El diputado Marco Lavagna presentó el 1º de julio un pedido de informes a la Procuración del Tesoro de la Nación para que detalle todos los juicios y reclamos que hay contra el Estado y las empresas estatales en tribunales del exterior. Le solicita al organismo que dirige Bernardo Saravia Frías el motivo de las causas, fecha de inicio, instancia en que se encuentran, montos demandandos y duración proyectada.
NOTICIAS había pedido un informe similar el 30 de mayo, día en que la Argentina perdió el juicio de US$ 320 millones en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi) por la reestatización de Aerolíneas (2008), que el estudio de abogados inglés Burford compró al grupo español Marsans. A los pocos días cayó allí una nueva demanda, esta vez de los accionistas holandenses por la nacionalización de la AFJP Orígenes (2008). Herencias varias del kirchnerismo, que revirtió privatizaciones polémicas del menemismo.
Pero el candidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, alertó sobre la responsabilidad del gobierno actual en las derrotas judiciales y las nuevas demandas: "Por impericia o por lo que sea, hoy da la sensación de que es fácil ganarle un juicio a la Argentina”. Su hijo Marco admite que “había muchas causas que llevaban años tramitándose y suena lógico que llegaran las sentencias, pero empezaron a surgir causas de mucho tiempo atrás”.
La Procuración y el Ministerio de Hacienda informaron al diario Clarín que el gobierno de Cristina Kirchner había pagado cinco sentencias internacionales por US$ 427 millones, más 5.000 millones que negoció para Repsol por la expropiación de YPF.
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También detallaron que en la administración Macri se abonaron cinco fallos por 1.036 millones, quedan por saldar otros cinco por 845 millones y están en trámite nueve causas más, que abarcan las de Burford y el fondo Eaton por la participación de los Eskenazi en YPF -el Gobierno busca demostrar que la habían comprado de manera fraudulenta-, la de Orígenes y otra AFJP que comenzó su demanda en 2017 (MetLife, de EE.UU.) y la alemana Hochtief por la construcción del puente Rosario-Victoria.
Fuentes de la Procuración cuentan que el Gobierno reclamaba al antecesor de Saravia Frías, Carlos Balbín, que fuera conciliador con Hochtief, con ánimo de reconquistar inversores, pero él se resistió y consiguió que la demanda de US$ 100 millones se tradujera en un fallo por 13 millones en 2016. Balbín había llegado con Macri y la bendición de Elisa Carrió, y se había apoyado solo en la línea del organismo. Ella llegó a prometer que dejaría el oficialismo si lo echaban, pero incumplió. Lo sucedió Saravia Frías, que incorporó al menos seis abogados del sector privado, algunos doctores por la Sorbona.
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“Hay estudios de abogados que ven que el país está débil y ven el hueco”, opina Marco Lavagna. “La mala defensa o las posturas blandas invitan a iniciar nuevos juicios. Podés intentar cerrar rápido los juicios en el Ciadi porque para la inversión no es bueno tenerlos, pero podés cerrarlos con negociaciones fuertes. Pregunto: ¿subiste mucho las tarifas a las eléctricas y les reconociste deudas para que bajaran las demandas en el Ciadi?”, plantea Lavagna. La española Abertis, concesionaria de los accesos Norte y Oeste, inició su juicio allí apenas empezó el gobierno de Macri y en 2018 la bajó tras acordar tarifas y una deuda a su favor.
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