El presidente de Perú, Pedro Castillo, fue destituido por el Congreso de su país, y se vió obligado a abandonar el Palacio de Gobierno junto a su familia. La destitución se debió al intento del ahora ex mandatario de disolver el Congreso, acusándolo de “romper el equilibrio de poderes”.
Rodeado de denuncias por corrupción, promovidas por el Ministerio Público de Perú, Castillo había tomado la decisión de establecer "un gobierno de excepción orientado a establecer el Estado de Derecho. (...) Disolver temporalmente el Congreso e instaurar un gobierno de emergencia excepcional”, además de instalar un toque de queda.
Días atrás, la fiscal general peruana, Patricia Benavides había solicitado al Congreso de Perú que levantara la inmunidad presidencial de Pedro Castillo, a solo 14 meses de haber asumido el cargo, con el objetivo de allanar el camino para su enjuiciamiento penal y destitución.
No es la primera vez que en Perú pasa algo parecido. En 1992, el entonces presidente Alberto Fujimori disolvió el Congreso peruano con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Fujimori, quien había sido electo en 1990, no contaba con mayoría en el Parlamento, el cual le restringió facultades especiales para combatir al grupo guerrillero Sendero Luminoso, sumado a que la Cámara de Senadores había iniciado investigaciones contra Fujimori por denuncias de violaciones a derechos humanos. Fue entonces que Fujimori decidió disolverlo, argumentando que el mismo “obstruía las leyes necesarias para la recuperación económica y la lucha contra la subversión”.
En 2017, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, disolvió el Parlamento de su país, el cual estaba controlado por la oposición. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asumió las competencias del Congreso, para legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema socioeconómico y financiero, los bienes del Estado y la preeminencia de los derechos de los venezolanos", según decía el decreto que comunicaba la medida.
En aquella oportunidad, la oposición denunció “un golpe de Estado”, y llegaron a rasgar frente a las cámaras el fallo del Tribunal Supremo de Justicia, calificándolo de "basura", e incluso instaron a las Fuerzas Armadas a no "seguir callada frente a la ruptura de la Constitución".
En Uruguay también se dio esta situación en 1973, durante la presidencia de Juan María Bordaberry. El presidente uruguayo dio un golpe de Estado con apoyo de las Fuerzas Armadas y disolvió el Parlamento a través del decreto N° 464/973. Acto seguido, anunció la creación de un Consejo de Estado con funciones legislativas. En su justificación, Bordaberry declaró que "la acción delictiva de la conspiración contra la Patria, coaligada con la complacencia de grupos políticos sin sentido nacional, se halla inserta en las propias instituciones, para así presentarse encubierta como una actividad formalmente legal".
En Argentina, el presidente José Figueroa Alcorta asumió la presidencia en 1906, luego del fallecimiento de Manuel Quintana. Inicialmente, Alcorta se apoyó sobre el grupo roquista del PAN (Partido Autonomista Nacional) los cuales se oponían a los mitristas y tenían posición dominante en el Congreso.
Alcorta creyó que con esto tendría más libertad, sin embargo se equivocó: los roquistas plantearon duros límites a su accionar desde el Congreso, y luego de que el conflicto escalara, en 1908 decidió clausurar el Congreso ocupándolo con fuerzas policiales. Fue un acontecimiento inédito para la Argentina, e incluso los oficialistas acusaron al presidente de perpetrar un “Golpe de Estado”.
por R.N.
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