El 6 de febrero, la lectura de la sentencia del juicio por el asesinato de Fernado Báez Sosa batió un récord de visualizaciónes en el canal de YouTube de la Suprema Corte bonaerense, que llegó a tener 379.007 usuarios conectados. Apenas unas semanas antes, en la plataforma Change.org, más de medio millón de personas había firmado una petición para que los ocho acusados por el crimen fueran condenados de por vida. La consigna “Justicia es perpetua” se leyó en los carteles de las manifestaciones y fue compartida por dirigentes políticos y por periodistas que cubrieron el caso. Se instaló que si el veredicto no era lo suficientemente “duro”, el asesinato iba a quedar impune. Pero detrás de lo que sucedió, hay una peligrosa paradoja: si los familiares de una víctima no consiguen mediatizar su historia para hacer presión, no tendrán nunca Justicia, pero si logran hacerse visibles, su tragedia se convertirá en carne de cañón del espectáculo.
Sin embargo, la historia de los casos más mediáticos de las últimas décadas demuestra que no siempre esa presión social colabora para llegar a la verdad. Sucedió con los crímenes de Nora Dalmasso, María Marta García Belsunce y Candela Rodríguez, en los que la Justicia siempre pareció estar corriendo detrás de una opinión pública enojada.
El crimen de Dalmasso sucedió hace 16 años y nunca se halló al culpable. El caso tuvo una enorme cobertura nacional, se condenó y luego se absolvió a su marido hasta que finalmente la causa prescribió. A Candela la secuestraron y asesinaron en el 2011. El primer juicio se cerró de forma exprés con una presión social inaudita, pero hubo que hacer un segundo en 2022. García Belsunce fue asesinada en su casa en el 2002. Su marido estuvo preso, pero después fue declarado inocente. Hubo tres juicios y ningún culpable. La velocidad, cuando se trata de Justicia, puede ser traicionera.
En el caso de Báez Sosa no hay misterio sobre quiénes fueron sus asesinos. Sin embargo, buena parte de los especialistas en derecho penal coinciden en que las condenas a perpetua (que recibieron cinco de los ocho rugbiers) pueden llegar a ser revisadas en Casación y que el veredicto del Tribunal de Dolores apenas fue el primer paso de un largo proceso que, es probable, dure años.
“Que se pudran en la cárcel” es una de las frases más tranquilas que se escuchó en los últimos días. En redes sociales se viralizaron pedidos de todo tipo de vejaciones para los ochos condenados y hasta en televisión se hizo una especie de oda a la cultura de la violación, cuando en Crónica TV entrevistaron por teléfono a un supuesto preso que repetía al aire que le iban a dar la “bienvenida” a los rugbiers: “Van a ser nuestras mujeres. Les vamos a romper la cola”, repitió el hombre.
¿Eso es lo que busca el Derecho Penal en una democracia? Esteban Rodríguez Alzueta, abogado y magíster en Ciencias Sociales, insiste en diferenciar la “justicia vecinal” o la “justicia mediática” de la “justicia del Estado”: “La justicia vecinal y mediática juzgan y se ensañan con los individuos. En cambio, la Justicia del Estado está para reprochar las acciones individuales después de haber acreditado los hechos y probar la culpabilidad. En cambio, las otras justicias atrasan, nos devuelven al siglo XIX y cargan el delito a la cuenta de la naturaleza de las cosas, que entiende que los actos monstruosos son el resultado de gente monstruosa. Por eso estas justicias populistas no creen en la resocialización: una vez culpables, culpables para siempre”, aseguró a NOTICIAS.
Los jueces miran Tv
Diana Márquez es integrante de Víctimas por la Paz, una organización conformada por víctimas o familiares de víctimas de delitos violentos que consideran que los pedidos de “mano dura” solo incrementan los problemas sociales. “Lamentablemente, cuando una víctima se corre de esa posición del mainstream o del sentido común del odio es más difícil ser escuchada”, dijo a NOTICIAS.
