Alberto Fernández eligió X para practicarse una autopsia optimista: se atribuyó el mérito de no haber sufrido paros generales durante su mandato y lo presentó como prueba de un “gobierno que siempre pensó en los que trabajan”. El texto —“dejó que las paritarias funcionaran a pleno… quitó el Impuesto a las Ganancias… dejó el desempleo más bajo en democracia… a ese gobierno jamás le hicieron un paro general”— circuló en las últimas horas como una provocación por contraste: mientras el ex presidente se reivindica, Javier Milei atraviesa otro paro general de la CGT, el cuarto desde que asumió, en apenas poco más de dos años.
El cálculo político del posteo es transparente: Fernández busca reescribir un balance histórico con un indicador de conflictividad sindical. Pero el dato, por sí solo, es tramposo. Que no haya habido paros generales no significa ausencia de tensión social; significa, en todo caso, un tipo de relación entre el poder y las centrales obreras —una mezcla de afinidad política, negociación y contención— que también fue parte del problema argentino: sindicatos integrados al oficialismo, costos diferidos y una economía que terminó en crisis de precios y sibre todo de credibilidad. El “no me pararon” como medalla suena más a corporativismo administrado que a consenso social genuino.
Del otro lado, Milei acumula una estadística que lo define: paro temprano (a los 45 días, en enero de 2024) y paro recurrente (ya cuatro). Es el presidente con la huelga general más rápida para un mandatario electo desde 1983 (jhay una marcada diferencia entre los gobiernos de presidentes peronistas y los demás) y ahora ante su cuarto capítulo en poco más de dos años. El trasfondo del paro actual, además, no es menor: la protesta se vincula a la reforma laboral que impulsa el Gobierno y que los sindicatos leen como una demolición de derechos, con impacto directo en jornada, despidos y derecho de huelga.
Así, la discusión real no es quién colecciona menos paros, sino qué modelo de gobernabilidad está en disputa. Fernández presume paz social a partir de una CGT domesticada o aliada; Milei exhibe la paz del mercado como prioridad y acepta el conflicto sindical como costo (y, a veces, como combustible identitario). En ambos casos, se acota la política a un tablero de “a favor/en contra” y medir legitimidad por el volumen de la calle.
En síntesis: el tuit de Fernández es menos un balance de gestión que una operación retrospectiva. Y el récord de Milei, menos un accidente que una señal de época: con una reforma laboral en el centro, la CGT vuelve a su lugar preferido —el de árbitro— y la Argentina regresa a su coreografía más vieja: ajuste, resistencia, relato.
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