de que ese inmueble no habría sido declarado inicialmente en las presentaciones patrimoniales.
El avance de la causa derivó en medidas más amplias sobre el circuito inmobiliario involucrado. En abril de 2026, la Justicia ordenó allanamientos en al menos tres inmobiliarias que participaron en la intermediación de la compra del departamento de Caballito, con el objetivo de determinar el flujo de fondos y la trazabilidad de las operaciones. También fueron citados a declarar prestamistas, familiares de las vendedoras y otros actores vinculados a las transacciones.
Las sospechas judiciales se inscriben en un contexto más amplio de cuestionamientos públicos. Informes periodísticos recientes señalan que las compras inmobiliarias y los viajes de lujo del funcionario no se corresponderían con sus ingresos, lo que motivó una investigación por presunto incremento patrimonial injustificado. Estas revelaciones deterioraron su imagen pública y derivaron en pedidos de explicaciones en el Congreso, donde legisladores opositores impulsan su interpelación.
En este escenario, la causa continúa en etapa de recolección de pruebas, con foco en reconstruir de manera detallada el origen de los fondos utilizados en cada operación inmobiliaria, la participación de terceros —incluidas las prestamistas y las inmobiliarias— y la eventual omisión de bienes en las declaraciones juradas. Mientras tanto, Adorni ha evitado brindar precisiones públicas sobre sus propiedades, alegando la existencia de una investigación judicial en curso y denunciando una presunta persecución política en su contra.
por R.N.
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