El abogado del estudio Mens Sana Advirsors que asesora al Comité de Bonistas de la Provincia de Buenos Aires en Nueva York, el argentino Marcelo Delmar, comentó a NOTICIAS que considera "correcta y apropiada" la decisión del gobierno de Axel Kicillof de prorrogar el plazo límite para aceptar la postergación del pago del título BP21, que vencía hoy y que acaba de ser pospuesto hasta el próximo día 31. Ayer, ese comité se había quejado de la falta de tiempo que había dado la provincia -solo una semana- para decidir, aunque había llamado a los acreedores a estudiar la propuesta del gobierno bonaerense y se había mostrado favorable al diálogo. Ahora los bonistas contarán con más tiempo para deliberar.
Kicillof propuso a los acreedores del BP21 postergar el pago del vencimiento de capital por US$ 250 millones del próximo domingo hasta el 1º de mayo. Lo hizo con el argumento de que la provincia no puede abonarlo por la crisis que heredó. En el prospecto de la propuesta se indica que para mayo ya estará renegociada la deuda nacional y eso pondrá un marco para la reestructuración de todo el pasivo bonaerense, no solo el BP21. Es decir que a los tenedores de este bono se les está pidiendo un aplazamiento del pago hasta mayo pero es probable que entonces se les renegocien los términos otra vez. Pero al menos así cobrarían ahora los intereses y evitarían un default y el posterior entuerto judicial.
Aunque el título está emitido en Nueva York y los antecedentes de los tribunales juegan a favor de los inversores, no hay duda que un pleito demoraría mucho. Y a los acreedores, que son en general fondos de inversión de EE.UU. y Europa, no les interesan los pleitos. Ese es negocio de los fondos buitre, que suelen aprovechar estas oportunidades para comprar barato la deuda y después litigar.
Pese a que la fecha original del pago del BP21 es el domingo, la provincia cuenta con diez días más para desembolsarlo, es decir, hasta el 5 de febrero. Por eso es que estiró hasta el 31 de enero el plazo para que los bonistas den su consentimiento a la postergación. El gobierno bonaerense necesita que el 75% o más de los acreedores apruebe el aplazo. Por ahora no lo ha conseguido. Si lo logra, aquellos que lo rechazan se verán forzados legalmente a aceptarlo.
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