Bisturí en acción: el dilema del gasto público

Durante mucho tiempo fue el signo elocuente del “Estado presente” y hoy parece estar sentado en el banquillo de los acusados. El gasto público es señalado como el responsable de la inestabilidad crónica de la economía argentina: el atajo de financiar los desequilibrios cada vez más frecuentes con emisión monetaria, especialmente, terminó asociando a cada peso gastado en el gran culpable del descontrol en los precios antes que en los beneficios otorgados.

Números finitos. Sin embargo, la ecuación no es tan simple como parece en épocas de motosierras para amputar gastos y reestablecer los equilibrios perdidos. El economista Nadin Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) señala que es un error sólo hablar del gasto público como un porcentaje del PBI porque en épocas en que este cae (por ejemplo, este año con la sequía) dicha variable crece autónomamente. “Es mejor observar la evolución del gasto público por habitante o en términos reales que la relación directa con el producto porque de esta manera muy atada a los vaivenes de la economía, tan típico en el caso argentino y deja de ser una medición útil para tomar decisiones de política económica”, explica. El IARAF está analizando estos datos en tres eslabones diferentes: el gasto, la recaudación tributaria y una posterior de los caminos posibles para cerrar de una buena vez la brecha fiscal.

Argañaraz apunta que el ajuste ya se hizo, pero de la peor manera: sin un replanteo integral ni una visión sistémica, con una caída del gasto público primario nacional 19%, sobre todo desde 2017 para acá con una variable de ajuste muy sensible: el gasto previsional. No fue el único ya que sólo tres rubros crecieron en este lapso en términos reales: programas sociales (casi se triplicó), subsidios energéticos (para evitar subas en las tarifas de servicios públicos) y obra pública nacional. Por eso, considera que la caída el gasto per cápita es tan visible como insostenible, al menos para recuperar el nivel del comienzo de este tobogán descendente, en 2017. A su juicio, dada la caída en los ingresos y el estancamiento de la actividad económica, la única alternativa para compensar es una combinación de más recaudación y recorte específico de gastos para alcanzar un equilibrio fiscal sin esperar que un salto en el ingreso lo nivele por sí mismo. Apunta, por ejemplo, en atacar el “gasto tributario” (exenciones impositivas a empresas e individuos, regímenes especiales como el fueguino, alícuotas específicas, etc. que llegan a sumar hasta el 4% del PBI en su conjunto. Pero aclara que la discusión de cómo recaudar más merece un debate que se va postergando porque afectaría directamente el equilibrio general y los intereses de la población.

La bola de nieve. Por su parte, Jorge Colina, economista de IDESA, advierte sobre el recurso de financiar con deuda de corto plazo los desequilibrios fiscales. Los intereses que pagan las Leliqs, lógicamente, suben más que el IPC, por lo que se va produciendo una transferencia de ingresos. “En 2017 con una inflación anual de 25%, el gasto previsional era de 9,6% del PBI. En el 2022 la inflación subió a 95% y el gasto previsional bajó a 7,6% del PBI. Es decir que, con la aceleración inflacionaria, se produjo un ajuste en las jubilaciones del orden del 2% del PBI”, marca. La razón es que las jubilaciones ajustan según los índices elaborados tomando en cuenta la dinámica pasada, por lo que, en una eventual estabilización, la inercia elevaría el gasto previsional por encima de la inflación. Dejaría de ser la variable de ajuste principal y debería buscarse cómo recortar el resto del gasto sólo para atender esta consecuencia esperada. A su juicio, la lección de estos años es que no es una buena práctica seguir haciendo “caja” retrasando las jubilaciones porque en algún momento la situación se da vuelta. Y también muestra que un verdadero plan antinflacionario implica una verdadera reforma jubilatoria, a futuro. “El tema previsional es como mover un transatlántico, los impactos vienen dentro de 10 años, por la afectación de derechos adquiridos e incluso, a veces rigen desde el ingreso al mercado laboral de los nuevos trabajadores, con lo que el efecto real está mucho más lejos”. Cita como ejemplo el caso de Uruguay, donde la derogación de los regímenes especiales sólo rige para el futuro.

Lupa local. Mucho de la intención del recorte del gasto se identifica con empleados públicos en plantas sobredimensionadas, con sueldos más altos que los de mercado y con funciones no siempre muy precisas. Lo cierto es que el grueso del empleo público está en los gobiernos locales y especialmente en las provincias, que deben ofrecer educación (docentes), salud (profesionales médicos), seguridad (policías) y justicias (tribunales). Aun cuando puedan existir casos de relajamiento y privilegios en las condiciones de trabajo, son funciones de las que no pueden prescindir. Sólo el 40% del total de funcionarios son nacionales (entre los que se incluyen universidades y empresas estatales). “Todo esto es un desafío para el gobierno que viene porque la gestión de los recursos humanos requiere profesionalidad y establecer prioridades”, concluye Colina.

Otros flancos. Las empresas públicas también implican un drenaje continuo de fondos. Según datos del Ministerio de Economía que se plasmaron en el último informe del FMI, hasta mayo pasado, el conjunto de compañías estatales precisó una asistencia de US$5.378 millones, casi 130% más que hace dos años, lo que refleja el crecimiento de los gastos y la caída de sus ingresos en tiempos de fuertes cambios de precios relativos. Por citar un ejemplo, en las propuestas de gobierno de Patricia Bullrich, promete que Aerolíneas Argentinas (que junto con Trenes Argentinos son los principales demandantes de fondos) dejará de ser subsidiada por el Estado. Otras propuestas menos efectistas apuntan a una reorganización de estas empresas en una especie de holding, para racionalizar posiciones y gastos y producir un lento destete del Tesoro.

Pero también asoma en esta cifra una pata política: el 50% del déficit se lo llevó ENARSA, que es la que amortiguó el impacto de la suba de los precios internacionales de la energía y las facturas de los servicios para empresas y particulares. El camino al sinceramiento tarifario (achicando la brecha entre el costo del servicio y la cobertura por la tarifa que la consultora Ecolatina calcula en 2% del PBI) al tiempo que disminuirá este rojo, encarecerá las boletas de luz y gas de los hogares y presionará en los costos de producción con una inflación que aún con una estabilización exitosa, no podrá bajar de los dos dígitos anuales para el año próximo.

Por último, en una economía con una nominalidad que no puede bajar del 130% anual, surgen otros vectores que engrosan la necesidad de financiamiento y la emisión monetaria consecuente, como la recompra de bonos del Tesoro en el mercado secundario de enero a agosto implicó una emisión neta del orden de 1,2 % del PIB entre enero y agosto. IERAL estima que todos estos vectores destinados a cubrir la necesidad de financiamiento del Tesoro generaron una expansión monetaria que asciende a 4,3% del PBI. Un mar de números que puede confundir a la hora de dónde aplicar el bisturí. Siempre y cuando la convicción política haya arribado a la conclusión que el equilibrio en las cuentas públicas ahora es deseable.