Lunes 15 de agosto, 2022

ECONOMíA | 04-08-2022 13:42

Argentina, país con un dólar de manta corta

Con la inflación en el escalón del 7% y un déficit fiscal creciente, se agudiza el dilema por ajustar el tipo de cambio a la espera de nuevas condiciones. Lo que vendrá.

Por si faltaba otro ejemplar para la colección de tipos de cambio, la necesidad de contar con reservas en vías de extinción creó uno nuevo: el silo-dólar. Calculadora en mano, los productores y acopiadores de soja empezaron a evaluar la aceptación de la propuesta “superadora” que les acercó el Banco Central para tratar de captar los dólares esquivos. Básicamente le mejoraba el ingreso entre 10% y 15% sobre el tipo de cambio oficial pero sólo subía de 27% al 30% el porcentaje sobre el tipo de cambio libre (el financiero o el “blue”), estimado por el economista Fernando Marull.

Sin resto. La evaporación de las reservas internacionales de la entidad monetaria no es algo sorpresivo ni se agravó con la mediática renuncia de Martín Guzmán. En la lista de reclamos, justamente hacía referencia a lo que precisaba tener bajo su órbita para control de las variables más sensibles: la Secretaría de Energía (por cuya política tarifaria Argentina pasó en poco tiempo de exportador neto a importador creciente) y la mesa del Banco Central, ya que allí implosionó la bomba que a principios de junio marcó el derrumbe de los bonos argentinos.

La imposibilidad de seguir engrosando la bola de nieve de la deuda en pesos, el cierre del acceso al crédito internacional, la dificultad para recaudar más sin erosionar la actividad y el veto a la rebaja del gasto público, dejaron pocas vías de escape. Para Jorge Colina, economista de IDESA, el desenlace se produce por la insistencia en anclar el tipo de cambio oficial para intentar poner un techo a la inflación: desde enero de 2020 a la fecha, el dólar “comercial” subió 60% en 30 meses contra 192% de la inflación sin tarifas (reguladas). Es difícil creer en este contexto que el tipo de cambio no vaya acumulando presiones, como cuando en octubre de 2020 llegó a cotizar a $190 el “libre”, unos $445 a los precios de fin de julio. En ese momento, la política monetaria se “endureció” para intentar contener el tsunami de emisión con el que el Gobierno había acudido como emergencia durante la paralización de la pandemia. Sin embargo, el segundo semestre del año pasado (electoral) flexibilizó la cuestión con el costo de inflación en términos de un nuevo escalón: de 2,5% a 3%, primero, y desde este verano, entre 4% y 5%. Ni siquiera la celebración del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional pudo contenerla. “El incumplimiento de lo pactado es irreversible porque el FMI puso las metas en pesos nominales y con la inflación que hubo ya se pasaron. La inflación seguirá siendo la válvula de escape para ir licuando algo de déficit fiscal, pero eso no vale para el FMI, que además va a tener que perdonar a través de un waiver”, explica.

Precios. Por su parte, María Castiglioni, socia del C&T Asesores Económicos también observa que el desajuste de precios relativos se fue agravando con la desigual trayectoria de las variables clave: el tipo de cambio, las tarifas de servicios públicos y el precio de los bienes “transables”, es decir, los vinculados con el comercio exterior. “Estamos en niveles de distorsión parecidos a los que había en 2015 y las cuentas no dan. Es una frazada corta que hace insuficiente cualquier decisión de política económica aislada”, analiza.

Lo que apunta es sintomático: cuando empezó la administración Macri, había una brecha (que no era más del 50%) y se apostó a que los precios ya habían descontado la devaluación posterior con la unificación cambiaria. La inflación pegó un salto en ese primer año, sumado a la actualización de las tarifas que también estaban retrasadas. Justamente ese es el temor del Gobierno: que una corrección cambiaria agregaría nafta al fuego. Las mediciones privadas del IPC ya estiman un alza de entre 6,5 y 7% para julio, pero con un arrastre considerable para agosto, mes en que se inicia el raid de alzas tarifarias. El boleto de colectivo subirá 40% y no es suficiente para mitigar meses de congelamiento y costos en ascenso. “Vemos que el Gobierno se resiste a realizar un sinceramiento y aún con las propuestas de segmentar tarifas para las personas de mayores ingresos, no alcanza y sigue en atraso relativo luego de tres años de retraso”, aclara.

