La SIDE es un organismo complejo de gobernar. Desde 1983 hasta la fecha, todos los presidentes, excepto Mauricio Macri, tuvieron que cambiar a su jefe de Inteligencia en algún momento de su gobierno. Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner lo cambiaron una vez. En sus dos años de gestión, Javier Milei ya lo tuvo que hacerlo dos veces. La última fue el pasado 3 de diciembre, cuando nombró al frente de la casa de los espías al contador Cristian Auguadra.
El cambio se dio producto del desgaste que sufrió el anterior secretario de Inteligencia, Sergio Neiffert, que había llegado luego de la expulsión de Silvestre Sívori, quien se fue junto con quien lo había puesto en ese lugar: el entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse. Un pequeño paréntesis. Los rumores de salida de Posse estaban asociados a actividades non sanctas de Inteligencia. Es decir que manejar la SIDE es un arma de doble filo: da muchas recursos, pero mal utilizados pueden generar una tormenta en contra.
Neiffert llegó con el padrinazgo de Santiago Caputo, pero muy rápido se encontró con la limitante de que no tenía experiencia en manejo de personal de Inteligencia. Fue entonces cuando convocaron, a los pocos meses, a Diego Kravetz, que tenía algo de experiencia en manejo de brigadas de Inteligencia en la Policía de la Ciudad y, además, estaba a punto de ser corrido como viceministro de Seguridad de Jorge Macri. Santiago Caputo, rápido de reflejos, lo reclutó para ocupar el lugar del jefe operativo de los espías.
La llegada de Auguadra puso en revisión casi todos los cargos jerárquicos que se habían creado a partir de la reestructuración del organismo cuando se volvió a llamar SIDE y dejó de llamarse AFI. Hoy las personas más relevantes del organismo son, además de Kravetz, Alejandro Cecati, a cargo de temas operativos, Alejandro Colombo, al frente de temas del extranjero, y Ariel Waissbein, dedicado a los temas de ciberseguridad. Están todos en la mira. En especial Waissbein, quien tuvo un episodio tenso en agosto pasado cuando una comitiva encabezada por Neiffert fue hasta sus oficinas para pedirle explicaciones sobre sus tareas, porque se había vuelto una persona reticente a colaborar. Otra de las personas que encabezaron aquel operativo fue José Francisco Lago Rodríguez, un joven de 32 años que hoy funciona hacia dentro como la verdadera persona de confianza de Santiago Caputo en la SIDE. Tanto es así, que la mayoría de las reuniones que ha tenido Caputo con Auguadra, antes y después de su designación, fueron con Lago Rodríguez. Este abogado se formó en derecho administrativo, trabajó en el estudio Cassagne, donde no se destacó demasiado, tal vez por su corta edad, y tampoco lo conocen mucho en el fuero Contencioso Administrativo de la Justicia Federal, pero logró trabar una buena relación el mundo libertario y, antes de pasar a la SIDE, trabajó en la Secretaría de Legal y Técnica junto a María Ibarzábal. Su padre es el síndico general adjunto de la SIGEN.
Internas. La llegada de Auguadra estuvo rodeada de rumores y crisis. Semanas antes de la salida de Neiffert trascendió que Lago Rodríguez había ido hasta su casa en San Isidro con exigencias intolerables para el entonces jefe de la SIDE. Según se publicó en el portal ElDiarioAr, Neiffert lo echó de su casa y salió hasta la vereda a los gritos y en calzoncillos. Para ese entonces la reputación de Neiffert ya estaba por el piso. Había polémica porque había hecho de la SIDE un lugar para sus negocios personales: las viandas de comida de la Escuela Nacional de Inteligencia eran de su esposa, especialista en repostería; los autos de alquiler eran de la Agencia Jack Cars, de los hermanos Horacio y Javier Jack, íntimos amigos de Neiffert. En reuniones con proveedores del Estado, pedía que contraten su empresa de cartelería Carteles Ya. También comenzaron a correr rumores de viajes laborales al exterior en los que incluía a su familia dentro de la comitiva. Un viaje a la CIA con su hijo Lautaro y excursiones a Europa que incluían hasta a la suegra. Un ejemplo más concreto: del 14 al 16 de febrero de este año se realizó, como todos los años, la Conferencia de Seguridad de Munich. Como bienvenida, el servicio alemán organizó una cena de camaradería con todos los jefes de Inteligencia del mundo que habían sido invitados. Neiffert se ausentó porque ya tenía agendada una cena de San Valentín con su esposa, que lo había acompañado, en un exclusivo restaurante de aquella ciudad. Un romántico… con la billetera de la SIDE.
