Un profesional contratado para hacer un censo laboral en el Ministerio de Economía durante la segunda gestión de Domingo Cavallo, se dio cuenta que la única variable que mostraba la dotación real de empleados el café que se servía a diario. No servían ni los escritorios ni las pc de cada oficina para encontrar ese número clave que la auditoría necesitaba dimensiona, en el laberinto de contratados, empleados, monotributistas y tercerizados.
El fantasma de una población de ñoquis vuela sobre las discusiones acerca de cómo optimizar el gasto público. El método para eliminar el eterno déficit fiscal, al ritmo del “no hay plata” fue cerrar la canilla del gasto como fuera, para que luego del salto inicial de diciembre y las primeras semanas de enero, el alza de precios comience a desacelerarse. Pero, como le gustaba decir al exministro Martín Guzmán, el equilibrio deberá ser sostenible para que pueda influir en el comportamiento de los agentes económicos.
Datos. Ese es el corazón de muchas decisiones que, a los hachazos, se fueron tomando: la eliminación de los subsidios a los servicios públicos, el corte de las transferencias discrecionales a las provincias, la demora en la actualización de las jubilaciones y ahora, el recorte de puestos de trabajo en el Estado Nacional.
El desarreglo de las cuentas fiscales al que se llegó no es espontáneo ni fruto de una sola administración. Es un largo proceso iniciado en la expansión del gasto público, que pasó de los 24% del PBI en 2003 a casi 45% a finales de 2023 sin el correspondiente soporte de financiamiento. Esos más de 20 puntos forzaron a una suba de la presión impositiva general, más endeudamiento y, sobre todo, una emisión monetaria descontrolada.
Ese incremento en el gasto obedeció, casi en partes iguales, a las tres fuentes principales del rojo fiscal: las transferencias a las provincias, los subsidios a los servicios públicos y el déficit previsional.
Detrás de cada gasto, existen funciones y personas que las cumplen. Las cifras no parecen avalar que la expansión del plantel de empleados públicos nacionales haya sido el factor desencadenante de la explosión del gasto, o al menos con relación a las capacidades de financiamiento. Mirando en un lapso más prolongado, según el último informe disponible del IARAF (con datos de hace un año), la cantidad de empleados públicos en todos los niveles había crecido 26,5% entre 2013 y 2023, pasando de 2,7 millones a 3,4 millones para fin de 2022, mientras que en esa década el aumento poblacional fue de 9,1%, según el INDEC. Es decir, el empleo público aumentó 17,4% por sobre el de los habitantes: 471.000 trabajadores más que el crecimiento demográfico. Esa es una medida que suele tomarse, aunque hay poblaciones más envejecidas que requieren de más cuidados o menos personal educativo, por ejemplo, o al revés en el caso de las sociedades con población más joven. En el primer lustro de este período la nómina estatal creció a razón de 3,2% anual, mientras que en 2018-2022 fue de 1,4%, contra una tasa uniforme de aumento poblacional del 0,9% anual.
Sin embargo, a pesar de este sobredimensionamiento, el monto total destinado al pago de salarios en términos reales cayó 11,1%: más por menos. La caída para cada empleado público, en promedio, fue de 20% en ese tiempo. Pero a todas estas cifras habría que agregar la gran erosión que la inflación del 211% ocasionaron al salario estatal, entre otros que no le pudo seguir pisada a la aceleración de precios. Como muestra, el período clave fue el de 2017-2020 cuando el salario público cayó 20% en términos reales por atrasos en la recomposición en un contexto de inflación creciente. Para el presidente del IARAF, el economista Nadin Argañaraz, esa tendencia se acentuó durante todo 2023 y especialmente cuando los precios se dispararon en el último verano.
Composición. Referirse al gasto salarial del sector público en una misma bolsa no obedece a un mismo patrón. Mientras el empleo nacional fue el que menos creció (pero siempre más que el privado formal), el municipal y, sobre todo, el provincial pasó dicha marca. Pero incluso aquí hay muchas diferencias entre las diferentes jurisdicciones. El promedio general da un 69% de aumento para 2002-2022, pero durante esas dos décadas (un período suficientemente extenso como para observar una tendencia), hay casos de aumento módico (Formosa -20%-, Santa Fe -36%-, Córdoba -48% y Mendoza, La Pampa, Buenos Aires, Entre Ríos y San Juan -entre 50% y 69%). El resto (entre el +73% de Santiago del Estero y +197% de Tierra del Fuego) superaron el promedio. Este último caso es llamativo: si bien es la provincia que tiene mayor crecimiento (+85% entre los censos 2001 y 2022) su plantilla creció 112% más.
Estas cifras también tienen su explicación porque el grueso del plantel estatal provincial realiza tareas “mano de obra intensiva”: educación primaria, secundaria y terciaria (profesorados), salud, seguridad (policías), justicia y organismos de atención social. De todos modos, fue una práctica de los gobiernos locales la de utilizar el empleo público como herramienta para paliar el desempleo crónico de esas zonas, una suerte de plan social incluso antes de que se generalizaran.
En cambio, la plantilla estatal nacional, esta más diseminada en diferentes funciones. A febrero pasado, según el conteo que lleva el INDEC, el total arrojaba 332.290 empleados, de los cuales 223.449 se correspondían a la Administración Pública Nacional (61%), de las cuales 134.000 a la descentralizada (40%), que a su vez se distribuye en varias dependencias. El CONICET, por ejemplo, es la más numerosa (27.480), seguido por la AFIP (21.900) y el ANSES (13.400). Por otra parte, las empresas y sociedades del Estado suman 109.240 empleados (32,9%).
Desde julio de 2022 hasta febrero de este año la dotación total tuvo una caída de 2,3%, sobre todo por la no renovación de algunos contratos, jubilaciones y no renovación de la plantilla.
Las dos siguientes fases de recortes están en las empresas (planes de retiros voluntarios con suerte dispar), cierre de dependencias o subsidiarias de algunas de las empresas que no son centrales a su propósito y en la administración central por la no renovación de contratos que camuflan una relación de dependencia encubierta. Pero todo indica que más que un ahorro verdadero, hay un efecto demostración frente a los que, a juicio del Gobierno nacional, no hacen el esfuerzo necesario para poner sus cuentas en orden.
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