Desde su llegada al poder hace 18 meses, el Presidente Emmanuel Macron ha multiplicado las medidas antisociales, adoptando al mismo tiempo decisiones favorables a los más adinerados, suscitando un amplio movimiento de protesta popular.
En 2017, tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el candidato Emmanuel Macron sólo consiguió la adhesión del 18,19% de los electores presentes en las listas. Así el 81,81% de los inscritos expresó otra opción política. En la segunda vuelta, en un contexto en el que el Frente Republicano se oponía a la extrema derecha y a su candidata Marine Le Pen, el exbanquero de Rothschild obtuvo el voto de apenas el 43,26% de los inscritos, ilustrando así la crisis del sistema democrático francés.
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Antes, el candidato del poder del dinero se había beneficiado de una campaña mediática sin precedentes en la historia de la V República. En efecto, en Francia, diez multimillonarios controlan los principales canales privados (Canal+, TF1), los canales informativos (LCI, BFM-TV, CNEWS), los principales diarios nacionales (Le Monde, Libération, Le Figaro) y los semanarios más difundidos (Le Point, L’Express, Le Nouvel Obs). Pusieron a disposición del candidato Macron sus recursos humanos, materiales y financieros.
Impuestos. Para compensar las pérdidas presupuestarias vinculadas a los regalos fiscales hechos a las grandes empresas y a las capas más pudientes, el Gobierno decidió reducir los gastos sociales. Así, los “contratos ayudados” que permitían a los jóvenes desempleados conseguir un trabajo fueron en parte suprimidos, mientras la tasa de desempleo entre los jóvenes de menos de 25 años supera el 22 %.
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De la misma forma, también se redujo la ayuda para la vivienda destinada a los estudiantes, mientras en Francia el 20 % de ellos vive por debajo del umbral de pobreza. A un joven desocupado que expresó su desamparo frente a las dificultades para encontrar un trabajo, el Presidente Macron respondió con desdén: “Cruzo la calle y le encuentro un trabajo”. Esta secuencia filmada, humillante para el joven, dio la vuelta al país, difundiendo la imagen un dirigente insensible a los sufrimientos de la juventud.
La administración Macron también decidió aumentar algunos impuestos como la Contribución Social Generalizada (CSG), que pasó de 6,6 % al 8,3 %. Los jubilados, cuya pensión media es de 1.283 euros mensuales, han sufrido una disminución sensible de sus ingresos. Durante una visita a Colombey-les-Deux-Eglises, donde descansa Charles de Gaulle, una anciana explicó al Presidente Macron que sobrevivía con una miserable pensión de 500 euros mensuales. Sin expresar empatía por la venerable señora, la respuesta del mandatario indignó al país: “Usted puede hablar con toda libertad; la única cosa a la que no se tiene derecho es a quejarse”.
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Mientras el Gobierno Macron ha multiplicado los regalos a los más ricos, empobreciendo sensiblemente al Estado, al mismo tiempo ha llevado una guerra implacable contra los servicios públicos disminuyendo el número de funcionarios en sectores que ya sufren ampliamente escasez de personal, como la educación y la salud. Durante el primer año de su mandato, el Gobierno suprimió 5.000 puestos de funcionarios y se ha comprometido a suprimir 10.000 en 2020. El objetivo declarado es reducir el número de funcionarios en 50.000 para 2022, es decir, al final del quinquenio, contra la opinión mayoritaria de la población que siente un apego fuerte hacia el servicio público y el principio de solidaridad.
Gasolina. La situación social de Francia –que tiene a cerca de 9 millones de pobres (sobre una población total de 65 millones de habitantes), más de 3 millones de desempleados, 2 millones de analfabetos y 200.000 personas sin techo–, la política antisocial del Gobierno que prefiere privilegiar a los ricos, así como el desprecio y la indiferencia por parte del poder hacia los ciudadanos más modestos, han desatado un amplio movimiento de protesta popular conocido con el nombre de los “Chalecos Amarillos”. Mientras Francia es el país de Europa que más millonarios tiene y que la nación nunca ha sido tan rica en su historia, una parte sustancial de sus habitantes se enfrenta diariamente a importantes dificultades materiales.
