Resulta paradójico definir un blanqueo de capitales como exitoso. Por un lado, este sinceramiento fiscal, como lo ha llamado el gobierno de Mauricio Macri, ha logrado superar en más de 20 veces al que había organizado el de Cristina Fernández de Kirchner en 2009. Pero, por otro, el volumen de lo legalizado, entre 110.000 y 150.000 millones de dólares, según las predicciones, pone de relieve el fracaso del Estado argentino durante décadas para evitar la fuga de capitales y la evasión tributaria.
¿Pero por qué ha tenido tanta recepción esta amnistía fiscal, como llaman en el exterior al blanqueo, palabra que usan, en cambio, para el lavado? Una de las máximas autoridades que dirigieron el operativo en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) busca razones: “Hay varios aspectos. El primero es que claramente es un espaldarazo al país. Hay gente que había tenido años de buenas rentas y no las había declarado, en un país que tiene muchos vaivenes jurídicos, donde el Estado no permitía disponer de los fondos en un banco o no era fácil comprar y vender divisas. Todo ese contexto unido al no pago de impuestos daba margen para que mucha gente con un buen pasar económico ocultara sus bienes. Ahora vio una oportunidad de ponerse al día, de formalizar sus bienes para después poder disponer de ellos, porque es difícil vender un bien oculto. Esto fue un incentivo muy importante para incluirse en el sinceramiento. Y además en el mundo existe ahora un montón de regímenes de información entre muchos países y nos vamos a intercambiar datos bancarios y de propiedades y cada cual va a poder verificar si los contribuyentes residentes tienen declarados como corresponde esos bienes en las declaraciones juradas”. Precisamente, el entrecruzamiento de datos informáticos entre organismos del propio Estado argentino, entre los registros de inmuebles y AFIP, por ejemplo, y, sobre todo, con los de otros países es lo que ha despertado el temor de los contribuyentes blanqueadores.
Secreto
El mundo del secreto fiscal se ha desmoronado. Después de la crisis financiera global de 2008, que inició un debate sobre los paraísos fiscales y su perjuicio a los erarios públicos de todos los países, en 2014 unas 54 naciones y territorios, incluida la Argentina, acordaron el intercambio de información desde 2017. Por la presión de algunos de los firmantes como Alemania, Francia y Reino Unido, Suiza terminó adhiriéndose, pero con la condición de que a su vez cada país suscriptor del convenio firmara pactos bilaterales con ella. El de la Argentina con Suiza se rubricó en noviembre pasado, pero aún debe ser ratificado por el parlamento helvético. Por la presión internacional, bancos suizos han ordenado a sus clientes a que blanqueen o se vayan. Por cuestiones de costos, se deshicieron de pequeños depositantes.
Este año comienza el intercambio de datos entre los 54 países que primero firmaron. En la lista se incluyen varios paraísos fiscales: los caribeños Anguila, Barbados, Bermuda, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Montserrat, Curaçâo y Turks y Caicos, las islas británicas Faroe, Guernsey, Jersey y Man, Gibraltar, Liechtenstein, San Marino, Chipre, Malta y los orientales Niue y Seychelles. En 2018 se suman otros 47, incluidos varios sospechosos de esconder dinero negro, como Suiza, Andorra, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Islas Cook, Grenada, Hong Kong, Islas Marshall, Nauru, Saint Kitts y Nevis, Saint Marteen, Uruguay, Vanuatu, Baréin, Belice, Dominica, Mauricio, Mónaco, Samoa, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía. Quedan aún algunos paraísos fuera, como las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Liberia y Maldivas.
La gran potencia del Norte no adhirió al acuerdo internacional, pero ha firmado tratados bilaterales, como el que selló en diciembre pasado con la Argentina. Ese pacto incluye información de los Estados Unidos, incluidos estados como Delaware que por iniciativa del gobierno de Barack Obama dejaron el año pasado de ser reinos del secretismo fiscal, y también de sus territorios asociados, como Samoa Americana, Guam, Mariana del Norte, Puerto Rico y las Vírgenes. Ahora las sociedades de Delaware no podrán más ocultar sus dueños. El pacto bilateral incluye el intercambio de información cuando sea requerida y si se cumple una lista de siete requisitos detallados, pero también habrá suministro de datos automático, según acuerden las partes, y espontáneo, siempre y cuando la autoridad tributaria de cada país lo considere pertinente. El tratado entró en vigor en febrero y el trueque de datos comenzará en enero próximo.
César Litvin, CEO de uno de los principales estudios contables de la Argentina, Lisicki, Litvin & Asociados, destaca que este contexto internacional posibilitó el éxito del blanqueo, que superó el récord de Italia de 2009, aunque terminó por debajo del que también se cerró este 31 de marzo en Indonesia. Sin embargo, Litvin también vincula el resultado a la confianza en el gobierno de Mauricio Macri y a las condiciones ofrecidas, que fueron planeadas por el ex ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay y el actual jefe de la AFIP, Alberto Abad. “No sé si la gente le hubiera dado los datos de sus cuentas e inmuebles al kirchnerismo. La propuesta de blanqueo que tenía (Daniel) Scioli tampoco hubiera recaudado tanto”, expone Litvin. A diferencia del último blanqueo del gobierno de Cristina Kirchner, en 2013, en pleno cepo cambiario, esta vez no había que repatriar capitales y además se permitía sincerar no sólo el dinero sino también los inmuebles.
"Los contribuyentes quieren tener las cosas en orden, teniendo en cuenta el escenario de transparencia fiscal internacional y un gobierno más accesible a la seguridad jurídica, a no tener cepo ni políticas populistas que los atemorizan", opina Litvin. Para él, la histórica fuga de capitales de la Argentina no obedece tanto a la intención de evadir impuestos sino a la de proteger el patrimonio individual. No todos opinan lo mismo.
Fracaso
El economista Jorge Gaggero, integrante de la Red de Justicia Fiscal de América Latina, advierte que el éxito del blanqueo también refleja el fracaso histórico del país: “En la región solo Venezuela nos supera si medimos los stocks puestos offshore en relación con el PBI. En esta comparación, la fuga brasileña es un tercio de la de la Argentina. Tenemos casi el 90% de un PBI afuera, unos 500.000 millones de dólares. Esta fuga expresa una tendencia global, todos los países la han tenido y la tienen cada vez más fuerte, pero a la vez es una particularidad nacional. Expresa de alguna manera el fracaso político y económico de la Argentina, la alternancia de gobiernos muy distintos en los últimos 50 años, con crisis macroeconómicas fuertes, que tienen su traducción en picos de fuga grandes, pero, más allás de esos picos, hay un movimiento estructural de fuga continuo, incluido los tiempos de la convertibilidad y el kirchnerismo”, describe Gaggero.
“Lo que entró al blanqueo es mucho, dado lo obtenido en otros países”, admite el economista. “Se blanqueó un cuarto del total del stock fugado, cuando en Brasil o Chile se blanqueó 10%. Pero llegarían de una sola vez 10.00 millones de dólares al fisco. No es tanto. Y se repatriarían 16.000 millones, algo modesto, porque la fuga sigue en el orden de los 30.000 millones anuales”, advierte.
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