La constructora brasileña Odebrecht, considerada la mayor empresa de infraestructuras de América Latina, acusada en diciembre por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de expandir sus negocios gracias a una "estrategia de sobornos" a políticos y funcionarios, parece llevarse puesta a la cúpula política de Latinoamérica.
En Brasil. La empresa aceptó ante la Justicia estadounidense haber pagado al menos 349 millones de dólares en sobornos entre 2003 y 2016. La compañía es la principal acusada en la operación "Lava Jato" ("Lavado de autos", bautizada así por las instalaciones de una gasolinera donde empezó la investigación en 2014), que investiga una red de pagos de sobornos a políticos para obtener millonarios contratos con la petrolera estatal Petrobras.
Por las denuncias contra la constructora está preso desde junio de 2015 su presidente, Marcelo Odebrecht. Pero las investigaciones complican a Lula Da Silva y Michel Temer por igual, y a altos círculos del poder económico y político.
En Perú. La acusaciones de que la empresa pagó sobornos por 29 millones de dólares en Perú entre 2005 y 2014 sacudieron en los últimos días los cimientos políticos del país. La Justicia peruana acusa al ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006) de haber recibido un soborno de 20 millones. Toledo, en Estados Unidos, ya cumple arresto domiciliario mientras espera que la cancillería peruana resuelva la extradición.
Toledo es la primera gran figura de la política peruana inculpada por haber recibido sobornos de Odebrecht, pero no la únila. Alan García y Ollanta Humala también quedaron salpicados por el escándalo.
El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, que encabezó el gabinete ministerial de Toledo en su gestión, declaró que las imputaciones contra Toledo son "una traición" al país.
En Colombia. El pedido de la Fiscalía colombiana de investigar la posible llegada de sobornos de Odebrecht a la campaña para la reelección del presidente Juan Manuel Santos en 2014 causó esta semana un terremoto político en el país.
A falta de pruebas, la acusación se basa por ahora en el testimonio del ex senador Otto Bula, detenido por haber recibido presuntamente 4,6 millones de dólares de Odebrecht. Bula sostiene que parte de ese dinero fue a parar a la campaña electoral de Santos. Pero también la campaña del rival del último Nobel de la Paz en los comicios de 2014, Óscar Iván Zuluaga, está bajo sospecha de haber recibido fondos de Odebrecht.
La Justicia estadounidense sostienen que la brasileños pagaron 11 millones de dólares en sobornos en Colombia entre 2009 y 2014, tiempo en el que la compañía tuvo tres contratos: dos para construir carreteras y otro para la navegabilidad del río Magdalena, el principal del país. El proceso penal por las dádivas de la brasileña en Colombia condujo hasta ahora a la detención de Bula y del ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales.
En México. Según la Justicia estadounidense, el monto de los sobornos pagados en México es de 10,5 millones de dólares para obtener beneficios por 39 millones entre 2010 y 2014, período que abarca los dos últimos años de Gobierno de Felipe Calderón y los dos primeros de Enrique Peña Nieto.
Junto con la petroquímica brasileña Braskem, también acusada por la Justicia estadounidense, Odebrecht tiene principalmente proyectos en el sector energético con la empresa estatal Pemex.
El documento de la Justicia norteamericana no especifica qué contratos se obtuvieron mediante sobornos. Sólo señala que en octubre de 2013 "Odebrecht acordó pagar un soborno a un funcionario de alto nivel de una empresa mexicana de propiedad y control estatal a cambio de ayudar a Odebrecht a ganar un proyecto". El soborno fue de seis millones de dólares.
En Argentina. Odebrecht admitió haber pagado sobornos por 35 millones de dólares en Argentina entre 2007 y 2014, durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).
En ese periodo obtuvo contratos en el país sudamericano para la ampliación de gasoductos, la construcción de una planta de potabilización de agua, una refinería de la petrolera estatal YPF y una línea ferroviaria, entre otros proyectos de obra pública.
por María Cristina Ferrero
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