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El detonante fue la decisión de aumentar el impuesto sobre la gasolina (7 céntimos por litro de gasoil y 4 céntimos por litro de súper), impuesto destinado a recaudar 4.500 millones de euros anuales, o sea el equivalente de la pérdida sufrida por la supresión del Impuesto sobre la Fortuna y la disminución de la Flat Tax. Esta medida ha suscitado una ola de indignación nacional no estructurada, espontánea y plural, que se ha traducido en la movilización popular lanzada a través de las redes sociales para protestar contra el carácter perverso del impuesto. La causa común de esta insurrección ciudadana es el rechazo al Presidente Macron, símbolo de la arrogancia y del desprecio de un abolengo de pudientes. Desde el 17 de noviembre de 2018, fecha de la primera manifestación nacional, el movimiento se ha ampliado con la participación de los alumnos de los liceos y los estudiantes.
Represión. El Gobierno ha respondido con una represión que alcanzó niveles inauditos para los antecedentes franceses. Una mujer de 80 años falleció en Marsella tras ser alcanzada por una granada lacrimógena lanzada por la policía. Varios manifestantes fueron gravemente heridos por las fuerzas del orden. Algunos –entre ellos una joven alumna de 16 años– fueron desfigurados por balas de goma recibidas en pleno rostro. Una joven estudiante de 20 años perdió un ojo. Hay una probabilidad del 90 % de que otro alumno de 15 años pierda el ojo izquierdo según su abogado. Otros fueron mutilados por la explosión de granadas ensordecedoras. A un joven de 26 años le fue amputada su mano derecha tras ser alcanzado por una granada lanzada por la policía.Francia es el único país de Europa que usa granadas explosivas contra los manifestantes.
Las imágenes de las violencias policiales que filmaron los periodistas y los ciudadanos han tenido un impacto desastroso para el Gobierno. Las fuerzas del orden han violentado hasta al periodismo.
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Varios sindicatos de la profesión han denunciado “los numerosos heridos entre los periodistas, reporteros y fotógrafos” y han condenado “las violencias inadmisibles de las fuerzas de policía”. “A muchos fotógrafos de prensa, claramente identificados como tales, se les confiscaron sus equipos bajo la amenaza de un arresto. “Es totalmente inaceptable, en un país democrático y en un Estado de derecho, que los poderes públicos no garanticen la libertad de informar”, concluyen los representantes de la prensa.
Frente a la persistencia del movimiento, el Gobierno tuvo que renunciar definitivamente al alza del impuesto sobre la gasolina. Anunció una ayuda de 80 euros mensuales a los trabajadores que reciben el salario mínimo. No obstante, el Estado -y no las empresas-, asumirá la totalidad del costo. El salario diferido (bruto) del subsidio de desempleo y de la seguridad social, será drásticamente disminuido a favor de un aumento mínimo del salario neto.
Aspiraciones. Los ciudadanos aspiran a más justicia fiscal, con un impuesto más progresivo que no se base únicamente en cinco segmentos. La clase media asume el peso de los impuestos, mientras que las grandes fortunas, mediante las exenciones fiscales o la evasión fiscal legal o ilegal, logran escapar de sus obligaciones tributarias. Así, las 40 empresas francesas más grandes poseen 1.454 filiales en paraísos fiscales.
La opinión pública también exige un gran plan contra el fraude fiscal, que cuesta al Estado cada año entre 80.000 y 100.000 millones de euros y priva al país de muchas inversiones necesarias.
Reivindica que las grandes empresas no evadan el impuesto mediante subterfugios legales que les permiten transferir sus ganancias a otros países y hacen que sus actividades en Francia resulten artificialmente deficitarias. A título de ejemplo, la compañía Total, cuyo beneficio anual se eleva a más de 10.000 millones de euros, no paga un solo céntimo de impuestos en Francia. Esta injusticia social es incomprensible e insoportable para la mayoría de los ciudadanos.
El movimiento de los “Chalecos Amarillos”, apoyado por el 80 % de la opinión pública, simboliza la insurrección ciudadana de los olvidados de la República, de “la gente que no es nada” –para retomar las palabras despectivas del Presidente Macron hacia los más humildes- que aspiran a una distribución más equitativa de las riquezas nacionales.
por Salim Lamrani
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