El convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Fundación Vida en Familia para crear una línea telefónica de asistencia a las mujeres que atraviesan embarazos no deseados, desató el enojo de todos. El anuncio había sido cuestionado con dureza por el “sector verde” debido a la contradicción que significaba tercerizar el asesoramiento de estas situaciones a grupos evangélicos provida. Sin embargo, cuando una semana después se supo que el Gobierno había dado marcha atrás con el acuerdo, los celestes se sumaron a la lista de indignados. Allegados a la ONG denuncian que fueron presionados por las autoridades.
El 6 de marzo, en la Cámara de Diputados, con la presencia de legisladores como Marcela Campagnoli, Eduardo Amadeo, Cornelia Schmidt Liermann y Jorge Enríquez y con la adhesión de la vicepresidenta, Gabriela Michetti, se dio a conocer la creación de una red telefónica para asesorar a mujeres embarazadas. Los nombres que respaldaron la iniciativa y el hecho de que se haya dado a conocer dos días antes de la marcha del 8M, asociada a los pañuelos verdes, fueron interpretados como gestos positivos al mundo evangélico y celeste.
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Según fuentes cercanas a la Fundación Vida y Familia, a la media hora de la presentación comenzaron a recibir mensajes de la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, el área a cargo del acuerdo. “Hacerlo ahora no fue lo mejor”, “No queríamos que fuera algo político”, “Hubiera sido mejor que esto fuera sido un trabajo silencioso”, fueron algunos de los cuestionamientos oficiales a los celestes.
Desde el ministerio, el viernes 8 de marzo, se le exigió a la Fundación que, para continuar con el proyecto, se debía firmar una adenda que contenía 4 observaciones. Lo insólito es que las aclaraciones del anexo pedían, nada más y nada menos, que la línea 0800 actúe conforme lo establece la ley: adherir al Plan Nacional de Prevención del Embarazo no intencional en la adolescencia (ENIA) y a los lineamientos para el abordaje interinstitucional de abusos sexuales y embarazo forzado; garantizar la confidencialidad de la información; y, por último, dar asesoramiento conforme a la Convención de los Derechos del Niño, a la Constitución Nacional y al artículo 86 del Código Penal de la Nación Argentina adecuado al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
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Fue este último punto el que encendió las alarmas de la Fundación que se negó a firmar el anexo. “Lo hicimos examinar por asesores ¿Cómo nos van a presionar para que en un fin de semana firmemos una adenda en la que trabajamos nueve meses?”, insistieron los celestes.
Desde el ministerio de Desarrollo Social aseguraron que el anexo fue una manera de explicitar la forma en la que se debía trabajar: “Estaba explicitado que debían actuar dentro del marco del Plan ENIA y el anexo fue para que se comprometieran. Sabemos que son evangélicos y que no iban a estar promoviendo el aborto pero sí tenían que dar la opción y ellos dijeron que no”.
Desde la Fundación, sin embargo, insistieron con que el pedido les resultó “sorpresivo”. Según ellos, el Gobierno siempre supo el lugar desde el cual iban a trabajar: “El convenio estaba claramente orientado a salvar las dos vidas. Así quedó suficientemente reflejado en las conversaciones mantenidas a lo largo de nueve meses hasta su celebración, y fue plasmado en el mismo texto suscripto, que circunscribe el asesoramiento a brindarse a las dos siguientes alternativas: criar el hijo o darlo en adopción”, aseguraron.
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La firma del anexo, para los celestes, “hubiera entrado en franca contradicción con el espíritu y letra del programa aprobado. Hubiera significado dar a los adolescentes una opción, el aborto, que es precisamente aquella que la Fundación procura evitar”.
El sector de las iglesias evangélicas que trabajó en el proyecto desde marzo del 2018, y que mantenía una muy buena sintonía con Cambiemos, quedó dolido: "Fue un escándalo, una vergüenza pero al Gobierno se le vino en contra porque toda la gente que está a favor de la vida está furiosa", insisten.
La Fundación Vida y Familia, informó el ministerio, deberá devolver los $1.300.000 que habían recibido para comenzar a trabajar. Un proyecto trunco que, de no haber recibido fuertes críticas públicas, hubiera prosperado.
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