Auguadra llegó con la promesa de abrir una nueva etapa. El 3 de diciembre, veinte minutos después de ser oficializado, ya estaba firmando su primer expediente: la “Política de Inteligencia Nacional”. Dos días más tarde apareció en el Boletín Oficial a través del decreto 864/2025 firmado por el presidente Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni. Se trata de un documento de 34 páginas ilustrado con una mapamundi que tiene a la Argentina en el centro, que funciona como una hoja de ruta para recomponer un sistema que, según el propio texto, arrastra más de veinte años de deterioro. El diagnóstico no sorprende ni genera mayor discusión. El punto sensible está en la receta: un rediseño que ensancha de manera significativa el campo de acción de la Inteligencia estatal, sin dejar en claro cuáles son los frenos frente al espionaje interno.
El decreto se apoya en una retórica conocida. Habla de proteger la vida, la libertad y los derechos, de resguardar la democracia y de defender la soberanía frente a amenazas externas. El problema aparece cuando se baja a tierra. En los lineamientos operativos se acumulan conceptos amplios y poco precisos. Por ejemplo, se habilita a la SIDE a monitorear “desinformación disruptiva que pueda erosionar la cohesión institucional y la legitimidad del Estado nacional”. No se exige que la información sea falsa, tampoco una orden judicial previa o la intervención de potencias extranjeras. Bajo esa redacción, una investigación periodística incómoda, una denuncia judicial o una campaña opositora podrían quedar dentro del radar de la Inteligencia estatal.
Monitoreo. La tensión con la Ley de Inteligencia Nacional 25.520 es evidente. Esa norma prohíbe de manera expresa producir información sobre personas por sus opiniones políticas, su militancia o su pertenencia a organizaciones sociales, sindicales o partidarias. El decreto asegura moverse dentro de ese marco, pero al mismo tiempo introduce categorías tan amplias que, en la práctica, vuelven a abrir la puerta que la ley había intentado cerrar luego de una historia cargada de espionaje político. En mayo de 2025, el diario La Nación había anticipado que se estaba trabajando en un proyecto en esta línea. Ahora vio la luz. En aquel entonces ese plan había quedado en suspenso tras el rechazo de la Comisión Bicameral de Inteligencia. Pero esa Bicameral es apenas una comisión que emite una opinión, ya quedó claro qué hace el Gobierno con esas opiniones.
La política aprobada incorpora además ejes de vigilancia difusos: “El sistema democrático y sus instituciones constituyen vectores de legitimidad que pueden ser objeto de erosión mediante operaciones de influencia, judicialización estratégica o polarización inducida”, describe el documento. Traducido, eso puede implicar el monitoreo de protestas sociales, reclamos sindicales, acciones de ONG o estrategias legales de defensa de derechos. No es una hipótesis teórica. Durante 2025 se filtraron informes internos que relevaban actividades de dirigentes opositores, centrales sindicales y organizaciones sociales, lo que derivó en denuncias judiciales y pedidos de explicaciones en el Congreso.
