En el corazón del proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno aparece un nombre conocido en los círculos empresariales: Julián de Diego. Abogado laboralista, referente de grandes compañías y asesor de Rappi, su intervención en el borrador oficial despierta alertas sindicales y cuestionamientos por posibles conflictos de interés. Según La Política Online, de Diego trabaja ad honorem para el Ejecutivo y colabora con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, en un esquema que busca flexibilizar convenios, crear un banco de horas y habilitar negociaciones por empresa.
Su rol no solo mira hacia adelante. También arrastra antecedentes que pesan. De Diego fue el autor de la ley de ART, considerada el mayor fracaso del derecho laboral argentino. La norma pretendía limitar el monto que las empresas debían pagar por accidentes laborales, delegando el riesgo en aseguradoras. Pero la Corte Suprema la declaró inconstitucional al invalidar el tope indemnizatorio. El resultado fue doblemente adverso: las firmas, que estaban obligadas a contratar solo ART, debieron cubrir con su patrimonio la diferencia entre el tope y lo que fijaban los jueces, y los trabajadores quedaron atrapados en un sistema que no garantizaba una reparación adecuada.
No fue su único traspié. También asesoró y fue lobbista de las multinacionales de trabajo eventual Adecco y Manpower, que buscaban tercerizar contrataciones y diluir responsabilidades laborales. Una vez más, la Corte intervino y desarmó esa arquitectura jurídica, golpeando el esquema que impulsaba. Con ese desgaste, en 2005 dos de sus socios, Javier Adrogué y José Antonio Zabala, se apartaron y abrieron un nuevo estudio.
Hoy, De Diego vuelve a influir en el diseño de reglas laborales. Y lo hace mientras asesora a plataformas digitales como Rappi, un sector que quedaría sin mejoras significativas en el proyecto oficial y que mantiene a miles de repartidores sin convenio ni protección plena. Para sus críticos, es un déjà vu: un abogado del establishment empresarial detrás de reformas que, temen, pueden volver a judicializar la relación entre empresas y trabajadores. Para el Gobierno, en cambio, es un experto dispuesto a “modernizar” el sistema laboral argentino.
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