"Estoy en contra de la legalización de la marihuana y en contra de la legalización del aborto”. En plena campaña presidencial 2015, Daniel Scioli, parecía tener todo muy claro. Sin embargo, en la intimidad, las cosas fueron diferentes. Gisela Berger, quien espera un hijo del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, detalló cuál fue la reacción de su entonces novio al enterarse del embarazo: Gisela Berger, la ex de Scioli: “Él quería que me haga un aborto”“¿Hay algo para tomar para hacer que esto baje?, ¿No existe algo?”, asegura la rubia que fue la primera respuesta de Scioli. El tabú político en torno al aborto es tal que, según Berger, su ex pareja no quería que esto se supiera: “En tres meses hablando del tema se nombraron todos los sinónimos sobre la palabra (aborto)”, indicó.
De esta manera, quedó en evidencia la hipocresía política en torno a la interrupción voluntaria de embarazo: un lado, el discurso público y, por el otro, el privado. El ex presidente Carlos Menem fue uno de los ejemplos claros de esta doble moral. Mientras él se oponía al aborto, su ex esposa Zulema Yoma admitía que se había practicado uno. El tema también se plasmó en la serie de TV, “House of cards”, cuando su protagonista Clair Underwood ocultó un aborto para no perjudicar a su marido, candidato a la presidencia.
Una problemática silenciada que nunca llegó a ser debatida por el Congreso. Según estimaciones del Ministerio de Salud, en el país se practican 500.000 abortos clandestinos que terminan con 80.000 internaciones y 100 mujeres muertas por año. Sin embargo, el tema permanece fuera de discusión, más allá del resultado que se alcance.
“Falta debate porque no se dice la verdad, existen prejuicios, se tergiversa la información y porque vivimos en una sociedad machista”, explica a NOTICIAS Margarita Stolbizer, para quien la hipocresía de los funcionarios y candidatos es la principal razón para que este tema se trabe: “En la política muchas veces se dice lo que los demás quieren escuchar y no efectivamente lo que se piensa o se practica”, asegura.
Sin banca. Así, mientras Uruguay promulgó una ley despenalizándolo y en Chile fue la propia presidente Michelle Bachelet quien envió un proyecto al Congreso, en nuestro país la legislación en torno al aborto no punible data de hace casi un siglo. El artículo 86 del Código Penal establece que la práctica no constituye delito únicamente cuando corre riesgo la vida o la salud de la madre, o en casos de violación “a una mujer idiota o demente”.
En las distintas comisiones del Congreso descansan ocho proyectos referidos a los abortos no punibles y otros dos que directamente promueven la despenalización, pero no hay miras de que ningunDesde que fue sancionado en 1921, la discusión política está ausente.o vaya a llegar al recinto. “Con la actual Cámara, diría que es imposible que llegue a tratarse”, se sincera la diputada kirchnerista Juliana Di Tullio. La vicepresidenta Gabriela Michetti justificó su posición a NOTICIAS y aseguró estar en contra “por una vocación humanista frente a la vida. Creo que no tenemos que elegir entre una vida y otra sino que como Estado tenemos que trabajar en la prevención de embarazos no deseados. Considero que la vida empieza en la concepción”. Pero aclaró que, de todos modos, se trata de “un debate necesario”. A pesar de esta voluntad, lo cierto es que el presidente Macri ya cerró la puerta y aseguró que durante su mandato no se tratará.
“Apenas asumió Cambiemos, repetían en las reuniones de comisión que iban a permitir que se debatiera pero, a los pocos días, dijeron que ni pensaban tratar el tema”, apunta la diputada del PTS, Myriam Bregman, quien asegura que luego de que Macri se pronunciara en contra, los legisladores cerraron filas alrededor del no debate. “Es un claro ejemplo de hipocresía. En privado se dice que se va a plantear una discusión y después en público se hace otra cosa”, opina la legisladora.
Cuando en octubre del 2015 se realizó el primer debate presidencial, Luis Novaresio les preguntó a los candidatos su posición con respecto a la despenalización del aborto, sólo Nicolás Del Caño sentó una postura. Los otros cuatro prefirieron el silencio. En vísperas de los comicios, ninguno quiso arriesgarse a ganarse enemigos. “Muchos políticos tienen una doble moral que se mezcla con sus propios prejuicios, sus propios miedos y el querer quedar bien con ciertos sectores que los lleva a no propiciar el debate”, opina la ex legisladora María José Lubertino.
“Sin un Poder Ejecutivo que te respalde, es muy difícil seguir adelante porque no tenés banca”, explica Di Tullio, autora de uno de los proyectos de ley nunca debatidos en el recinto. La diputada habla con conocimiento de causa ya que a pesar de formar parte de un oficialismo que tenía mayoría en ambas cámaras, no pudo avanzar debido a que la ex presidenta Cristina Fernández se había manifestado públicamente en contra del aborto. “La obturación del debate es responsabilidad de la política, tanto del gobierno anterior, como del actual”, dice Stolbizer, dando cuenta de que se trata de una cuestión verticalista.
El “veto” presidencial actúa entonces implícitamente suprimiendo el debate, incluso antes de que comience. “No quieren llegar al momento de que se vote en el recinto y se vea quiénes levantan la mano por sí y quiénes por no”, opina Bregman.
Presiones y pasillos. Desde que asumió como Papa en marzo de 2013, Francisco se convirtió en un importante actor de la política nacional. Hubo muchos funcionarios que quisieron congraciarse con él y otros que temieron su enojo.
“Es posible y hasta natural que exista esa influencia”, reconoce Stolbizer. Para Di Tullio, la presión de los religiosos va más allá: “Cuando se votó matrimonio igualitario, los obispos del lugar de cada uno de los diputados no paraban de llamarlos”, recordó.
El sutil lobby eclesiástico tuvo uno de sus episodios destacados en la Provincia de Buenos Aires. El 17 de octubre del 2016, el gobierno de María Eugenia Vidal adhirió al protocolo de aborto no punible que establece el acceso al aborto legal para los casos en que esté en peligro la vida o la salud de la mujer o cuando el embarazo fuese producto de una violación. La decisión tomada por la ministra de Salud, Zulma Ortiz, no agradó a algunos sectores del Gobierno y menos de dos semanas después, la gobernadora dio marcha atrás en la decisión. Esta semana, Vidal explicó: “No creo que las mujeres, por ocupar cargos públicos, estemos obligadas a promover la despenalización el aborto”.
La influencia de la Iglesia en el debate público no acabó ahí. En 2015 y por resolución de Julián Domínguez, uno de los kirchneristas más cercanos al cristianismo, se creó la Dirección de Enlace con Cultos y Entidades Religiosas. Según explicó la propia agencia informativa de la Iglesia (AICA), el principal objetivo de esa oficina –la 109– era efectuar un seguimiento parlamentario de cuestiones inherentes a la relación entre la Iglesia Católica y el Estado. Ninguno de los legisladores consultados por NOTICIAS dijo conocer esta dirección ni cuál era su función en uno de los anexos del Congreso. Está presidida por un hombre de Francisco: Gerardo Di Fazio Lorenzo.
“Hay mucha hipocresía, personas que dicen una cosa pero hacen otra. Por eso me parece fundamental y muy sano que cada uno pueda expresarse”, aclara Michetti incentivando a un diálogo que, por el momento, no existe. Los tabúes y las presiones lo postergan para más adelante.
por Marcos Teijeiro y Giselle Leclercq
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