Nicolás Bianco maneja un negocio de sanitarios y pinturas en Hurlingham. Vive a 40 minutos del cajero del Banco Nación de Recoleta donde el 4 de octubre de 2017 depositó 20.000 pesos para la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, según declaró la alianza de Gobierno. Él asegura que nunca estuvo ahí.
Ese mismo día, entre las 13 y las 15, otras 21 personas depositaron sus billetes en la misma sucursal de Avenida Alvear 1936. Lo curioso es que a ninguno le queda cerca el banco, instalado en el corazón de uno de los barrios más exclusivos de la Capital, a metros del hotel Alvear y el café La Biela, rodeado de locales de marcas internacionales y joyerías.
Ninguno siquiera tiene domicilio en la Ciudad de Buenos Aires: 17 son de Hurlingham, dos de Moreno, uno de Ituzaingó, otro de La Matanza y uno más de San Miguel. Los datos fueron constatados por NOTICIAS al cruzar registros públicos y nuevos documentos judiciales incorporados a la causa de los “aportantes truchos”.
“Jamás me acerqué ni aporté al PRO, no sé por qué me ensuciaron con algo así”, se queja Bianco. A su nombre figuran varias operaciones realizadas desde la misma terminal. Lo mismo le sucede al resto de los involucrados, que fueron identificados en una pericia.
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Los 22 aportes suman cerca de 500.000 pesos, casi la mitad de lo que Cambiemos recaudó por depósitos bancarios (1.079.500 pesos), una modalidad poco usada, ya que más del 95% de los aportes fueron en efectivo. Intendentes, funcionarios bonaerenses y hasta la tesorera del PRO que María Eugenia Vidal despidió de su equipo cuando comenzó el escándalo –María Fernanda Inza– hicieron aportes cash. Sin dejar rastro.
Expediente. La pista del “cajero mágico” es parte de la investigación del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, el único que mantiene abierta una causa de tipo penal contra Cambiemos por las irregularidades de la campaña 2017. Su par Sebastián Casanello tuvo que abandonarla por decisión del presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Izurzun, para quien los posibles delitos cometidos son sólo de carácter electoral.
La Cámara platense podría tomar una decisión similar: truncar la investigación penal y llevar alivio al oficialismo. Mientras tanto, el juez intenta desenredar un ovillo donde se mezclan millones de pesos de dudosa procedencia con ciudadanos indignados por el uso de su identidad, gobernantes que se desentienden del conflicto y recaudadores nerviosos.
Hasta el momento, los investigadores constataron que ninguno de los 22 aportantes del cajero de Recoleta es beneficiario de planes sociales, una característica que aplica a cientos de denunciantes en la causa.
Si se comprueba que no fueron ellos quienes realizaron los depósitos, entonces ¿quién fue? ¿Una sola persona llevó casi 500.000 pesos y realizó más de 80 depósitos en dos horas? ¿Fueron más? Las cámaras de seguridad del banco curiosamente ya no están disponibles para evacuar la duda.
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