Las encuestas muestran que el principal problema enunciado por los interrogados es la inflación, madre de todas las batallas económicas que vienen librando los gobiernos hace décadas en Argentina. Con poca fortuna, esta administración llegó a una salida que parecía difícil pero ahora se torna mas complicada, casi épica: actualizar el valor de las tarifas públicas, sometidas desde 2002 a los avatares políticos y elegidas desde 2019 como una de las anclas inflacionarias.
El espejo. Los subsidios a los servicios púbicos fueron creciendo de menos del 1% en 2005 hasta el pico del 2014 con 5,2% de los cuales, según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), 3,7% correspondían a los fondos para compensar la brecha entre los costos y el precio artificialmente bajo. El gobierno de Macri lo tomó como una bandera y logró que para 2019 estos se redujeron al 1,1% del PBI, frustrando la meta de eliminarlos. Para fin del año pasado y gracias al congelamiento mientras la inflación escalaba pisos (hoy del 70% anual), subió al 2,5% y se proyectaba un 4% para 2022 sólo en conceptos de subsidios a la energía. Todavía falta contabilizar otro tramo: el del transporte (público urbano y eventualmente de carga) que, en medio del shock petrolero lanzado en la pospandemia y agudizado en la guerra en Ucrania, lo haría estar entre 6% y 7% del PBI para fin de año, según estima Jorge Colina, economista de IDESA. A su juicio, la idea de descongelar las tarifas es una reacción tardía e inconducente sobre todo por la forma elegida para realizarlo. “No creo que sea aplicable porque la herramienta es inconsistente y luego hay que inscribirse en un registro. Pero si no se inscriben, ¿qué van a hacer: sacarán a todo el mundo el subsidio?
El método. Justamente lo que llama la atención es la singularidad del camino elegido finalmente para asignar los subsidios: al principio se iba a decidir a quién se le quitaba desde la administración nacional, pero luego se revirtió la carga de la prueba: todos son ricos hasta que se demuestre lo contrario. “En este caso, se trata de una discriminación de la gente con recursos e indicadores de exteriorización de capacidad de pago, algo que desconozco exista en el mundo”, destaca Santiago Urbiztondo, economista jefe de FIEL y especialista en la regulación de servicios públicos.
El único caso que sí puede considerarse un antecedente, según el economista, es el sistema utilizado hasta el presente en Colombia, con una segmentación económica de toda la población en cinco categorías, según indicadores patrimoniales, de ingreso y sociales: la más alta paga un 20% más que el costo, las dos siguientes no tienen beneficio alguno y las dos más bajas, un 20% de subsidio debajo de la tarifa técnica. Es decir, un quinto de la población subsidia al 40% más vulnerable. Pero en el caso argentino, las pautas establecidas que todavía están en elaboración, sería mucho más amplias (hasta 300% según algunos cálculos previos).
“La forma correcta de establecer una política de subsidios es, primero que los precios reflejen los costos. Y recién allí, el que no lo puede pagar, que sí sea pasible de transferencia en la cantidad de servicio que puede consumir más barato”, explica Urbiztondo. Claro, para poner en marcha este mecanismo, hace falta conocer un dato clave: cuál es la “tarifa técnica”, sobre la cual se hacen los cálculos. Algo muy difícil de realizar en un sistema plagado de controles, tipos de cambios múltiples, empresas estatales que desertan del mercado, cepos y cuotas de comercio exterior.
Reglas. En el gas, el gran salto en el precio del gas natural licuado y la participación de contratos con países proveedores (como Bolivia, en el caso de Argentina) hacen que el valor final tampoco sea fácil de establecer, pero estaría en uno intermedio entre el piso (el que se paga a los productores a boca de pozo) y el de los barcos gasificadores, que hoy son la estrella del mercado. Además, las centrales térmicas, al encarecerse el fluido, se abastecieron más de gasoil produciendo una saturación de la importación y la escasez que en este invierno existe para transportistas y el campo.
Por su parte, en el sector eléctrico, existe una descentralización a partir de un único proveedor mayorista, la Compañía Mayorista del Mercado Eléctrico SA (CAMMESA) que es la que abastece a las distribuidoras regionales. Pero también es el gran fuelle del mercado: a fin de año le debían $240.000 millones, fondos por los cuales las mismas compañías financiaban sus gastos corrientes crecientes o los subsidios ad hoc que otorgan a sus propios clientes. Es decir, un sistema paralelo de subsidios que alimenta la bola de nieve que, finalmente se traduce en un déficit fiscal que, a su vez genera la inflación que termina distorsionando los precios y todo el sistema tarifario.
La expectativa de la puesta en marcha del singular sistema de subsidios establecido pondrá a prueba, una vez más, la coordinación del aparato burocrático estatal.
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