Si hay algo que dejó como saldo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP 26) en Glasgow, es que las enseñanzas aprendidas apuntan a no dejar que un tema tan relevante para el futuro global no se decida en un compartimento estanco de la economía. Justamente ese fue el punto pendiente de la conferencia de Paris y en el que ahora tomaron la voz cantante actores relevantes que transformaron la disputa entre “parte” (países) a una coordinación entre sectores e industrias globalizadas con el apoyo de los países, con un colchón financiero que permita que no quede en buenas intenciones la hoja de ruta.
Por ejemplo, la The Glasgow Financial Alliance for Net Zero, una task force financiera e institucional compuesta por las principales corporaciones del mundo y sus directivos, comprometidos en dar una respuesta convincente a las acusaciones de ser indiferentes o hasta cómplices por no mitigar el cambio climático.
Considerando que en el ranking de países emisores de CO2 están China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón que son responsables de las dos terceras partes de las emisiones globales, contar con el apoyo (y los fondos) de la elite económica transformará el problema: una amenaza a la humanidad mutará en una oportunidad para que sectores enteros se transformen bajo este nuevo paradigma con los fondos billonarios que surgieron para ello. De los US$900 mil millones que se invirtieron para ello en 2016 a 2021, se pasó a los US$2.600 millones hasta 2026 y trepará a los US$4.500 millones en 2025 a 2050. Un tsunami monetario… pero en dólares.
Pulseada. Las conversaciones que se llevan a cabo en Glasgow están teñidas por el espíritu de hacer posible lo deseable. Las metas se enuncian en décadas, pero el problema se padece ahora: la diferencia es que los efectos podrían ser aún peores de no mediar acciones efectivas y por eso es indispensable el acuerdo con los principales emisores. Requiere un “rápido, profundo y sostenido proceso de reducciones de las emisiones de gas, incluidas las de dióxido de carbono (CO2) de un 45% con respecto al nivel de 2010 para recién alcanzar a cero de emisiones netas para 2050”, según recogía un borrador de los documentos de trabajo que se aprobarían al finalizar la conferencia, el domingo 14 de noviembre.
El objetivo es formalizar una especie de decreto reglamentario o “rool book” para poder instrumentar operaciones que hagan efectivas las decisiones. Argentina, por ejemplo, ratificó los acuerdos de Paris en 2016 rápidamente, pero la tarea que queda por hacer es mucha y los cruces con las políticas internas es frecuente. En Paris 2015 es que en ese momento se privilegió la adhesión y el cumplimiento voluntarios, pero no produjo el resultado previsto. Las emisiones no bajaron en la medida esperada y por eso se pasó a los hechos: el dinero.
Los llamados “mecanismos de mercado” son formas en que lo que los economistas llaman “internalizar las externalidades”: hacer que pasen por el sistema de precios las decisiones que quedan fuera, ya sea porque afectan a todos en general, pero el beneficio se lo lleva sólo un grupo (el típico caso de la contaminación) y también porque las decisiones de hoy afectarán la situación de otra generación que hoy no está decidiendo ni percibiendo beneficios. Aquí está la clave de la dimensión económica del cambio climático: la sostenibilidad. Martín Guzmán no inventó nada.
Cuesta lo que vale. El ponerse de acuerdo sería un primer paso relativamente fácil pero el consensuar ritmos de inversión para mitigar los efectos del cambio climático y habilitar los mecanismos de financiación adecuados, no es sencillo. Se calcula que se precisarán entre US$ 110 y US$130 billones de gasto total para lograr las metas planteadas para el 2050. Solamente de acá al 2030 se calculan que se precisarán US$35 billones para que arranque el círculo virtuoso. Estas cifras, de por sí impactantes (casi 5 veces el tamaño de la economía estadounidense) sirven para señalar el daño al bienestar e incluso a la producción de no hacer nada, la otra opción. Los fondos constituidos y que el economista anglo-canadiense Mark Carney, Enviado Especial de las Naciones Unidas para la Acción Climática y las Finanzas, asegura que pronto estarán disponibles. Carney no es el prototipo del activista ambiental y eso también ejemplifica el abordaje de la cuestión. Fue ejecutivo de Goldman Sachs, Director del Banco de Inglaterra y luego presidente del Comité de Estabilidad Financiera del G20. Lo que se dice, un hombre del establishment por donde se lo mire. El énfasis que puso en exponer los riesgos de las acciones en las que incurren empresas y gobiernos para hacer transparente el costo de las acciones que alientan el cambio climático, lo llevó a proponer diversos mecanismos para que esto se hiciera más visible e impactar en el sistema de precios: aumentando los costos en unos casos y subsidiando inversiones en otros.
¿Utopía verde? Los objetivos a perseguir para lo cual se aplicarían esta aluvión financiero, se basan en tres principios: aumento sostenido de la participación de energías renovables, en desmedro de las basadas en combustibles fósiles, incremento de nuevas tecnologías más limpias para el transporte y la industria difíciles de erradicar (autos eléctricos, utilización del gas natural en lugar del licuado o el fuel oil y también el de modificar formas de trabajo en la ganadería y agricultura para bajar drásticamente las emisiones) y también la de focalizar las inversiones en la eficiencia energética.
En ese punto, adquirió relevancia la presentación al presidente Alberto Fernández, de visita en la cumbre de Glasgow, del deseo de inversión por parte de una minera australiana que comprometería US$ 8.400 millones a partir de 2026 para producir “hidrógeno verde”. La firma que está detrás de esta iniciativa es Fortescue Future Industries y su cara visible en la región es el ex Puma y dirigente del rugby internacional Agustín Pichot. Se desconocen los detalles de la propuesta, pero sí que requerirá tiempo para instalar gigantes aerogeneradores en la costa de Río Negro y producir hidrógeno a partir del proceso de electrólisis. No son los únicos, la francesa Total (que prefiere denominarse como una empresa energética antes que petrolera) ya está instalada en las costas atlánticas patagónicas con el mismo fin. Son apuestas gigantescas, que en la letra chica del desembargo querrán pedir cuestiones que se les regalan en otras partes: tipo de cambio de ingreso y salida, tarifas energéticas, estructura impositiva y un panorama más o menos previsible en el tiempo que madura esta inversión. Todo eso mientras exploran formas para instalar los molinos y transportar el hidrógeno producido. Quizás es demasiado pedir para una economía que todavía subsidia a una empresa carbonífera, que insiste en castigar la generación eléctrica y de gas y que está obsesionada porque el dólar ya pasó la barrera de los $200. Pero es la agenda en discusión actual en el mundo.
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