Sería difícil de explicar que hace tan sólo seis meses Macri y los suyos se candidateaban con la bandera de la transparencia bien alta. Seguramente un extranjero no podría entender, si abriera cualquier diario de estas últimas semanas, cómo se pasó de esa rimbombante “revolución de la alegría” a una actualidad donde día a día aparecen nuevos funcionarios acusados de distintas actividades fraudulentas. A la larga lista de oficialistas bajo sospecha, se le sumaron en la última semana Pablo Clusellas, el secretario de Legal y Técnica de la Nación, y Silvia Majdalani, la subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia, además de una nueva acusación a Néstor Grindetti, intendente de Lanús. El seleccionado de los supuestos villanos PRO lo completan Franco Macri, vinculado a los Panamá Papers, y los asesores del Presidente, Nicolás Caputo, José Torello, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, acusados de haberse beneficiado de la venta de dólar futuro. Dream team anti marketinero.
No soy yo, sos vos. El último ladrillo del edificio sucio del oficialismo lo puso el legislador Gustavo Vera. El titular de la Fundación Alameda denunció a Majdalani por presunto lavado de dinero y, a principios de la semana pasada, el fiscal Federico Delgado entendió que la acusación justificaba la creación de una causa que ahora recayó en el juez Julián Ercolini. Lo que tendrá que averiguar el magistrado que metió en prisión a Jaime es la relación de la sociedad “CFC Holding SA” –que integra la segunda de la ex SIDE– con su socia “CFC Group Sociedad Extranjera”, empresa radicada en Miami y a nombre de Gustavo Larriera Mendivil.
Este último sería “el eje del entramado societario” que serviría para licuar dinero: tiene 54 firmas en Panamá y una de ellas, “Latin American Assets Managment Group”, aparece en la causa de Lázaro Báez que investiga el juez Casanello por estar vinculada, mediante otra empresa intermedia, a la ya famosa sociedad Helvetic. “Queremos averiguar si detrás de estas fachadas hay lavado de dinero o evasión de impuestos: es muy sospechoso”, dice Vera, que además remarca que Majdalani y Larriera Mendevil comparten el directorio de la empresa “Minera Cerro Atajo SA”, ubicada en Andalgalá, Catamarca y que está denunciada por usurpación de territorio. También les surgen dudas por la compra por parte de Larriera Mendevil de dos millones de dólares en acciones de la empresa “El Tehuelche SA”, propiedad del diputado Eduardo Costa, esposo de la diputada del Parlasur Mariana Zuvic: es un monto elevado para una firma que no registra actividades.
En el círculo de la “Turca”, como la conocen sus íntimos, la denuncia no cayó nada bien. Cultora de un perfil muy bajo, que mantuvo incluso cuando fue legisladora y diputada –y también en el momento en que su esposo, Jorge Olivero, estuvo preso por fraude en los 90– le desagradó verse en todos los medios. “CFC Holding nunca fue registrada ante la IGJ y no realizó actividad comercial ninguna”, explica a esta revista Majdalani, y por esto sería que en el 2012 la AFIP le dio de baja al CUIT de la sociedad. Según ella, no sólo no conoce a Larriera Mendivil –“a quien reiteradamente el legislador Vera intenta vincularme”– o a alguna de sus empresas, sino que aclara que renunció al directorio de la minera en 1994, previo a la llegada del hombre sospechado.
Si te he visto... El otro macrista que apareció en los medios en las últimas semanas fue Pablo Clusellas. El abogado, amigo de Macri desde la secundaria en el Newman, fue señalado por el diario La Nación como el vínculo durante una década entre su estudio jurídico y la empresa Mossack Fonseca, especializada en crear sociedades offshore. Según lo publicado, el secretario habría sido el “intermediario” entre los verdaderos dueños de las negocios que buscaban evitar impuestos y los panameños. Desde el entorno de Clusellas desestimaron la denuncia: aseguraron que, aunque “quizás” haya conocido a algún emisario de la firma centroamericana, de ninguna manera hubo una relación regular ni fluida. “Cuando sos abogado saludás a mil personas por día”, dicen. “Además, la consultora del doctor traía inversiones al país, no al revés”, aseguran los que trabajan cerca del amigo del Presidente, que entienden que la publicación de estos datos es una manera de “rascar el fondo de la olla” para mantener en alta el caso de los Panama Papers.
A Néstor Grindetti se le debe estar haciendo una costumbre ver a su nombre asociado a algo sospechoso. Luego de su aparición en el escándalo de las cuentas offshore, ahora se difundió un pedido de captura de la Interpol hacia el intendente de Lanús. Según esta, durante su estadía en Brasil como empleado de Socma –empresa del grupo Macri–, habría incumplido a sus funciones al cerrar la ramificación del holding y no pagar lo debido a los trabajadores. Pero tanto Grindetti como su entorno lo desmintieron tajantemente: “Es absolutamente falso que la causa siga abierta, sólo figura en la página por un error administrativo, ya la deberían haber sacado”, dijeron.
En el pasaje bíblico, los que señalaban con el dedo las actitudes ajenas terminaban arrepentidos y huían con vergüenza de la escena, dejando sólo a Jesús con la mujer acusada. Quizás al oficialismo le vendría bien un teólogo que advierta sobre los riesgos de buscar la paja en el ojo del otro. l
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