Si existe un consenso entre los economistas en todo el mundo es que, de todos los impuestos posibles, el que grava los ingresos de las personas físicas y las ganancias de las empresas es el menos distorsivo y más equitativo. Quizás el ideal sería una economía sin impuestos, pero el otro lado de esta ilusión es un gasto público testimonial.
El origen. En realidad, no debería llamar la atención, a pesar de que el anuncio hecho por el ministro-candidato Sergio Massa peque de oportunista, realizado para impactar en el último trimestre de la gestión gubernamental de Alberto Fernández, que pareció acompañar la decisión del delfín oficialista. Ya en la discusión por la anteúltima reforma tributaria de 2017, el entonces vocero económico del Frente Renovador, Marco Lavagna luchó para eliminar Ganancias siguiendo la consigna elaborada por la usina de ideas de los gremios más poderosos de la CGT: “el salario no es ganancia”. Una curiosa interpretación semántica de un impuesto que, mientras los países con mayor desarrollo económico y social intentan generalizarlo para eliminar otros distorsivos, aquí se opta por el abolicionismo fiscal. Sobre todo, porque la denominación de “Ganancias” proviene de una de las tantas reformas tributarias promulgada en 1974, durante la tercera presidencia de Juan D. Perón. La ley N° 20.628 cambiaba también la denominación de “a los réditos” (vigente desde su creación como “emergencia temporal” en 1932) por “ganancias” e incluía a los trabajadores en relación de dependencia con un mínimo no imponible al que se agregaban deducciones familiares. Pero entre otras cosas la inflación metió la cola y fue distorsionando parámetros y valores, sobre todo cuando siguió vigente la reforma de la “tablita” del entonces ministro José Luis Machinea (1999) que volcó la idea de más progresividad al impuesto con una escala de alícuotas ascendentes, también desvirtuada a partir de la reaparición de la fuerte inflación. La reforma de este gobierno fue la de ir colocando pisos sin actualizar el mínimo no imponible ni las escalas, por lo que era común directamente ingresar a tributar la tasa máxima del 35% o que un aumento salarial hiciera que dos empleados separados por una pequeña brecha en su sueldo bruto terminaran tributando en una proporción 10 a 1.
Las cifras. Hay datos irrefutables al respecto: mientras en Argentina, el impuesto a las Ganancias de las personas físicas recauda 2,5% del PBI cada año, un valor sensiblemente menor que en las vecinas Uruguay (3,8%) y Brasil (3%) y mucho más bajo que lo que tienen, en promedio, los países de la OCDE (8,3%). “Las diferencias son notables con los países más desarrollados porque allí la informalidad es menor, las alícuotas son más altas e incluso el piso a partir del cual se paga el impuesto sobre la renta personal es mucho más bajo”, explica Julián Folgar, economistas del Banco Mundial y profesor de Finanzas Públicas en la UBA. La estructura de un impuesto como este tiene tres componentes: las alícuotas (a veces son crecientes para darle un acento de progresividad), el mínimo a partir del cual se aplica y las escalas consideradas. Por ejemplo, Folgar señala que en nuestro país en 2021 el mínimo era el equivalente a ingreso de 1 PBI por habitante, una cifra similar al resto de la región. Pero para este año ese piso ya era de 2,5 veces el ingreso promedio y con la reforma anunciada para 2024 sería más de 3 veces. O sea, se pierde una de las razones por las cuales el impuesto a la renta personal siempre se intentó su universalización.
Como ocurre con otros aspectos de la economía, la informalidad generalizada (se calcula que entre un tercio y un 40% de la actividad económica se realiza bajo esta modalidad) la distorsión inflacionaria de las escalas hacía pagar cada vez a más contribuyentes una porción mayor de su salario, pero además ponía en desventaja frente a otros trabajadores que evadían el impuesto por estar en una actividad completa en negro.
¡No va más! Hay consenso que el actual esquema ya está agotado, probablemente porque fue diseñado en un origen para una economía estable y la inflación se apoderó de la normalidad desde hace 15 años. La última medición dada a conocer por el INDEC (12,4% para el mes de agosto) ya lleva a 124% el alza de los precios interanual, pero a más de 140% anual si para el último cuatrimestre del año se ratificaran las cifras de los dos primeros (un promedio de 7,6% mensual). Los analistas privados sostienen que septiembre ya trae un arrastre de al menos 5 puntos, difícilmente este mes llegue a ser de un dígito y así la inflación de todo el año tampoco estaría bajando de 150% anual. Este vértigo pulveriza la progresividad del impuesto y lo desnaturaliza.
No en vano, luego de procesos de inestabilidad en el resto de la región se procedió a replantear la estructura de este tributo. Por si acaso, Sergio Massa anunció que enviará un proyecto para derogar Ganancias y reemplazarlo por un impuesto a los directivos y empresarios. Pero podría constituir un impuesto simbólico si no cumple con uno de los requisitos esenciales: el recaudatorio. A medida que la base imponible se achica, el ingreso al fisco, también.
Para el tributarista César Litvin, este nuevo impuesto a los mayores ingresos no va a compensar la pérdida de recaudación que es enorme por lo que agrandaría el desequilibrio fiscal. Además, sostiene que no queda claro qué pasará con los autónomos y hace más regresivo el sistema porque enfoca la recaudación en la gente más necesitada por la incidencia que tiene el IVA. “Hubiese sido mucho más conveniente, pero no se puede juntar votos con esto, disminuir un par de puntos la incidencia del IVA o de Ingresos Brutos”, concluye.
El economista Salvador Vitelli, jefe de Research de Romano Group, señala que, aun sacando la presión impositiva sobre el salario, todavía queda una serie de items que reportan 3,2% del PBI (promedio), recaudando de manera indirecta utilizando al empleador como agente de recaudación. “Como si fuera poco, la maquinaria está armada para que quien pone el dinero (el empleado) difícilmente pueda enterarse de esto”, argumenta. En un trabajo realizado por Federico Sturzenegger hace unos años, estableció la incidencia impositiva de cada tributo en función del sector de la población ordenado por sus ingresos. Mientras que, en los más bajos, al cuco es el impuesto inflacionario, sólo en el 25% de más altos ingresos impacta Ganancias, mientras que los aportes previsionales afectan a todos por igual y el IVA lo hace a los dos extremos de la escala: unos porque consumen más en proporción y otros porque consumen más caro y formalmente.
Déficit no positivo. Con la amenaza latente de un salto hiperinflacionario, las cuentas fiscales agudizaron su rojo en un año que ya tuvo como detonante la sequía. Hasta agosto había 2,6% de déficit primario y luego con la devaluación se agregó el “impuesto PAIS” sobre las importaciones (0,5% del PBI) pero se sumaron las medidas de alivio que restaron ese mismo monto. Como el compromiso con el Fondo es de llegar a fin de año con un desequilibrio de 1,9% lo que hay que cubrir de alguna manera para llegar es otro 0,7% del PBI. Pero esta quita impositiva resta recursos.
Y finalmente está el juego silencioso de los gobernadores, receptores del 60% de los impuestos coparticipables. Con el grueso de servicios a su cargo, la rigidez en el gasto en un año electoral potencia el conflicto con el Gobierno nacional que se intensificará con las medidas de alivio con devolución del IVA. Un plan platita “AMBA céntrico” que dobla la apuesta y pone a quién asuma el 10 de diciembre en la difícil situación de tener que explicar que el costo de un estado tímidamente presente precisa de alguna obligación fiscal. No hay magia.
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