Sobre el caso, Márquez reflexionó: "Se festejaron las perpetuas con una alegría morbosa que a mí, como víctima, me duele”. Su organización trabaja a partir del concepto de “justicia restaurativa”, sobre todo en cárceles. Y a contramano de lo que indica el sentido común, ellos -que fueron abusados, perdieron hijos o padres- no creen en el endurecimiento de las penas.
Sin embargo, la mujer entiende que los reclamos y consignas como "Justicia es perpetua" tienen que ver con que “la sociedad no cree en el sistema judicial”. “Y lo bien que hace, porque el sistema no da las respuestas que debe dar”, agregó. La consecuencia de esa desconfianza, dijo, es peligrosa: “El sistema penal no está a la altura para revertir el descrédito y ¿qué pasa? La idea de Justicia queda en manos de los medios de comunicación, que tienen sus propios intereses. En estos casos, son los únicos que ganan: porque suman rating, posicionamiento y muchos periodistas se vuelven famosos y suman seguidores. ¿Eso es Justicia?”, se preguntó.
Sucede que en la Argentina hay una idea que se extendió como un mantra: si alguien sufrió un hecho violento es probable que su caso avance más rápido en los tribunales si obtiene presión social. “La justicia mediática es la expresión de la crisis judicial. Hace rato que los jueces perdieron el monopolio de la búsqueda de la verdad y la construcción de un reproche social. Hoy, a la verdad, se la disputan los periodistas. No solo la verdad sino la construcción del castigo moral. Esas cobertura ostentosas y emotivas, donde se confunde la velocidad con el conocimiento y la moral con el derecho, ejercen una presión formidable sobre los tribunales. Porque los jueces también miran televisión y saben que el expediente que tramita en su despacho no merecerá la misma atención si está en la tapa de los diarios”, sostuvo Rodríguez Alzueta.
El experto fue un paso más allá en esta línea: “Si un tipo como Videla se llevó una perpetua por montar un aparato terrorista, un tipo como Massera que mató y desapareció a montón de gente fue merecedor de una perpetua, me parece que a estos jóvenes tirarle una perpetua por matar a otro joven, es una sentencia desproporcionada, que banaliza incluso nuestra historia reciente. Espero que la Cámara reponga las escalas, de lo contrario estaremos otra vez muy cerca para que aparezca un figurón pidiendo que se establezca otra vez la pena de muerte”, dijo.
En casos como éste no hay quien no se sienta legitimado para decir cuántos años le corresponde a cada condenado. Hasta las celebridades -con toda su tracción-, hicieron su aporte al pedido social de perpetua. “La China” Suárez pidió que “no salgan nunca más”; Guillermina Valdés cuestionó a los padres de los acusados por no pedir perdón; Cinthia Fernández aseguró que “preferiría pena de muerte, ojo por ojo”; y Marcela Kloosterboer se unió a la consigna “Justicia es perpetua”.
Unos días antes de la sentencia, el fiscal del caso Báez Sosa, Juan Manuel Dávila, se había referido a este clima: "Nosotros desde la fiscalía conocemos al Tribunal y de ninguna manera ellos van a condenar o absolver por una presión social. El Tribunal va a valorar las pruebas que se pusieron en el debate. Agradezco a los medios por haber difundido el caso y descarto que los jueces sean presionados para un veredicto de una manera u otra", remarcó.
Lo cierto es que todas las partes ya confirmaron que apelarán la sentencia. Para el abogado de los padres de Báez Sosa, el mediático y candidato a gobernador Fernando Burlando, todos deberían haber recibido perpetua. Hugo Tomei, el defensor de los rugbiers, pretenderá que se reduzcan las penas. El riesgo, como suele suceder en casos tan resonantes, es que a partir de ahora comience un proceso que se extienda décadas y que nunca logre llegarse a una condena justa.
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