A su juicio, una devaluación del tipo de cambio oficial tiene un efecto inflacionario inmediato sobre todo si no viene acompañado de un plan integral. En cambio, un desdoblamiento cambiario permitiría al Banco Central poder captar reservas que hoy pasan por el canal financiero y liberarlos al tipo de cambio que resultara (más elevado que el oficial, pero quizás más bajo que el financiero actual).

Con el desequilibrio fiscal persistente, la necesidad de financiación fue la que terminó por desnudar la desconfianza del “mercado” con respecto a la sostenibilidad de la deuda en pesos, con la que cada periódicamente el Tesoro o el Banco Central absorbían por una ventanilla lo que emitían por la otra. Reiteradamente el exministro Guzmán se refirió a que no era igual deben dólares que pesos. Quizás fue una cuestión de tiempo hasta que, en junio, también se agotara esa fuente de financiamiento. Eso precipitó su propia renuncia al quedarse sin otra de las herramientas con la que podía patear decisiones de fondo que no hubieran contado con aval político necesario.

En la última colocación de deuda, el Banco Central convalidó tasas del 70% anual, empardando en algo la inflación, con lo que parecería indicar el camino del endurecimiento monetario, consistente con las medidas de austeridad fiscal, todavía en revisión.

Cosecha futura. La otra parte de la ecuación es el superávit comercial, jaqueado durante el invierno por la importación de combustibles y gas para paliar el pico de consumo invernal. A nivel interno, el Gobierno sólo tiene dos herramientas: las retenciones y la devaluación. Pero en el mediano plazo, dependerá de la producción que se va decidiendo en las próximas semanas y el clima, claro.

Dante Romano, gerente de Análisis de Mercado y Consultoría de fyo, subraya que por ahora los insumos del agro se están comprando y liquidando a tipo de cambio oficial, que es el mismo al que se está vendiendo el grano. “Los insumos subieron muy fuerte (están bajando algo, pero siguen caros). Y no es porque se traslada el tipo de cambio paralelo al precio, sino la variación de los valores de importación de fertilizantes y agroquímicos”, agrega. Lo preocupante es que, de esta manera, los costos proyectados para la siembra de la campaña 22/23 frente al precio futuro de los granos actual, genera poca rentabilidad o directamente pérdidas.

A propósito, David Miazzo, economista Jefe de la Fundación FADA el área de trigo que ya se sembró, se estima terminará bajando en hasta un millón de toneladas proyectadas. En cuanto al maíz y soja para el verano, afirma que todavía no puede hacerse una estimación, pero nada hace pensar que bajaría. “Lo que sí estamos viendo es que ya se borró toda la mejora de precios que había generado la guerra de Rusia y Ucrania, ya volvimos a los niveles de comienzos de año y el dólar fuerte a nivel internacional hace pensar que incluso puede sufrir el precio de los granos”, concluye.

El concepto de “renta inesperada” parece haberse evaporado antes de la vigencia de cualquier impuesto que la captara eventualmente. Todo vuelve a lo básico: nada es mágico y la escasez funda todas las medidas de política económica. La única palanca para escapar de esta frazada corta es el efecto “confianza” basado en la credibilidad concreta: que el enorme agujero fiscal que acompaña la política argentina del último medio siglo al menos muestre señales palpables de atención en un plan sistemático. Y quedará para más adelante la discusión de cuánto pesa en las multicausalidad de la inflación.

 

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Tristán Rodríguez Loredo

Tristán Rodríguez Loredo

Editor de Economía.

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