La Política de Inteligencia Nacional toma como referencia el marco que usan las agencias de Inteligencia occidentales. Estados Unidos e Israel aparecen como modelos claros. El paralelismo se nota en los objetivos. Estados Unidos, en su National Security Strategy 2025, plantea proteger al país, su gente, su economía y su modo de vida frente a ataques e injerencias extranjeras. El decreto argentino replica esa lógica, pero la vuelve más difusa: habla de proteger “vida, libertad, bienes y derechos” ante “amenazas globales, trasnacionales y/o locales”, sin ordenar ni jerarquizar riesgos. Con la infraestructura crítica pasa algo parecido. La estrategia israelí es directa: proteger sectores específicos como energía, transporte y salud. El decreto local enumera casi los mismos rubros: energía, telecomunicaciones, logística y salud. En desinformación, el lenguaje también es familiar. Estados Unidos habla de propaganda y operaciones de influencia; Israel, de influencia digital extranjera. Argentina introduce la “desinformación disruptiva”. El resultado es un texto reconocible, con el vocabulario correcto de los organismos Inteligencia aliados.
Otro dato llamativo es lo que el decreto no dice. No hay exclusiones explícitas que dejen afuera al periodismo, la participación electoral, la defensa legal, el sindicalismo o la militancia política lícita. En una política pública de este tipo, las omisiones se convierten en toda una definición. La falta de límites claros amplía la discrecionalidad de quienes ejecutan la política y vuelve más débil cualquier control posterior.
Desde el Gobierno sostienen que la nueva Política de Inteligencia Nacional es necesaria para enfrentar amenazas reales: terrorismo, crimen organizado, ciberataques, espionaje extranjero. El propio texto dedica capítulos enteros a esos riesgos y recuerda los atentados de 1992 y 1994, además de la persistencia de redes criminales transnacionales. Esa necesidad existe y no está en discusión. El problema aparece cuando esos objetivos se mezclan con categorías políticas y sociales mal definidas. Ahí la frontera entre seguridad nacional y control interno empieza a correrse.
Fondos. La publicación de este documento se da en paralelo con otros dos acontecimientos alrededor de la SIDE. El tratamiento de la ley de Presupuesto en la que se prevé un gasto de 97 mil millones de pesos para 2026 y una reciente ampliación de partida presupuestaria para los espías que será utilizada solo para diciembre de este año y que eleva la cifra total a 107 mil millones de pesos que habrá tenido la SIDE para 2025. Estos dos hechos aportan algunas novedades: la primera es que el Gobierno prevé un gasto similar para la SIDE para el año próximo, incluso, un poco por debajo. Esto debe ser tomado con pinzas porque en cualquier momento del año se podrían reasignar partidas y aumentar el presupuesto del organismo. La segunda novedad es que, en diciembre, la SIDE aumentó su presupuesto en 26 mil millones de pesos. Esa ampliación, formalizada por el decreto 849/2025, no fue un refuerzo genérico sino que se desagregó en partidas concretas y en algún punto insólitas por la magnitud del gasto. En los anexos oficiales figuran 350 millones de pesos para cubiertas y cámaras de aire, otros 350 millones para repuestos y accesorios, 300 millones para prendas de vestir y 40 millones para utensilios de cocina y comedor, entre otros rubros. El detalle quedó diluido en más de 500 páginas técnicas que acompañaron el decreto y que el Presidente firmó en bloque. El ex diputado Alejandro “Topo” Rodríguez comentó en la red social X (ex Twitter) que la SIDE habría ocultado gastos durante todo 2025 a Milei y en el final del año tuvo que salir a cubrirlo. Es solo una hipótesis.
Ahora, bajo la jefatura de Auguadra, un contador con fama de buen auditor, los números deberían estar más ordenados. En la SIDE ya lo conocían al nuevo jefe, no solo porque hasta el mes pasado estaba a cargo de Asuntos Internos sino porque era famoso entre los agentes por sus posteos en redes sociales, donde compartía imágenes de su madre, su esposa, sus hijos, sus vacaciones, sus amigos, sus antecedentes laborales, la dirección de su casa… en fín. Una lista interminable de datos privados que solo reflejan su inexperiencia en el mundo de la inteligencia.
Todavía no queda claro hasta dónde está dispuesto Auguadra a inmolarse por lo que le exijan sus jefes políticos, Santiago Caputo y los hermanos Milei. No sería la primera vez que el poder de turno utilice el sillón del Señor 5 de la SIDE para su beneficio personal o para hacer espionaje interno.
Esas malas artes, diría Milei, son típicas de la casta.
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